Una comisión intersecretarial de alto nivel evaluará y sancionará el incumplimiento de las condiciones laborales en el país; sectores agropecuarios y manufactureros estarán en la mira.
El T-MEC comenzará con alta intensidad antes de su arranque oficial el 1 de julio. Se prevé que el presidente Donald Trump, quien reiniciará mañana viernes sus mítines de campaña en busca de su reelección, utilice el sábado el foro de la campaña para anunciar medidas, que en su caso suelen ser amenazas, con el fin de repatriar manufacturas a Estados Unidos.
Especialmente, podría referirse a manufacturas relacionadas con fabricantes de equipo eléctrico y médico, bajo dos argumentos poderosos para los estadounidenses en este momento, que son la recuperación económica de Estados Unidos y la seguridad nacional.
Su finalidad es ganarse el apoyo de los sindicatos manufactureros e, incluso, se prevé que una vez que el T-MEC esté en funcionamiento presionará para que se inicien controversias contra México, así lo considera Herminio Blanco, ex secretario de Comercio y Fomento Industrial (hoy Secretaría de Economía), y actualmente presidente de IQOM Inteligencia Comercial, una consultora especializada en temas comerciales y que ha acompañado al sector privado en todo el proceso de negociación del T-MEC.
Pero la politización del T-MEC por parte de Trump es sólo un elemento que se agregaría al tema laboral, que tiene en México a las autoridades y organizaciones empresariales trabajando a marchas forzadas, tanto por la cercanía de la entrada en vigor del Tratado el 1 de julio como por la dureza de las sanciones que contempla, las cuales son de alto riesgo dadas las condiciones laborales en las que todavía se trabaja en este país.
Por los plazos tan cortos que da para dirimir las controversias que puedan presentarse y las serias implicaciones en el caso de violación al Capítulo 31 y sus anexos, el T-MEC es único, inédito.
No hay experiencias previas, ningún otro tratado tiene esto, señaló Jaime Zabludovsky, vicepresidente de IQOM Inteligencia Comercial, en una teleconferencia organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, dedicada a los mecanismos laborales y en la que participaron la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, y del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde.
Por ejemplo, mediante el llamado Mecanismo de Respuesta Rápida se podrá sancionar a plantas individuales y a empresas aplicándoles aranceles, multas e, incluso, de haber reincidencia, embargos de exportaciones.
Este Mecanismo de Respuesta Rápida se aplicará ante faltas relativas a derechos sindicales y negociación colectiva, entre otras, y está diseñado para que el proceso se agote en sólo seis meses, desde que se presenta una demanda hasta la aplicación de la sanción.
El T-MEC será un terreno minado, al menos así se ve antes de su arranque, y no es exageración.
La consigna del gobierno mexicano y de los empresarios es no esperar a que se presenten las demandas, y anticiparse a corregir lo que pudiera ser violatorio del Tratado en materia laboral, trabajo forzado y trabajo infantil.
Pero parece bastante difícil que México pueda arreglar la casa antes de que caiga la primera demanda. Sólo en materia de democracia laboral y libertad sindical, la interferencia de las empresas en el derecho de los trabajadores a organizarse libremente ni siquiera es percibido en muchos casos como una anomalía.
Uno de los asuntos que están en curso y que preocupa a los empresarios es la designación de los panelistas que habrán de dirimir las controversias laborales. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial señaló que hace cerca de dos meses su organismo había entregado sus propuestas y preguntó a las dos funcionarias, a Graciela Márquez y Luisa María Alcalde, cuando les informarían los nombres de los designados.
Márquez respondió que están en revisiones e intercambio de listas con otras dependencias federales que también tienen un papel que jugar en el T-MEC, y con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
La funcionaria dijo que ella personalmente había leído todos los expedientes bajo un ejercicio de doble ciego, que significa que se leen las trayectorias de las personas propuestas sin saber el nombre de quién es evaluado ni de quién lo evaluó.
