Destituyen e inhabilitan a ombudsman de Morelos; Raúl Hernández Cruz acusa amenazas

Por Estrella Pedroza

La Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, por órdenes del gobernador Cuauhtémoc Blanco, destituyó e inhabilitó del servicio público a Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por supuestos hechos ocurridos en junio de 2016.

El procedimiento sancionador se inició por una falta presuntamente cometida en junio de 2016, cuando Hernández Cruz participó en un proceso como aspirante a notario. 

Por su parte, en declaraciones al diario Reforma, Hernández Cruz acusó amenazas por denunciar actos de tortura a menores en el DIF de Morelos, incumplimiento de apoyos a víctimas y echar abajo diversas reformas del Gobierno estatal,

Desde el año pasado, tras la publicación de Reforma sobre el maltrato de los adolescentes en el Centro de Asistencia Social para Adolescentes del DIF de Morelos, yo recibí mensajes desde el gobierno, por parte del secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, “para que cuidara a mi familia, no arriesgara mi patrimonio y que pensara en mis hijas, y que le bajara a mis acciones en la comisión”, sostuvo Hernández en entrevista.

“Y la verdad es que a partir de ahí todas las amenazas se han ido cumpliendo, ya recibí la notificación por parte de la Contraloría sin tener facultades para removerme como Ombudsperson, eso solo lo puede hacer el Congreso del Estado”, indicó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

La resolución establece la inhabilitación temporal por un período de 6 años, tiempo en el que Hernández Cruz queda impedido para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público; también señala la destitución de conformidad a lo establecido en el Artículo 77 a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El aún ombudsperson fue notificado este martes y de inmediato alzó la voz en su defensa. “Los hechos por los que la Contraloría me está inhabilitando son por conductas que no cometí y está derogada, desde el 2017 , la facultad de la autoridad administrativa”, agregó.

Explicó que en ningún momento incurrió en alguna irregularidad, debido a que cuando él participó en el procedimiento en busca de la titularidad de una notaría, “ya había renunciado de manera definitiva al cargo”.

Se buscó la postura del Poder Ejecutivo a través del secretario de gobierno, Ojeda Cárdenas, pero no hubo respuesta.


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