Paralizar las actividades de un Parlamento sin causa justificada compromete de forma radical el funcionamiento de la democracia. Suspender sus sesiones dos días fue la decisión que adoptó la presidenta de la cámara catalana, Laura Borràs, mientras el independentismo examinaba su respuesta a la resolución de la Junta Electoral Central que obligaba a retirar el escaño al diputado Pau Juvillà (CUP). Miembro también de la Mesa, fue condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al haberse resistido hasta en cuatro ocasiones a retirar los lazos amarillos de las ventanas de su despacho del Ayuntamiento de Lleida, donde era concejal, durante la campaña de las elecciones generales de 2019.
No son pocas las dudas legítimas que cabe plantear sobre la idoneidad democrática de un efecto tan drástico y definitivo como la retirada de un escaño por un delito de esta naturaleza. Otros diputados catalanes se encuentran en situaciones parecidas con riesgo de inhabilitación, incluida Laura Borràs (en un caso de presunta corrupción), y la misma circunstancia se reprodujo en el Congreso de los diputados cuando la presidenta Batet se vio obligada a retirar el escaño a Alberto Rodríguez tras otra decisión judicial.
Borràs ha sido más intrépida y embarcó a toda la cámara en un callejón sin salida. Lo hizo sabiendo que no tenía alternativa a la retirada del escaño a Juvillà y con la intención de usar su cargo para exhibirse ante los independentistas como adalid de pega de la desobediencia. En la práctica, estaba haciendo todo lo contrario. La dirigente de Junts ha chocado con la misma pared que su predecesor, el republicano Roger Torrent, al que tanto criticó por la retirada del escaño al expresident Quim Torra en cumplimiento de otra sentencia por la misma causa. Durante varios días ha promovido la desobediencia al elevado coste de paralizar el trabajo parlamentario por motivos partidistas descarnados (y esa suspensión impidió, entre otras cosas, aprobar el dictamen de la ley catalana antidesahucios ).
Fueron los funcionarios del Parlament quienes tuvieron que dejar claro que no pensaban dejarse arrastrar hacia la ilegalidad con actuaciones como impedir que Juvillà pudiera delegar su voto o participar en el pleno. La presidenta de la cámara no ha incurrido al fin en desacato pero su actuación, una vez más, ha quedado más cerca del activismo que de las funciones que le competen: representar a la totalidad de la cámara y dirigir con exquisita imparcialidad sus debates. De la desobediencia a esos principios no hay duda en el independentismo que encarna Borràs, empeñado en patrimonializar las instituciones e involucrarlas en disputas endogámicas y ajenas al interés público de la mayoría. Por fortuna, Borràs eludió el desacato pero su actuación ha comprometido irremediablemente el prestigio del Parlament y el suyo propio como presidenta.
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