La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para establecer un procedimiento que garantice la audiencia de las personas a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó sus cuentas bancarias.
El dictamen fue aprobado por Morena y sus aliados por 266 votos a favor y 219 en contra de la oposición, luego de que la Cámara de Senadores regresara el proyecto para que se modificara una fracción.
La reforma agrega un capítulo al Título Quinto de la legislación, sobre la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas a las que se les hayan bloqueado sus cuentas.
El cambio de la fracción I del artículo 116 Bis 2, establece que “previa solicitud del interesado, se le otorgará audiencia para que, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al que la institución de crédito correspondiente le hubiera notificado los fundamentos, causa o causas de su inclusión en la lista de personas bloqueadas y manifieste por escrito o de manera verbal lo que a su interés convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos”.
Esta solicitud deberá formalizarse ante la UIF en un plazo no mayor a cinco días hábiles, luego de haber recibido la notificación del bloqueo.
Además, se eliminó la propuesta enviada al Senado en torno a la obligación de la UIF y de la institución crediticia de notificar por escrito. Lo anterior, porque los legisladores consideraron que ello representa una “imposibilidad material y un problema práctico”, además de que es contraria a los objetivos de la regulación en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del instrumento que significa la emisión de la Lista de Personas Bloqueadas.
Ello, porque la UIF no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las notificaciones personales, debido a que la Unidad no realiza funciones de campo.
El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de San Lázaro, Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde (PVEM), explicó que la minuta “equilibra la necesidad de detección, prevención y bloqueo de operaciones con recursos de procedencia ilícita determinada por un interés público en cumplimiento con compromisos internacionales de la mayor importancia”.
La diputada morenista Aleida Alavez Ruiz, aseguró que la minuta norma la facultad de la UIF en torno al bloqueo de cuentas a partir de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apuntó que la modificación del dictamen, que ya había sido aprobado por la Cámara, atiende a una resolución de la Corte para “habilitar el debido proceso en el bloqueo de cuentas y que no fuera solamente de carácter extranjero, sino también nacional”. Además, señaló que se respeta el derecho de audiencias y se brinda certeza jurídica a los usuarios del servicio financiero.
En contraposición, la diputada panista Patricia Terrazas Baca, señaló que la reforma no garantiza el debido proceso en el régimen de prevención del lavado de dinero, sino que le da un “perfil ministerial” a la UIF.
Calificó como increíble la vulneración al debido proceso y la importancia de la presunción de inocencia. Advirtió que no es sano dar más poder al Ejecutivo Federal, al tiempo que pidió que cese la filtración ilegal de información de la UIF sobre los asuntos que en estricto derecho solamente le deben de dar conocimiento al Ministerio Público.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Yunes Zorrilla (PRI) aseguró que la reforma afecta principios constitucionales fundamentales, ya que le da facultades a la UIF para bloquear cuentas y posesiones sin que medie mandato judicial.
Añadió que se lesionan los principios constitucionales de garantía de audiencia y de seguridad jurídica; “Nadie puede ser privado de sus derechos, de sus propiedades, de sus concesiones y de su libertad sin previo juicio; no acompañaremos una medida legislativa que estreche libertades, vulnere derechos y lastime posibilidades de crecimiento”.
En un comunicado, la UIF reconoció y agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen, además, señaló que “con esta reforma legal se introducen elementos para garantizar los derechos de quienes son incluidos en la lista de personas bloqueadas dentro del sistema financiero”.
Mencionó que al brindar una mayor seguridad jurídica en los procedimientos administrativos de la inteligencia financiera, “dará más certeza dentro del sistema mexicano de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La dependencia aclaró que “contrario a lo interpretado por algunos medios, la reforma aprobada no contiene ninguna nueva atribución de la UIF, la cual mantendrá las funciones conferidas en esta materia a la SHCP”.
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