Alejandro Encinas camina por los paseos de Chapingo evocando sombras pasadas. “Aquí era todo una bóveda vegetal”, recuerda, “los árboles eran más frondosos que ahora y venían unos pájaros… Perros de agua se llamaban, ¿no? ¿Aún vienen?”, pregunta. Un trabajador de la universidad contesta que ya casi no, que casi no quedan. Encinas asiente y sigue caminando. Medio distraído, menciona un tren que pasa frente a la puerta del centro, que ya entonces, cuando daba clases aquí hace tantos años, lo hacía. Se le ve contento.
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación mexicana, Encinas (Ciudad de México, 1954) apenas goza de momentos así. Paseos, charla distendida, intrascendente. De visita en la vieja escuela de Chapingo, feudo estudiantil de la izquierda en los confines del área metropolitana de la capital, abre un hueco en su saturada agenda y recibe a EL PAÍS para hacer balance de su primer año en el cargo.
Encinas reconoce que el Gobierno no ha obtenido los resultados esperados en materia de seguridad, pero no por nada. “Heredamos una crisis humanitaria que llegó a cifras alarmantes, como todo el tema vinculado a la desaparición y no identificación de personas. La cifra original de 40.000, ahora que estamos actualizando los datos, va a tener un incremento importante, como del 30%. Durante mucho tiempo se trató de ocultar el problema”, dice.
México registra cada año 25 millones de víctimas de delitos, una cifra difícil de entender, de hacer inteligible. Presa de una ola interminable de violencia homicida, el país acaba el año con una tasa récord de asesinatos y una sensación entremezclada de frustración y hartazgo. El hombre que escucha a las víctimas lo sabe. “Estamos en una de esas situaciones en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, murmura Encinas.
Pregunta. ¿Por qué no se ha logrado revertir esta dinámica? El presidente habló de que en seis meses se verían resultados, luego se amplió ese plazo. Es verdad que parece que la tasa de violencia homicida ha dejado de crecer, pero…
Respuesta. Primero, sí ha habido cambios importantes. Uno de los más evidentes es el combate a la corrupción. No se ha valorado en su justa dimensión lo que ha significado erradicar la corrupción en las esferas superiores del Gobierno Federal.
P. ¿Qué es lo que no se ha valorado concretamente?
R. Lo que ha significado este cambio, no solo en las actitudes, sino en las dinámicas en que se ejerce el poder público. Ha habido avances en materia de seguridad, no hemos logrado disminuir los índices de violencia, que se expresan en los altos índices de homicidios, pero hay delitos con bajas, como el robo de hidrocarburos, que está en niveles muy bajos.
El México de los últimos años es un relato de confusión y violencia. Las decenas de miles de asesinatos registrados en el país en la últimos años son un compendio de impunidad. De media, nueve de cada diez delitos no se resuelven; de media, nueve de cada diez historias quedan en el limbo de las respuestas incompletas. Una de esas historias es la del activista Samir Flores, que durante años se opuso a la construcción de una termoeléctrica en su estado, Morelos. Flores fue asesinado en febrero.
P. Flores se oponía a la instalación de la termoeléctrica y fue asesinado apenas días antes de la consulta popular que el Gobierno había organizado sobre la continuación de las obras. López Obrador decidió seguir adelante con la consulta, ¿usted estuvo de acuerdo?
R. Yo como senador estuve en contra de la termoeléctrica y sigo pensando que la construcción de la termoeléctrica nunca debió de concretarse. Quizá posponer unos días la consulta hubiera sido importante en los temas de percepción, pero de todos modos se iba a llevar adelante.
P. Este caso ilustra los problemas que usted mencionaba antes, impunidad, corrupción. Han pasado ochos meses y no hay detenidos. ¿Cómo lee usted esa situación?
R. Como una ineficacia de las instituciones públicas para enfrentar la impunidad. Lo cierto es que todavía hay una enorme presencia del viejo régimen, particularmente en las instituciones encargadas de la impartición de justicia.
P. Flores no ha sido el único activista por el medio ambiente asesinado. Este año han sido al menos cuatro. Durante mucho tiempo se ha privilegiado una narrativa que priorizaba el relato del crimen organizado ligado al narcotráfico como explicación, como causa, ¿cómo lo ve usted?
R. Tenemos que asumir la responsabilidad del Estado, primero para prevenir. Asumo que prevalece un clima de intolerancia contra los defensores de derechos humanos y periodistas en muchas regiones. Asumo que mucha de esta violencia proviene de autoridades, agentes del Estado, muchos coludidos con grupos delictivos. Eso nosotros lo tenemos que acabar. Sin simulación. No podemos seguir tolerando estas fallas del sistema judicial. ¿Usted ha visto mi posición frente a los juicios que han emitido fallos que han permitido la liberación de acusados del caso Ayotzinapa?
