La filtración de 889 páginas de mensajes de un grupo de Telegram desencadenó una rebelión cívica en Puerto Rico, Estado libre asociado de EE UU, que acabó por provocar el miércoles por la noche la dimisión del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló. El dirigente se encontraba en una situación insostenible, con casi 500.000 personas en la calle en un territorio en el que viven 3,2 millones. El contenido filtrado de los mensajes del político con 11 miembros de su círculo íntimo era repulsivo: chistes sexistas y homófobos, desprecio por las víctimas del huracán María y por los puertorriqueños en general, y amenazas de muerte en medio de bromas contra rivales políticos.
Aun así, se trata solo de la gota que ha colmado la paciencia de los ciudadanos de la isla, hartos no solo de las burlas, sino de la corrupción que provocó la reciente detención de dos altos funcionarios, de la declaración de bancarrota hace dos años y de los recortes que siguieron, de 12 años de recesión y de la pésima gestión del desastre que en 2017 provocó el paso del huracán, con al menos 3.000 muertos y daños en las infraestructuras que todavía no han sido totalmente reparados.
Los políticos deberían ser conscientes de que en la sociedad digital cualquier cosa que digan en privado puede convertirse en pública pero, sobre todo, que han sido elegidos para ayudar a solucionar los problemas de los ciudadanos, no para insultarlos. Rosselló se ha convertido en el primer gobernador que dimite en Puerto Rico desde 1947, cuando comenzaron a ser elegidos en las urnas. Su renuncia, además, puede ser solo el principio de sus problemas porque el Departamento de Justicia de la isla está investigando el chat porque sus contenidos podrían ser constitutivos de delito.
Los puertorriqueños se merecen un gobernador que no se burle de sus tragedias, pero sobre todo, necesitan un gestor capaz de sacar al territorio de la crisis económica y social en la que se encuentra y que devuelva a sus habitantes la dignidad que merecen.
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