Las autoridades mexicanas han detenido este domingo a Mauricio Víquez Lizano, un sacerdote costarricense acusado de pederastia sobre quien recaía una ficha roja de Interpol. A más de seis meses de que huyera de su país, dos de sus víctimas habían llegado la semana pasada a México a buscarlo para evitar que el cura evadiera la justicia. La Policía Federal en conjunto con la Fiscalía General de la República arrestaron al hombre en el área metropolitana de Monterrey, en el Estado de Nuevo León (norte). Víquez será extraditado a Costa Rica, donde enfrenta cuatro denuncias por abuso sexual, una de ellas por violación, un delito que comprende penas de hasta 18 años de prisión.
La misión de Anthony Venegas y Michael Rodríguez parecía casi imposible. De la mano de organizaciones civiles llegaron el pasado lunes a México con la intención de encontrar a Víquez, un sacerdote de 55 años que había huido de su país en enero y había sido expulsado del ministerio clerical en febrero. El propósito era presentarlo ante la justicia y evitar que las denuncias por pederastia prescribieran. “Me voy para Costa Rica satisfecho con la noticia”, ha dicho Venegas. “Celebramos que nuestra misión en México haya culminado, y ahora necesitamos que las autoridades costarricenses dejen caer todo el peso de la ley sobre él”.
El caso supone un hito para la manera en que se atienden en Costa Rica los delitos sexuales en el ambiente clerical, pues Víquez fue portavoz de la Iglesia Católica en temas de familia incluso después de que las víctimas lo habían denunciado ante la Arquidiócesis de San José. Por eso Rodríguez y Venegas acudieron a denunciar ante el Vaticano al arzobispo de San José, José Rafael Quirós, pues a él habían relatado los episodios de masturbaciones colectivas, las sesiones de pornografía, los tocamientos y casos de penetración a los que el sacerdote sometía a sus monaguillos, según las denuncias.
La expulsión como miembro del clero, sin embargo, no ocurrió hasta que detonó el escándalo en los medios locales y la Iglesia local estaba cometida a “turbulencias”, como reconoció el obispo Quirós. Un comunicado de la Conferencia Episcopal pidió perdón por este y otros casos de abusos, pero hasta ahora ha rechazado cualquier acto de encubrimiento que señale responsabilidad alguna de los obispos. Los denunciantes tampoco han recibido respuesta alguno de las autoridades vaticanas o sus representantes en Costa Rica sobre las acusaciones contra el arzobispo Quirós.
La revelación de las denuncias, sin embargo, sirvió para que más personas se animaran a denunciar casos de abusos sexuales contra niños o adolescentes y para que la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobara rápidamente una reforma legal para extender el plazo de prescripción legal; ya no será a los 10 años después de la mayoría de edad, sino 25. Esta modificación permitió que casos que ya estaban prescritos pudieran presentarse ante la Justicia, también contra el sacerdote Víquez. Eso fue lo que hicieron Anthony Venegas, Michael Rodríguez y Carlos Muñoz hace dos semanas sin saber que en pocos días caería preso el acusado y se reduciría el peligro de impunidad.
El rastro de Víquez en México llegaba a Guadalajara, en el Estado de Jalisco, donde algunas personas habían asegurado verlo después de que se difundieran registros migratorios de su ingreso al país y su paso por Panamá. La intención de las víctimas era buscarlo en viviendas pertenecientes a la Iglesia tanto en Guadalajara como en regiones más aisladas de Colima y Puebla. “Dimos vueltas por las calles repartiendo volantes, pegando afiches y consultando si habían visto a este señor”, cuenta Venegas. Pero mientras las víctimas buscaban en el sur del país, las autoridades arrestaron al hombre en el norte. “Creemos que se iba hacia Estados Unidos”, señala Juan Manuel Estrada, de la Fundación FIND, que acompañaba la búsqueda en México. La sospecha es, asegura, que tras darse a conocer el caso la semana pasada en los medios de comunicación mexicanos, el hombre intentó huir otra vez.
La apariencia de Víquez había cambiado notoriamente en los últimos meses, algo que dificultó la tarea de las autoridades mexicanas. En la fotografía que difundieron tras el arresto se lo puede ver con barba y más delgado. “Él cambió su apariencia física para no ser reconocido”, explica Estrada. Además de los reportes que aseguraban haber visto a Víquez, las autoridades locales informaron además que pudieron rastrearlo porque el sacerdote seguía usando las redes sociales con su segundo nombre, Antonio. Desde esas cuentas fue que comentó la muerte reciente de un familiar y ofreció asesorías para elaborar tesis académicas.
El portavoz de la Fundación FIND apunta contra miembros del clero por encubrimiento, pero admite que la pista que llevó a la policía a dar con el sacerdote pudo haber llegado desde la propia Iglesia. “Alguien lo encubrió, alguien lo protegió y alguien lo entregó”, dice. En los próximos días presentarán ante la justicia una denuncia por encubrimiento contra miembros del clero mexicano, asegura. “Él seguramente llegó a México con amigos de la curia, que fue la que lo mantuvo escondido”.
La detención de Víquez en territorio del Arzobispado de Monterrey es un golpe simbólico. El arzobispo de Nuevo León, Rogelio Cabrera, quien además es presidente de la Conferencia Episcopal mexicana se ha pronunciado en reiteradas ocasiones a favor de la lucha contra la pederastia clerical. Sin embargo, la organización que acompañó a las víctimas asegura que ni el Arzobispado Primado de México ni el Episcopado ofrecieron su ayuda para la localización del cura. “Es un mensaje claro de que esos delitos no van a quedar impunes y que nuestra sociedad se tiene que limpiar”, celebra Rodríguez.
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