P. Sí, claro
R. Y no solo en ese caso. Todos los días una de mis tareas es confrontar resoluciones de jueces o ministerios públicos. En algunos casos hay resoluciones fundadas, pero que te suelten al jefe de la plaza, reconocido, que operó toda la desaparición forzada de los 43, ¡pues es una vergüenza! Te lo pongo así: estoy convencido de que nuestro principal obstáculo está en el poder judicial.
P. ¿Más que en las fiscalías?
R. Son las dos. Pero bueno, creo que los cambios se están dando en la corte, en el Consejo de la Judicatura Federal van a ayudar mucho a mejorar la fiscalización. Y estos hechos recientes, como la detención de García Luna, van a abrir un frente que la fiscalía tiene que atacar de manera muy firme para atajar estos problemas de complicidades e impunidad.
Caso paradigmático del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Guerrero, en 2014, se ha convertido en la piedra de toque de la nueva administración. Politizado hasta el máximo, la resolución del caso Ayotzinapa daría prestigio al Ejecutivo de López Obrador. Sobre todo a Alejandro Encinas, presidente de la comisión que creó el presidente para esclarecer el caso.
La administración pasada concluyó que los asesinos, un contubernio de policías y criminales, quemaron a los estudiantes en un basurero. Eso pese a las críticas a las investigaciones y a las contradicciones que señaló la investigación independiente, auspiciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
P. Ha pasado un año desde la creación de la comisión de Ayotzinapa. Se han hecho muchas actuaciones, pero no se ha generado una narrativa que tumbe o contradiga la que se generó durante el gobierno anterior.
R. Por supuesto que hay una narrativa distinta.
P. ¿Cuál es?
R. Nosotros partimos del precepto de que la verdad histórica no existe.Y todos los elementos que nosotros hemos ido acopiando desmontan la mal llamada verdad histórica.
P. ¿Cuales son esos elementos?
R. Bueno, muchos no los hemos hecho públicos porque son parte de la investigación, pero te pongo un ejemplo. Hemos hecho el análisis de 80 millones de llamadas telefónicas, que se hicieron entre el día anterior a los hechos y los dos años siguientes. Hemos procesado para reducir a 160.000 llamadas, discriminando líneas clave y la forma en que se operaron. Eso nos ha permitido identificar dónde, cómo, cuándo y quiénes operaron en la desaparición esa noche. Y tenemos conclusiones claras: una, nunca estuvieron juntos los 43 estudiantes esa noche para que pudieran llevárselos a un solo lugar. Dos, los grupos que operaron en la desaparición no operaron juntos, fueron células que operaron en cuatro regiones distintas en un perímetro delimitado en Iguala y alrededores. Nunca hubo comunicación con los muchachos con ninguno de los grupos de sicarios. Y el peso de la operación en Cocula —donde está el basurero— fue marginal. Eso desmonta la verdad histórica. Llevamos 14 operativos de búsqueda, con información directa. No se han obtenido todos los resultados que queríamos, pero se van a obtener.
El muro del sur
La facilidad con que el Gobierno asume sus dificultades en materia de seguridad equivale a su incomodidad frente al desafío migratorio. López Obrador llegó al poder defendiendo el libre tránsito de los migrantes, criticando su persecución y su maltrato. Meses más tarde, amenazas mediante del presidente de Estados Unidos, la situación ha cambiado mucho.
P. ¿No hay una desconexión entre la actitud que mantuvo el Gobierno hacia los migrantes durante los primeros meses y lo que pasó más tarde, sobre todo después de las amenazas de Trump?
R. Sí, lamentablemente el asunto migratorio se convirtió en un problema de crisis en la relación bilateral con EE UU. Y eso ha llevado a que se adopten políticas de contención en nuestro país que ha frenado en gran medida la política que nosotros iniciamos en materia de garantizar el derecho a la movilidad humana.
P. ¿La frontera sur se ha convertido en el muro de Trump?
R. No, yo creo que no. Nosotros tenemos 250.000 personas en proceso de integración en nuestro país. Las solicitudes de refugio se han incrementado muchísimo, hoy tenemos más que en los seis años anteriores. Son 66.915 peticiones de refugio.
P. Bueno, pero, ¿cómo conecta la pregunta que le hice —si la frontera sur es el muro de Trump— con la cantidad de solicitudes de asilo o refugio?
R. El número de personas que ingresan en el país y que se quedan, que es uno de los números más altos que hemos tenido en la historia, más de 250.000. Entonces eso de que contenemos para expulsar… Hay un número importante de retornos, pero es mayor el número de personas que se están quedando en el país.
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