Prohibir la compra de servicios públicos por los fondos buitre, proteger y desarrollar la España vacía o ampliar el espacio confederal de Unidas Podemos (UP). El documento que recoge las conclusiones del foro de reflexión del partido, celebrado la semana pasada en Rivas-Vaciamadrid, plasma los objetivos de la formación izquierdista de aquí a 2030 y otorga a la militancia un “papel central” ante el próximo ciclo electoral, además de pedirle que “no pierda el tiempo” en “absurdos” conflictos internos.
El texto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, expone en 34 folios un “horizonte de país” para esta década, eso sí, siempre y cuando Podemos se convierta en la fuerza mayoritaria del Gobierno. Una meta que resucita la idea del adelantamiento al PSOE explotada en 2016, pero que, a tenor de las encuestas (11,8% de intención de voto, según el CIS) y a falta de confirmar si la vicepresidenta Yolanda Díaz será cabeza de lista de UP, se antoja poco probable. El manifiesto, titulado Brújula para ganar esta década, se refiere a España como “país de países” y desgrana algunas de las propuestas esbozadas en la Universidad de Otoño del partido.
El documento se refiere a la consolidación de unos servicios públicos “universales y de calidad”. Podemos propone que “se deberá prohibir cualquier venta” de servicios públicos o aumento de participación en ellos a fondos buitre extranjeros, empresas controladas por estos y grandes multinacionales hasta alcanzar, al final de la década, la “participación cero”. En línea con lo expresado el pasado domingo por la secretaria general, Ione Belarra, el manifiesto apuesta por contar con empresas públicas en los principales sectores estratégicos: energético, bancario, farmacéutico y de las telecomunicaciones, con una penetración de mercado de “al menos el 15%”.
En un momento en el que arrecia el debate, agitado por el PSOE, sobre la descentralización de las instituciones, el manifiesto incorpora guiños a la España vacía y alude a la “justicia territorial” para poner en el centro del modelo económico y productivo la “protección, recuperación y desarrollo” de las zonas más despobladas. La referencia no es baladí. Las asociaciones que representan a la llamada España Vacía anunciaron en septiembre que pondrían en marcha una “herramienta política” con la que presentarse a las próximas elecciones. Su irrupción puede alterar de forma significativa el tablero político en Castilla y León, Extremadura o Aragón, donde la plataforma Teruel Existe obtuvo ya un diputado en 2019. Podemos cree “fundamental” garantizar la cobertura de servicios públicos o fomentar la actividad privada mediante ayudas e incentivos a empresas que se quieran instalar en esas zonas.
“Blindar una nueva generación de derechos feministas”, como el de decidir sobre el propio cuerpo —en un momento en el que la derecha ha reavivado el debate sobre el aborto y el Ministerio de Igualdad prepara una reforma de la ley—, así como conseguir que “no sea un problema” señalar en el DNI un “tercer género” son otras de las metas planteadas en el documento.
En materia de fiscalidad, Podemos busca aumentar los ingresos públicos subiendo los impuestos a grandes rentas, fortunas y grandes corporaciones, intensificando la lucha contra el fraude fiscal y dotando de mayores efectivos a la Agencia Tributaria. El partido propone establecer, entre otros, un “impuesto a la riqueza” que no pueda ser eliminado por determinadas comunidades autónomas en clave de “paraíso fiscal interior”, una alusión a Madrid, donde el impuesto sobre el patrimonio tiene una bonificación del 100%. También defiende un impuesto a la banca para “recuperar antes de 2030 la totalidad del rescate” y otro a la renta que incluya tipos más altos para los salarios más elevados.
Votar a los 16 años
En su manifiesto, Podemos considera que esta ha de ser la década de los jóvenes. El documento subraya la propuesta para “reducir” la edad mínima requerida en el derecho al sufragio a los 16 años. “Nuestro espacio político considera a los jóvenes sujetos de derechos y actores decisorios de su propio devenir social y vital”, justifica una formación que en las generales de 2019 se situaba como el partido favorito de los jóvenes y que ya incluyó esta medida en su programa electoral.
La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, aprobada por el Partido Popular, o la de extranjería, con el fin de que sea sustituida por una norma “respetuosa con los derechos humanos y sin trazas de racismo institucional”, así como la actual ley de secretos oficiales, son otras de las cuestiones esbozadas en el documento. La reforma de la primera para eliminar alguno de los puntos más controvertidos, como la devolución en caliente de personas migrantes o las sanciones por la celebración de manifestaciones espontáneas y pacíficas, lleva meses empantanada en el Congreso, con posturas que difieren, en el caso específico de los retornos, entre los dos socios de Gobierno.
Podemos se declara “consciente” de ser parte de un bloque “de dirección de Estado” “progresista y plurinacional” en el que están las fuerzas políticas “catalanas y vascas”, así como el PSOE, que menciona en segundo lugar. El “cuidado de esas alianzas”, considera el partido, es “una tarea política central” para acumular los avances democráticos y que “no aparezcan en el camino peligrosas involuciones reaccionarias en la forma de un Gobierno de ultraderecha PP-Vox”, señala el texto. En sintonía con el “proyecto de país” esbozado por Yolanda Díaz de cara a las próximas generales, la formación reconoce que debe trabajar “para ampliar” su propio espacio político a “nuevos sectores sociales, referentes de la sociedad civil y otras fuerzas”.
Una única mención a Pablo Iglesias
El manifiesto solo menciona una vez al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, y lo hace únicamente por su nombre de pila. La referencia se incluye en el párrafo que otorga un “papel central” a las “tareas militantes” en el fortalecimiento territorial de la organización, pidiendo evitar riñas internas. “Una militancia de base que huya de lo burocrático y lo procedimental, que no pierda el tiempo con absurdos conflictos internos, que ponga en el centro los cuidados, que sepa dejar paso generosamente a otras compañeras cuando llegue el momento, como hizo Pablo, y que esté mucho más basada en hacer que en decir”, reza el texto.
Podemos cree que a lo largo de la década España se irá acercando a una “irrenunciable e irremediable república solidaria y plurinacional” que llegará mediante una “nueva Constitución del siglo XXI”. El documento también se muestra crítico con la situación actual de la Corona. “Porque la corrupción de la monarquía es una gangrena que ningún sistema democrático puede soportar, como no se puede admitir en pleno siglo XXI que el jefe del Estado no se elija por sufragio sino por fecundación, porque el centralismo monárquico es uno de los principales focos de los conflictos territoriales y una república solidaria y plurinacional su solución”, enuncia. Fuentes de Unidas Podemos reiteraban esta semana que solo concebían que el rey emérito volviese a España para “ser juzgado y rendir cuentas” en una Comisión de Investigación del Congreso. “Todo lo que no sea eso haría un daño irreparable a la democracia”, afirmaban.
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