Los diputados que conforman la alianza Va por México interpusieron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Presupuesto 2022, al considerar que transgrede el principio de progresividad.
Este principio, establecido en la reforma del 2011, “tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos”, argumentaron los integrantes de la alianza legislativa.
Los coordinadores de las bancadas del PRI, PAN y PRD, señalaron que es la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad, ya afirman que el presupuesto, como se aprobó, “recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas”.
El líder del PAN, Jorge Romero; PRI, Rubén Moreira, y del PRD, Luis Cházaro, argumentaron que existen varios programas que están destinados a la protección de las y los mexicanos en sus derechos, y agregaron que “estos permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo, y la protección a la mujer.
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“El problema es que con este presupuesto de egresos se están afectando estos derechos”, manifestaron, poniendo como ejemplo el sector salud, “donde el INSABI sigue todavía sin garantizar la cobertura y el presupuesto efectivo para beneficiarios. Mismos que sí se tenían con el seguro popular”.
En materia de salud, también señalaron que el recorte aprobado, de aproximadamente 10 mil millones de pesos, afectará el derecho al acceso a la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.
También acusaron que, en materia educativa, se dejó de lado la recuperación de programas destinados a apoyar a las escuelas en el combate del rezago educativo, principalmente en las zonas más vulnerables del país, además de que desaparecieron los programas de Escuelas de Tiempo Completo, el de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena.
En lo relativo al medio ambiente, se concretaron afectaciones al presupuesto para áreas naturales protegidas y la protección de especies y ecosistemas.
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Los diputados de oposición explicaron que las dos características de los derechos y los programas públicos que fundamentan la presentación de la acción de inconstitucionalidad son la progresividad y la no regresividad, “tanto el presupuesto de egresos en su conjunto, como los programas públicos en lo individual, deberían ser cuidadosos de estas características”.
“Exigimos un presupuesto federalista pensado en la gente”, publicó el líder de la bancada priista, Rubén Moreira, a través de su cuenta de Twitter, en la que presentó una imagen del documento recibido por la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte.
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