No son hechos aislados, sino “una falla estructural del Estado”, afirmó Nashieli Ramírez, ombudsperson capitalina.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) presentó este lunes nueve recomendaciones por casos de tortura ocurridos entre 1995 y 2018, contra 176 víctimas directas.
El 80 por ciento de los actos de tortura, 130, ocurrieron entre 2012 y 2018, afirmó en conferencia de prensa la ombudsperson local, Nashieli Ramírez Hernández.
Además de las 176 víctimas directas, 70 personas más fueron identificadas como víctimas indirectas.
Cinco recomendaciones incluyen casos de tortura cometidos en cárceles. La 10/2019 está dedicada, de forma general, a tortura en centros de reclusión de la Ciudad de México; la 11/2019, de manera específica a tortura contra jóvenes activistas privados de la libertad; la 12/2019 a tortura y discapacidad psicosocial; la 13/2019 a tortura en reclusorios varoniles, y la 14/2019 a muerte por tortura de personas recluidas.
Estas cinco recomendaciones fueron documentadas por la Segunda Visitaduría, a cargo de Iván García Gárate.
Las otras cuatro recomendaciones son sobre distintas violaciones a derechos humanos como falta de debida diligencia en investigación de tortura sexual (15/2019), tortura psicológica como herramienta de investigación (16/2019), tortura y malos tratos contra adolescentes (17/2019), y tortura como método de investigación en delitos de alto impacto (18/2019).
Estas fueron documentadas por la Cuarta Visitaduría, a cargo de Juan Carlos Arjona Estévez.
De acuerdo con Nashieli Ramírez, es imprescindible denunciar la relación entre la tortura y la corrupción en muchas formas. Desde la negativa por pagar cuotas en las cárceles, hasta la misión de obtener una declaración auto-incriminatoria. También la corrupción, en su modalidad de impunidad, permite que suceda esta grave y generalizada violación a los derechos humanos.
“Estas nueve recomendaciones no documentan hechos aislados de tortura, sino que, a partir de un análisis de contexto, están orientadas a dar cuenta de los casos individuales que, en su conjunto, evidencian una falla estructural del Estado, al actuar motivado por fines ajenos a los constitucionalmente legítimos”, afirmó la ombudsperson capitalina.
“No cabe duda”, añadió, “de que las autoridades responsables y la totalidad del Estado deben de asumir con carácter urgente, como una emergencia, que la tortura en el contexto de la prevención, procuración de justicia, contacto con el sistema penitenciario y ejecución de una pena, constituye un problema estructural”.