El sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado por el despilfarro, la desaceleración económica, la precarización laboral y unos niveles ínfimos de aprobación popular dio al pueblo mexicano sobradas razones para votar contra su partido, el PRI, en las presidenciales de julio de 2018. Esas razones, junto con la fe de muchos en la plataforma de campaña de “primero los pobres y abajo la corrupción”, llevaron a Andrés Manuel López Obrador al poder. La victoria de Morena y la implosión del resto de partidos le convirtieron en el mandatario más poderoso en décadas y en la esperanza de muchos en una economía que crece poco, lejos de un 4% anual necesario para generar 1,2 millones de empleos para absorber su fuerza laboral y acabar con la lacerante pobreza.
Desde su campaña, López Obrador anunció una política económica basada en dos líneas: austeridad a ultranza y enterrar el neoliberalismo. Empero, la retórica antineoliberal contrasta con la práctica: sus políticas económicas son similares a las de Administraciones (neoliberales) anteriores. La monetaria sigue basada en metas de inflación, altas tasas de interés real y escasa presencia de la banca de desarrollo. La fiscal, ortodoxa y procíclica, prioriza el superávit primario y la contención de deuda, y rechaza reforma fiscal alguna en la primera mitad del sexenio. La industrial —salvo en energía— es evanescente y permanece subordinada a la comercial, lejos de una visión moderna del Estado empresarial, salvo algunos incipientes programas para elevar el valor agregado exportador. Ante la acotada visión, la falta de instrumentos y de un presupuesto para innovación, tecnología y ciencia, la transformación de la estructura productiva mexicana sigue en pausa.
La política social ha abandonado los esquemas de transferencias condicionadas. Pero, en vez de avanzar hacia un sistema de protección social universal, se ha centrado en programas de transferencias y microcréditos para diversos grupos marginados. La laboral es la única política muy distinta a las precedentes: se ha centrado en recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo —uno de los más bajos de América—, modernizar la institucionalidad sindical y nivelar la correlación de fuerzas empleado-patronal.
¿Cómo vamos en este primer año de gobierno? Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado responde contundentemente: “Los indicadores fundamentales: tasas de interés, cotización cambiaria, inflación, salario mínimo, déficit público, deuda y riesgo país están mejor que hace un año”. Curiosamente, tal lista de indicadores —más la ratificación del nuevo tratado comercial entre México, EE UU y Canadá (T-MEC)—, es virtualmente idéntica a la que anteriores Gobiernos recurrían al sacar pecho de su gestión. Empero, la retórica del “vamos bien” se ve, parafraseando a Antonio Machado, “volar, temblar súbitamente y quebrarse” cuando se examinan los indicadores de desarrollo.
En lo macro, en 2019 la actividad se desaceleró y se estancó. En su medición per cápita, tanto el PIB como el consumo privado caerán por primera vez en una década y el FMI proyecta también un descenso en 2020. El sector externo no es culpable del estancamiento: aunque la manufactura en EE UU decayó, la guerra comercial con China fortaleció el dinamismo exportador de México y su papel como socio comercial del vecino del norte. El estancamiento se explica, más bien, por la caída de inversión, aguda en construcción y notable en bienes de equipo. Este descenso tiene múltiples razones: austeridad —que, sin reforma fiscal, produjo recortes de inversión pública—; incertidumbre inherente a todo primer año de mandato, agravada por el deterioro en la confianza empresarial tras la tortuosa cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México; diversas decisiones oficiales que han cuestionado la participación privada (renegociación de contratos de suministro de gas natural, suspensión de subastas de campos petroleros, impasse o reversión de la transición energética y el futuro de proyectos de energías renovables; y escaso crédito a actividades empresariales). Además, el acuerdo público-privado anunciado en infraestructuras contempla montos insuficientes y carece de un calendario de ejecución claro.
La menor inversión golpeó la productividad y el empleo. El año pasado se crearon menos de 400.000 empleos formales, un tercio de los requeridos para absorber la creciente fuerza laboral, y subió la proporción de trabajadores que ganan dos salarios mínimos o menos. Sin duda, también hay elementos favorables: el salario mínimo registró dos alzas —16% y 20%— que colocan su poder adquisitivo por encima de la línea mínima de bienestar por primera vez en décadas y se dio un aumento de la masa salarial.
Un año es poco tiempo para predecir el desempeño sexenal. Por lo pronto, hay luces y sombras. Entre las primeras destaca el discurso anticorrupción y a favor de los pobres —bienvenido per se y en el contexto de protesta y conflicto en buena parte de Latinoamérica— y también la pauta de la inflación. Las sombras surgen ante las dificultades para insertar a México en una senda de crecimiento elevado, incluyente y sostenible. La persistente violencia e inseguridad siguen siendo grandes lastres al bienestar.
Pronto habrá que reemplazar una austeridad que ha profundizado la desaceleración económica por una reforma fiscal tanto hacia una mejor, mayor y más progresiva recaudación como hacia alzas significativas del papel público en inversión —efectiva y eficiente— y en pro de un sistema de protección social universal. La reforma fiscal debió hacerse al mero inicio del sexenio, con un capital político rayando el cielo y un clima de negocios diáfano. Cada día que pasa su aplicación se complica, en tanto que se debe recabar la confianza de actores relevantes en torno a un acuerdo nacional para la inversión y la reducción de la desigualdad que permitiría colocar al mercado interno como motor complementario del crecimiento, impulsar la transformación de la estructura productiva y dejar de basar la competitividad en bajos salarios y negligencia ambiental.
Sin un cambio de políticas económicas en la dirección señalada, la fe que genera el discurso de “vamos bien” comenzará a rechinar ante la falta de razones objetivas para su persistencia. Estas razones serían la manifiesta expansión elevada de la actividad económica y del empleo digno y la reducción de la pobreza, la desigualdad y la violencia. Un país en el que buena parte de su población es pobre no puede darse el lujo de no crecer y no distribuir mejor. Sin un cambio de políticas económicas, si se persiste en la austeridad, las esperanzas de un mundo mejor que generó el discurso del nuevo Gobierno difícilmente comenzarán a concretarse en 2020. ¿Cuánto tardará el Ejecutivo en hacer una reforma fiscal y en aplicar una política industrial moderna? ¿Cuántos años más aguantará la población mexicana con una economía estancada, elevada desigualdad y violencia?
In memoriam Jaime Ros.
Juan Carlos Moreno-Brid es profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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