Apenas se han iniciado las audiencias públicas que constituyen el primer paso del proceso de destitución de Donald Trump y ya ha comenzado a revelarse la gravedad y extensión de la acusación contra el mandatario en cuanto a su uso de la presidencia de EE UU para fines personales.
Los testigos que por ahora van compareciendo ante el Comité de Inteligencia del Congreso —en sesiones televisadas en directo— corroboran y aportan nuevos datos sobre las presiones que ejerció Trump sobre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. El empresario neoyorkino quería que el país europeo investigara las actividades del hijo de exvicepresidente de EE UU, Joe Biden, quien se perfila como el probable rival demócrata en las elecciones presidenciales que tendrán lugar en EE UU el próximo mes de noviembre. Pero las respuestas a las preguntas realizadas por congresistas, tanto republicanos como demócratas, revelan además que Trump no solo utilizó la Jefatura del Estado como si fuera una posesión personal, sino que involucró en su estrategia a otras ramas de la Administración estadounidense.
Lo conocido hasta ahora era que Trump había realizado una llamada directa a Zelenski advirtiéndole de la importancia de la ayuda económica y militar estadounidense a Ucrania. Una conversación per se inaceptable, más cercana a la extorsión de bajos fondos que a la diplomacia entre aliados. El miércoles, el embajador Gordon Sondland, representante de Washington ante la Unión Europea, explicó detalladamente cómo Trump dio personalmente la orden de presionar al Gobierno ucranio. Es decir, Trump utilizó a un representante diplomático cuya área de responsabilidad ni siquiera incluía a Ucrania para tratar de perjudicar las posibilidades de un rival político. La existencia de la conversación entre Trump y Sondland sobre Ucrania fue ratificada por otro diplomático, Bill Taylor. Y, por si fuera poco, el embajador Sondland además ratificó la veracidad de correos electrónicos y mensajes que muestran cómo cercanos colaboradores de Trump, como el secretario de Estado, Mike Pompeo, o el exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton, estaban al corriente, al detalle, de las presiones al Gobierno ucranio. Ayer, una exfuncionaria de la Casa Blanca ratificó la veracidad de las presiones de Trump y pidió al Partido Republicano que rompa con la narrativa de los hechos que hace Trump, quien trata de presentarse como víctima de una trama de carácter político.
Como viene siendo habitual desde que decidiera desembarcar en la política, Trump sigue dando muestras de no entender ni la dignidad —empezando por la propia presidencia— ni el papel de las instituciones estadounidenses. El impeachment no es un proceso político, sino que tiene un marcado carácter judicial, y la labor del Comité que escucha a los testigos es únicamente determinar si se ha producido un delito grave. Ni siquiera puede entrar en si el comportamiento de Trump ha sido apropiado o no. Aunque, por lo escuchado, no quepa duda.
Corresponde ahora al Partido Republicano, que puede frenar más adelante el impeachment en el Senado, reflexionar sobre el comportamiento de quien fue su candidato vencedor hace cuatro años. Ya se alzaron entonces voces contra Trump. Lo suyo sería que ahora ese descontento crezca y cristalice en un proceso que afecta a la reputación de la presidencia del país.
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Dilema republicano
