Empresarios y particulares tienen 180 días para cumplir con la instalación de un sistema de videovigilancia.
Por Estrella Pedroza
En Morelos empresarios y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) se unificaron para echar a bajo la ley de Videovigilancia -conocida como Ley “Big Brother”- por violentar garantías y derechos, debido a que los obliga instalar cámaras de videovigilancia en comercios y condominios y además a entregar copias de las grabaciones sin una orden judicial.
La ley “Big Brother” fue publicada en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el pasado 13 de agosto, y a partir de ese día, tanto empresarios como particulares, tienen 180 días para cumplir con la instalación de un sistema de videovigilancia.
La iniciativa de ley, que fue presentada por el ex presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia Marcos Zapotitla Becerro -hoy acusado por cometer presunta violación en contra de una de sus colaboradoras-, no fue socializada y además representa una violación a la privacidad de los morelenses, denunciaron cuatro de las principales organizaciones de empresarios en la entidad: Canaco, CMIC, AMDA, ADIEM.
Este jueves ofrecieron una conferencia de prensa, acompañados por el presidente de la CDHEM, Raúl Israel Hernández Cruz, en la que expresaron su preocupación por dicha medida.
Además, informaron la la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco) y el Consejo Coordinador Empresaria (CCE) iniciaron juicios de amparo contra dicha ley, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antonio Sánchez Purón, presidente de la Canaco, dio lectura a un pronunciamiento en la que destacaron los siguientes seis puntos:
- Toda la normatividad refiere que para las unidades económicas se tendrá una aplicación por incorporación voluntaria (convenio), pero al final de la misma en los artículos transitorios señala que es obligatoria para todos los establecimientos mercantiles. Esto a toda luz es una incongruencia.
- La ley no fue consensuada con las cámaras representativas del sector privado, como lo es Canaco, CMIC, AMDA, ADIEM entre otras, a pesar de ser una obligación comprendida en la Ley de Cámaras.
- Se considera que el proceso legislativo no fue legal, entre otras cuestiones, por no existir realmente una deliberación de su estructura, lineamientos y alcances con todos los diputados y con la ciudadanía, se considera fue impuesta, votada y aprobada en una sola sesión.
- Atenta contra las comunicaciones privadas, pues sin existir autorización expresa, la autoridad tendrá acceso a la misma a través de las grabaciones que existan.
- Impone adecuaciones a leyes y reglamentos municipales, lo cuales tratándose de seguridad pública se considera, además de invadir jurisdicciones o competencias municipales, que al carecer de certeza en su aplicación, entonces esas adecuaciones municipales seguirán la misma suerte.
- Aunado a que, aún para los que sea su voluntad celebrar convenio, se imponen algunas cargas y obligaciones que se consideran desmedidas e ilegales tales como proporcionar la base de datos de los trabajadores de un establecimiento mercantil a la CES, entre otros.
El presiente de la Canaco cerró “desde los organismos empresariales buscamos el desarrollo social y económico de nuestro estado en apego y cumplimiento al estado de derecho, pero cuando existen elementos que atentan contra la sociedad, levantaremos siempre la voz”.
En tanto, el ombudsman estatal, destacó que esta ley “es inconstitucional” porque “autoriza al responsable de un establecimiento a colocar e instalar cámaras no solo de imagen si no de audio y se puede estar grabando una conversación privada, y un comunicación privada no puede ser grabada de manera clandestina sin una orden judicial”.
Y precisó que “ esta Ley viola el derecho a la privacidad de las personas aunque estén en un lugar público”.