Y aclaro que la fecha límite para definir a los panelistas es el 31 de julio.
Los panelistas entrarán en escena cuando haya una denuncia o la sospecha de que alguno de los tres países incumplió con sus obligaciones laborales. El primer paso son las consultas entre gobiernos, y se puede resolver a ese nivel.
Pero si no se resuelve, se formará un panel. Para el 31 de julio, un mes después de la entrada en vigor del Tratado, cada país debe haber designado a tres panelistas y, por consenso entre los tres países, designar a otras tres personas para una lista conjunta.
Esta lista conjunta pueden integrarla con personas de países distintos a Estados Unidos y México.
Seis meses después de que el Tratado esté en funcionamiento, las listas se ampliarán a, por lo menos, cinco personas cada una. Los integrantes de las listas serán nombrados por un periodo mínimo de cuatro años o hasta que las partes conformen nuevas listas.
El panel se constituirá de cinco miembros, seleccionados a partir de las listas que ahora están en proceso de elaboración, de los dos países involucrados en la controversia, y será presidido por quien elijan cuatro de sus miembros.
Los panelistas dan un informe inicial de lo que se encontraron y un informe final con el que se ponga fin a la controversia o conduzca a la aplicación de represalias.
El asunto de los panelistas es sólo el preámbulo.
El plato fuerte viene en el Capítulo 31 del T-MEC, dedicado al Mecanismo de Solución de Controversias, y sus anexos 31A y B, en los que se contempla el Mecanismo de Respuesta Rápida.
El primero, el Mecanismo de Solución de Controversias entre gobiernos, se aplica a todo el tratado y en las materias comercial, ambiental y laboral. Tiene aplicación a los sectores vinculados al comercio exterior con América del Norte, ya sea exportación o importación, o que tenga inversión extranjera, que en el caso de México son casi todos.
En materia laboral contempla la libertad de asociación, negociación colectiva y la eliminación de trabajo forzoso, así como la prohibición de productos provenientes de cualquier país del mundo que hayan sido elaborados mediante trabajo forzoso.
Y contempla también la abolición del trabajo infantil y la aplicación de protecciones para menores de edad, además de la eliminación de las distintas formas de discriminación en el trabajo y que las condiciones laborales se ajusten a la ley en materia de salarios, horarios y seguridad.
Herminio Blanco explicó que “El gobierno de México se compromete a atender los casos de violencia o amenazas de violencia contra trabajadores directamente relacionados con el ejercicio o intento de ejercer sus derechos”.
Dijo también que, en caso violación de alguno de estos preceptos, las sanciones se aplican cuando haya un efecto en comercio o inversión, excepto en los casos de violencia, en los cuales se aplica inmediatamente, con sólo un incidente que se presente.
Es decir que, dadas las condiciones laborales de la mayoría de los mexicanos, el artículo 31 es lo más cercano al ideal. Pero puede haber quienes piensen en México que en el papel se puede escribir lo que sea, que la realidad es otra cosa.
Sólo que el gobierno y Congreso de Estados Unidos están trabajando para que esa máxima no se cumpla en este caso.
Tienen diseñada ya lo que Jaime Zabludovsky llama una estructura institucional para vigilar a México.
¿De qué se trata esto?
En primer lugar, se formó un Comité Intersecretarial que será copresidido por la Oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y por el Secretario del Trabajo, y estará integrado por funcionarios designados por el propio Presidente de Estados Unidos.
Crearon también un grupo denominado Gate Keeper u órgano de seguimiento del mecanismo que recibirá las quejas laborales, y decidirá si están fundadas o no, con obligaciones de reporte periódico al Congreso.
Sus funciones serán monitorear la implementación de la reforma laboral, recibir informes de los Agregados laborales, revisar la lista de sectores prioritarios y sugerir adicionales.
También evaluará el cumplimiento de México en cuanto a que haya dinero para implementar la Reforma Laboral, establecimiento de tribunales laborales, centros de conciliación y la entidad para el registro de contratos.
