La Cámara de Diputados aprobó con cambios, en lo general y en lo particular, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) y la devolvió al Senado de la República para su revisión, discusión y, en caso, aprobación.
Luego de más de doce horas de discusión, el documento fue avalado en lo particular por 334 votos a favor, 109 en contra y 5 abstenciones, con la aprobación de seis reservas de las 193 registradas.
La legislación dividió a la bancada morenista, dado que 15 diputados cotaron en contra y cuatro se abstuvieron. Porfirio Muñoz Ledo, Alfonso Ramírez Cuéllar, Rubén Cayetano García, Sergio Meyer, entre otros, votaron contra la aprobación del dictamen. El grupo parlamentario del PRI también tuvo una votación dividida, mientras que los legisladores del PAN y PRD votaron en contra, al igual que Martha Tagle de Movimiento Ciudadano.
Los legisladores aceptaron las reservas a los artículos 5, 13, 20, 40, 53 y el décimo transitorio que, entre otras cosas, otorgan facultades a la FGR para que atraiga las investigaciones de crímenes del fuero común cuando se considere que no estén siendo debidamente investigados por las fiscalías de los estados, así como a solicitud de las víctimas o por causas de “trascendencia social” por violaciones graves a derechos humanos.
El dictamen abrogó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Republica y reforma disposiciones de 65 legislaciones para ajustarlas al nuevo marco legal.
Previamente, la nueva ley fue aprobada en lo general por 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones.
La diputada de Morena, Lorena Villavicencio dijo que la ley “atenta contra la progresividad de derechos que establece el artículo primero de la Constitución” y que no hubo actitud para escuchar y empatizar con las víctimas. También denunció que se sustituyera a diputados en la Comisión de Justicia que se habían manifestado en contra de la nueva ley.
En un momento de la discusión pidió la renuncia del fiscal Alejandro Gertz: “Si no puede con la chamba que renuncie”, ya que la FGR debe asumir sus responsabilidades de investigación y búsqueda de las personas desaparecidas en el país. “Ya basta de darle la espalda a las familias de las víctimas de este grave delito”, dijo.
También el diputado morenista, Rubén Cayetano García, aseguró que se trata de una ley ‘a modo’ y “un traje a la medida” para el actual fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo que pidió su renuncia inmediata para bien de la sociedad agraviada, victimas, colectivos y defensores de los derechos humanos.
Facultad de atracción de casos del fuero común
El pleno aceptó la reserva al artículo 5 presentada por el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, que otorga a la Fiscalía la facultad de atracción en casos del fuero común y concede a las víctimas la capacidad para solicitar a la FGR el ejercicio de dicha facultad.
“La Fiscalía General de la República podrá ejercer la facultad de atracción de casos del fuero común en los supuestos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y las leyes aplicables. La víctima podrá solicitar a la Fiscalía General que ejerza su facultad de atracción”, establece la reserva aprobada.
Para Ochoa, la capacidad de atracción “es un elemento fundamental de acceso a la justicia, el que las víctimas tengan el derecho de acudir a la Fiscalía General de la República, y solicitar que ésta atraiga los casos del fuero común que correspondan a afectaciones a los derechos humanos y a delitos que afectan el interés de la nación”.
La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, se pronunció en contra de esta reserva, dado que “no cambia en realidad la situación en la que se encuentran las víctimas”.
Facultad de atracción en casos de “trascendencia social”
El pleno aprobó la reserva la fracción VI del artículo 13, impulsada por la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sobre las facultades de las fiscalías especializadas, para que, por ejemplo, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos investigue y persiga delitos federales en los casos de “trascendencia social” que involucren violaciones graves de derechos humanos.
Alavez Ruiz expuso que también cuando se encuentren involucradas personas de algún pueblo o comunidad indígena: “Es importante añadirlo para que las víctimas y ofendidos tengan esa posibilidad de hacer valer la facultad de atracción y cuando se trate de la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, hacerlo acorde a la condición de género y a los cometidos contra niñas, niños y adolescentes que sean competencia de la Federación”, afirmó.
También se aceptó la reserva para reformar la fracción XI del artículo 40 presentada por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, de Movimiento Ciudadano, para que los agentes del Ministerio Público garanticen los derechos de las víctimas en su investigación y el proceso penal.
La diputada panista, Pilar Ortega Martínez, dijo que la ley debería establecer normas que garanticen la autonomía de quienes integran la Fiscalía, como son los ministerios públicos y fiscales especializados. Afirmó que la reforma menoscaba los derechos de las víctimas que suman más de 27 mil personas sólo en 2019; además, se atenta contra el principio de progresividad de los derechos humanos.
La diputada Martha Tagle Martínez, de Movimiento Ciudadano, aclaró que su postura era a título individual y no a nombre de su grupo parlamentario. Resaltó que la nueva ley lo único que ofrece es la “perpetuación de un modelo agotado y un diseño institucional superado”. Enfatizó que se elimina la independencia técnica de los fiscales y varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica.
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