El Pleno de a Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el llamado “Plan B” de reforma electoral, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo de la mayoría calificada, en medio de críticas de la oposición que cuestionó su alcance y motivaciones.
El dictamen fue avalado en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y sin abstenciones. En lo particular, se ratificó sobre las 2:30 de la madrugada con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención. El proyecto fue turnado a las legislaturas estatales y de la Ciudad de México. Se requiere que al menos 17 congresos locales lo aprueben para que sea declarado constitucional.
El Senado aprobó el dictamen el pasado 26 de marzo, cuando eliminó los cambios planteados a la consulta de revocación de mandato, por lo que ésta se realizaría en 2028 y no en 2027 como pretendía el oficialismo.
Foto: Cámara de Diputados
La reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución y plantea cambios en la integración y funcionamiento de ayuntamientos y congresos locales, además de establecer límites a las remuneraciones de funcionarios electorales.
De acuerdo con el dictamen, cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género. Asimismo, se fija que los congresos locales no podrán exceder el 0.70% del presupuesto estatal.
En materia electoral, se establece que consejeros y magistrados no podrán percibir remuneraciones por encima del límite constitucional ni contratar seguros o prestaciones adicionales con recursos públicos.
El proyecto también incluye un régimen transitorio que prevé la implementación progresiva de los cambios, la armonización legislativa a más tardar el 30 de mayo de 2026 y la reasignación de ahorros presupuestales a obras de infraestructura y programas sociales.
Durante la discusión, que duró más de 13 horas, legisladores oficialistas defendieron la reforma como un paso para reducir privilegios y fortalecer la austeridad. El diputado de Morena, Leonel Godoy, afirmó que “lo que votamos el día de hoy es el no a los privilegios, a los gastos onerosos de los congresos locales, los cabildos y ayuntamientos en los municipios”, y sostuvo que “se legisla para el pueblo, contra las prerrogativas, para que haya transparencia”.
En contraste, la oposición cuestionó que los cambios no atienden problemas de fondo y advirtió riesgos para el sistema democrático. La diputada del PAN, Laura Cristina Márquez, señaló que “no surge del diálogo, ni del consenso o de una necesidad plural”, y criticó que “no toca los problemas de fondo”.
La diputada del PRI, Abigail Arredondo calificó el proyecto como “un intento por distraer la atención de los graves problemas del país” y advirtió que podría implicar un “modelo de control que centraliza decisiones”.
En tanto, legisladores de Movimiento Ciudadano señalaron que, aunque algunas medidas de austeridad pueden ser pertinentes, la reforma es limitada. “Se observa que es una reforma incompleta, no aborda lo estructural”, indicó la diputada Patricia Flores.