Diez días en la residencia, dos meses en la calle. Ese era el ritmo sin control que llevaba una menor de 14 años acogida por la Comunidad de Madrid. Y eso preocupaba cada vez más a la directora del centro, como se aprecia en sus escritos. Todos van observando su degradación. A veces solo pasaba unas horas hasta que lograba fugarse. En una ocasión se escapó por una ventana en un breve despiste de su cuidadora. Desde marzo de 2021, la directora reclama “de manera urgente”, porque la situación se hace “insostenible” que la trasladen a un centro especializado. Tuvieron que pasar 10 meses así. El final llegó cuando entró en acción la policía. Para entonces, la menor era una víctima de varios delitos y su salvación llegó al ser considerada como “testigo protegido”. La Policía detuvo a finales de noviembre a 37 adultos acusados de explotar al menos a 10 menores en situación de vulnerabilidad, cinco de ellas tuteladas. Como ella.
Los informes y declaraciones ante la Policía de los responsables del centro describen su rápido deterioro, la imposibilidad de encauzar a la chica y alejarla de sus adicciones, que ya eran un problema visible. Se escapaba una y otra vez, enganchada a la droga, a la relación con su padre, también toxicómano, y a la dependencia emocional de los supuestos cabecillas de la red. “¿Ha vuelto ya? La vi por la calle, no la vais a reconocer”, le dijo un familiar de la chica a los responsables de la residencia.
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La menor estaba tutelada por la Comunidad de Madrid desde el 28 de julio de 2020, como se ve en la documentación incorporada a las diligencias de la investigación. En marzo de 2021 la directora del centro en el que recaía la tutela de la niña, el de Aranjuez, redactó un informe en el que ya solicitaba la derivación de la menor a otras instalaciones. “La escasez de vínculo con la residencia, sus ausencias reiteradas y prolongadas suponen, junto al medio abierto de nuestra residencia, un obstáculo para trabajar con la menor. Además, el hábito de consumo le hacen tener un fuerte deseo de permanecer fuera”, redacta la responsable.
Para entonces, la ausencia de la niña en el centro ya era la tónica habitual. En ese mes, sin embargo, se abrió un hilo de esperanza. La menor permaneció 10 días en el centro, en los que acudió a clase, recibió terapia en un centro de la Comunidad especializado en abusos sexuales y se relacionó con las educadoras. Para entonces, la chica ya mostraba un aspecto “nefasto, muy delgada, con tez pálida y con las piernas y los brazos llenas de moratones”. Sin embargo, la directora refleja el optimismo del equipo: “Parece que quería dejar ver la necesidad de ser ayudada por parte de la residencia para salir de esta vida, pero a la vez expresaba lo difícil que le iba a resultar permanecer después de haber perdido el control”. La niña, recoge el documento, “manifestaba estar feliz y querer hacer las cosas bien, aunque nunca dejó de expresar su miedo por su recaída en las drogas”.
El último de esos 10 días, tuvieron que llevarla a un centro de salud por un problema en la piel. En su informe, la responsable de la tutelada refleja la presión que trataron de ejercer para trasladar cuanto antes a la niña a un centro especializado. Para su ingreso, hacían falta unas pruebas médicas. “En ese mismo momento se explicó la situación de la menor (en el centro de salud) con la finalidad de realizar las pruebas oportunas para la derivación, ya que los plazos que nos daban eran desorbitados dada la urgente necesidad de sacar a la menor del entorno residencial por el riesgo de fuga”. Le indicaron que no era posible acelerarlas y al día siguiente la menor volvió a escaparse. Tres días más tarde de su huida, recibieron la notificación de que se había aprobado su ingreso en un centro especializado de Navarra. Pero era demasiado tarde, esta vez la chica se ausentó durante dos meses en los que vivió “al límite” como ella misma definió a su regreso.
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La encontró la Policía desorientada, en la calle, a finales de junio. Entonces fue posible llevarla al centro de Navarra, especializado en “deshabituación”, pero nada más llegar consiguió escapar de nuevo. Solo tres días después los agentes la encontraron en Usera, en Madrid. Entonces, se la reubicó en el centro de acogida de Hortaleza. “Es un centro en régimen abierto y la menor podría marchar a su antojo”, recoge un informe policial incorporado a la causa.
Las palabras de la responsable que más tiempo la tuvo bajo su tutela denotan que, a pesar de los esfuerzos, el deterioro de la niña era evidente: “Debido a que la menor de 14 años se encuentra en una situación de desprotección por las limitaciones de nuestro recurso para tratar su problemática, proponemos una derivación a un centro específico y que se le aleje de su situación de calle. Consideramos que esta medida debe tener un carácter urgente para poder rescatarla de una vida llena de hábitos nefastos para su salud y consecución de una vida plenamente autónoma”.
En la documentación, la directora ya advertía de la caída en picado de la chica: “Tenemos constancia de que pone en riesgo su salud durante sus ausencias, normalmente se encuentra en casas okupas, consume cannabis en altas dosis y no tiene miedo de expresarlo abiertamente”. Para entonces, la red la explotaba sexualmente en narcopisos de Vallecas y Usera y en el poblado chabolista de San Cristóbal de los Ángeles.
Ante los informes de la residencia y sus advertencias, la Policía solicita reiteradamente a la Fiscalía de Menores que considere la tutela en un régimen cerrado, a lo que la fiscal responde que “el internamiento en centros de régimen cerrado son medidas que se adoptan en el ámbito penal de reforma, cuando se trata de menores investigados y condenados, no en el ámbito de protección”. No obstante, el 1 de septiembre, la Fiscalía responde a la Policía que se ha puesto todo en conocimiento de la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad, “habiendo interesado una derivación al recurso más idóneo”.
Varias opciones
El 7 de junio el trabajador social del turno de mañana “con el que más relación tiene la menor” prestó declaración ante la Policía, porque los investigadores ya estaban detrás de este caso por una denuncia de una conocida de la niña en abril sobre la situación de la menor. En su declaración, el educador contó que la joven buscaba “el afecto de mayores que hacen con ella lo que quieren”. El trabajador social también se lamentó de que ellos no podían hacer más porque “la guarda la tiene este centro que es de régimen abierto, solo llevarla al médico cuando vuelve”.
En estas revisiones médicas, la menor daba positivo en cocaína, cannabis y enfermedades sexuales y en la piel. Este educador comentó que la menor se había autolesionado en alguna ocasión y que incluso tuvieron que acudir al hospital por los cortes superficiales que se había producido. Como comenzó a escaparse casi desde el principio, la policía municipal llegó a organizar varios operativos especiales durante esos meses.
En el centro de Aranjuez exploraron otras opciones además de su internamiento en régimen cerrado, como que la menor fuera acogida por algún familiar. Sin embargo, se descartaron todas. Eran inviables. Una tía de la menor, la que a juicio de los educadores más se preocupaba por la niña, llegó a afirmar que ella no tenía herramientas para gestionar la situación de adicción de su sobrina.
A principios de septiembre, ingresó en el centro de Picón, en Paracuellos de Jarama, unas instalaciones especializadas en adicciones y casos límite. Allí, la investigación policial ya estaba muy avanzada, las pesquisas habían llevado a otros casos como el de esta niña y se le concedió el estatus de testigo protegido.
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