Organizar una parte de la docencia a distancia cuando todo está pensado para una enseñanza presencial no es sencillo. Pero si encima se actúa con precipitación o con falta de previsión, como ha ocurrido en muchos casos en este inicio de curso, el resultado no puede ser bueno. Muchos centros educativos se han adaptado a la nueva normalidad con un programa de docencia semipresencial que no siempre permite cumplir los estándares mínimos de calidad, lo que está provocando una gran desazón y un comprensible malestar en muchas familias. Asociaciones de padres han llevado en Madrid el asunto al Defensor del Pueblo y en Murcia han anunciado un recurso ante la justicia, mientras en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia se han convocado protestas ante los institutos.
El nuevo curso escolar se está desarrollando de forma muy desigual. Lo ideal hubiera sido poder desdoblar las clases para garantizar la distancia mínima y las medidas de seguridad necesarias para evitar contagios, pero eso hubiera exigido disponer de espacio suficiente y una contratación masiva de profesores que no se ha producido. El resultado es que la calidad educativa se resiente y la desigualdad entre centros y entre territorios alcanza cotas inaceptables. Mientras algunas comunidades aplican la semipresencialidad solo en la enseñanza posobligatoria, otras la extienden a la ESO e incluso en algún caso, como en Murcia, a los niveles de infantil y primaria, lo que puede tener consecuencias graves a largo plazo para los alumnos con mayores dificultades educativas.
Durante el confinamiento se pudieron comprobar las dificultades de la educación a distancia para garantizar el aprendizaje de los contenidos esenciales del currículo y cumplir los objetivos educativos. Ya entonces se observó cómo estas carencias afectan de forma más negativa y con mayor intensidad a los alumnos de las familias más desfavorecidas. La semipresencialidad debería ser siempre el último recurso, ya que las condiciones en las que se desarrolla comprometen en muchos casos la igualdad de oportunidades y la equidad que el sistema educativo debe garantizar. Con frecuencia, la suma de clases presenciales y teledocencia ni siquiera completa las horas lectivas obligatorias. A esto hay que añadir las grandes diferencias que se observan en las habilidades digitales, tanto de alumnos como de profesores.
Es tarea de los servicios de inspección detectar los fallos que impiden alcanzar los estándares de calidad, y responsabilidad de las autoridades educativas poner remedio antes de que sea demasiado tarde. Tan importante es garantizar la seguridad en el aula para impedir que el virus se extienda como evitar que las dificultades de esta situación excepcional puedan convertirse en una desventaja crónica para los alumnos más desfavorecidos.
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