Este Gate Keeper tendrá un sitio web para recibir denuncias, incluso de trabajadores mexicanos que estén dispuestos a denunciar prácticas laborales.
También informará a los comités del Congreso cada seis meses sobre su trabajo y al quinto año de funcionamiento del T-MEC rendirá informe al Congreso.
Habrá además un Consejo de Expertos Laborales , compuesto de 12 miembros que durarán seis años en el cargo, y serán designados por el comité intersecretarial y el Congreso.
Su papel será asesorar al Comité Intersecretarial en las actividades de capacitación para México, monitorear y evaluar también la implementación de la Reforma Laboral en México y desarrollar, en consulta con el Congreso de Estados Unidos, un plan de cumplimiento en los casos de trabajo forzoso en México.
Y, finalmente, está la figura ya famosa de los Agregados laborales que operarán desde México.
Serán cinco funcionarios y se encargarán de apoyar al comité intersecretarial en el monitoreo del cumplimiento de México, y le rendirá informes trimestrales
La vigilancia estará centrada en algunos sectores, de los cuales Estados Unidos ya tiene listas.
A diferencia del Mecanismo del Capítulo 31, que es para dirimir diferencias en materia laboral entre gobiernos, este es de aplicación directa de un gobierno sobre una planta o un conjunto de plantas, con implicaciones mucho más directa sobre potenciales exportadores o actividades económicas tanto en México, o en su caso en Estados Unidos.
Contiene además prohibiciones explicitas de interferencia de los patrones en las actividades sindicales, ya sea mediante la coerción, discriminación u obstaculizando las negociaciones de un sindicato debidamente acreditado.
En este Mecanismo, la violación no tiene que estar relacionada con el comercio ni ser una acción recurrente, basta que haya una presunción de violación de los derechos de los trabajadores y aunque está limitada a la libertad sindical y a la negociación colectiva, si hubiese una violación de otros derechos sindicales, como condiciones laborales o trabajo infantil o trabajo forzoso, estas violaciones pasarían a ser parte del Mecanismo de Respuesta Rápida. Es decir, tiene vinculaciones con el Capitulo 31 (el Mecanismo de Solución de Controversias).
El plazo para la dirimir las controversias y aplicar las sanciones por parte del panel son 60 días.
Este Mecanismo de Respuesta Rápida fue una de las condiciones que el Partido Demócrata puso en la mesa para condicionar su aprobación al T-MEC y quedaron conformes pues más de 80 por ciento de ellos votaron a favor del Tratado, a pesar de que lo promulgó y promocionó un gobierno Republicano.
Detrás de este mecanismo están los intereses de sindicatos de Estados Unidos, dijo Jaime Zabludovsky. Hay que partir de la base de que en Estados Unidos habrá mecanismos institucionales e intereses muy fuertes que van a encargarse de que este mecanismo sea usado oportuna y eficientemente cuando se sospeche que hay violaciones por parte de México.
Hay toda una infraestructura técnica, económica y de personal, que el gobierno y Congreso y las organizaciones no gubernamentales han venido poniendo en práctica para, tan pronto entre en vigor el T-MEC, vigilarlo y exigir el cumplimiento.
Entre las evidencias de la importancia que le dan en Estados Unidos al tema laboral, es el nombramiento por la líder demócrata Nancy Pelosi esta semana a dos integrantes de lo que será el Consejo de Expertos Laborales.
Una de ellas es Cathy Feingold, quien es directora de Asuntos Internacionales de AFLCIO, y Fred Ross Jr Fundador de Neighbor to Neighbor, un grupo defensor de derechos del trabajador.
También para el Mecanismo de Respuesta Rápida hay sectores en México que están en la mira de Estados Unidos. Aunque aplica para todos los sectores con excepción del agropecuario, hay actividades que estarán en el blanco.
Toda esta estructura de vigilancia e instrumentación del T-MEC en materia laboral que dependerá del Departamento del Trabajo, tendrá un presupuesto de 210 millones de dólares.