Cristopher Geidt, hasta este mismo miércoles asesor independiente sobre intereses ministeriales de Boris Johnson, ha decidido tirar la toalla ante un trabajo imposible. El vigilante del comportamiento ético del primer ministro y del resto de miembros del Gobierno británico ha presentado su dimisión con la misma discreción con que en los últimos años se ha quejado ante Johnson cada vez que tenía la impresión de que el político le estaba tomando el pelo. Veintiuna palabras (en inglés) para decir adiós: “Con pesar, siento que lo correcto es que dimita de mi puesto como asesor independiente sobre intereses ministeriales”.
Cada primer ministro escoge a un asesor privado para velar por el cumplimiento del Código Ministerial, una especie de Código de Buen Gobierno refrendado por el jefe de Gobierno ―Johnson, en este caso― que define las obligaciones éticas que deben cumplir ―y si no, dimitir― los miembros del Gabinete. Puede señalar problemas, y publica dos veces al año la lista de intereses privados de los ministros. Pero solo puede iniciar una investigación concreta con el permiso de su jefe directo. Paradójicamente, fue Johnson quien le encargó el año pasado que indagara sobre las acusaciones de financiación ilegal en las obras de redecoración del apartamento privado que ocupan el primer ministro y su esposa en Downing Street. A través del Partido Conservador, miles de libras procedentes de un donante privado se habían destinado a muebles, y hasta papel de pared, de lujo.
Geidt, de 60 años y más conocido como Lord Geidt, excusó entonces a Johnson. Creyó la versión del político, que aseguraba no haber sido consciente de la procedencia del dinero. Poco después de publicar sus conclusiones, salieron a la luz intercambios de WhatsApp entre el propio Johnson y el empresario David Brownlow, en los que el primero pedía más dinero para finalizar las obras. Tuvo que enviar una carta a Geidt en la que expresaba sus “más humildes disculpas” para evitar que el asesor presentara entonces su dimisión. Intentó convencerle además de que había tenido que cambiar de teléfono móvil por motivos de seguridad, y esa era la razón de que los mensajes no hubieran sido incluidos en la investigación.
Pero lo que más irritó al asesor, un hombre respetado por los políticos británicos, miembro de la Cámara de los Lores, y secretario privado de Isabel II durante diez años (2007-2017), fue que Johnson no moviera un dedo, más allá de volver a presentar excusas de cartón ante el Parlamento, después de que la Policía Metropolitana de Londres decidiera imponerle una multa por su participación en una de las fiestas en Downing Street durante el confinamiento. Era la primera vez que un primer ministro en ejercicio resultaba sancionado por incumplir la ley. Para Geidt, era una clara infracción del Código Ministerial que exigía una respuesta contundente, o se corría el riesgo de convertir el código en papel mojado, y su papel de asesor en una broma. De nuevo Johnson intentó convencerle con palabras suaves, y excusas tibias, como que nunca fue consciente de haber estado saltándose las normas de distanciamiento social.
“Desde la posición de un ciudadano normal, puedo concluir que pagar una multa implica no haber cumplido con la regla principal del Código Ministerial, que es cumplir la ley”, admitía Geidt este martes en una comparecencia ante la Comisión de Administraciones Públicas y Asuntos Constitucionales de la Cámara de los Comunes, compuesta por diputados conservadores y laboristas, en la que sufrió una avalancha de críticas por su papel. Los parlamentarios cuestionaron la utilidad de su función durante los últimos años. Horas después, presentó su dimisión. Un portavoz de Downing Street expresó la sorpresa de Johnson ante la decisión y aseguró que el asesor se había comprometido a permanecer seis meses más en el cargo.
Su predecesor, Alex Allan, también dimitió después de concluir que la ministra del Interior, Priti Patel, había protagonizado episodios de acoso laboral con el personal a sus órdenes. Johnson decidió mantenerla en el puesto.
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