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Su profesión de docente la delata incluso cuando habla a través de una pantalla. Dorothy Estrada-Tanck (Ciudad de Mexico, 45 años) se expresa rápido y con claridad, aprovechando cada segundo como si en vez de una entrevista, estuviera dando una de sus clases de derecho a sus alumnos. A comienzos de este septiembre ha vuelto presencialmente a las aulas en la Universidad de Murcia, donde es profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, vicedecana de Relaciones Internacionales y también co-directora de la Clínica Jurídica.
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Con una trayectoria profesional centrada en el derecho internacional y los derechos humanos, su formación la llevó a estudiar en la Escuela Libre de Derecho en su México natal, en la London School of Economics and Political Science y en el Instituto Europeo de Florencia. En 2020 fue profesora visitante por la Universidad de Harvard con una estancia de investigación, que tuvo que interrumpir de manera presencial por la pandemia. Sin embargo, su afán investigador y docente no se ha visto detenido, y desde noviembre de 2020, es vicepresidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Discriminación en contra de Mujeres y Niñas.
Desde hace poco más de una década, este colectivo viene desarrollando una labor de visibilización y de denuncia sobre diferentes aspectos relacionados con la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas en todo el mundo. Similar en sus funciones al papel de otros mecanismos de Naciones Unidas como el de los relatores, depende del Consejo de Derechos Humanos, que opta por la creación de equipos de trabajo cuando quiere impulsar temas que están más diversificados y donde hay una pluralidad de opiniones.
Esta entidad surgió como una propuesta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010 para intentar tratar temas de discriminación sobre mujeres y niñas allá donde no llegaba el Comité CEDAU, la herramienta jurídica de la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, un tratado internacional que se adoptó por parte de la Asamblea General en 1979. “El mandato establece que toca identificar los retos para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, las formas de discriminación que hay, emitir informes sobre buenas prácticas, cómo podemos enfrentar esos problemas…”, explica Estrada, que fue elegida como representante de América Latina y el Caribe en cumplimiento de un mandato que busca la representación y diversidad de las cinco regiones del mundo.
Al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica y 140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, aunque muchas veces esto no garantiza su aplicación
La violencia física o sexual que sufren las mujeres es una de las formas de discriminación más frecuente, y, en mayor o menor medida, se produce en todos los países del mundo. Según datos de Naciones Unidas, al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica y 140 cuentan con legislación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo, aunque muchas veces esto no garantiza su aplicación o cumplimiento. Además de esta violencia explícita, existe otras discriminaciones como la brecha salarial, la persecución a las mujeres y hombres activistas, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la socioeconómica con una gran feminización de la pobreza, el agravante que ha supuesto la pandemia para el acceso a la educación, etc.
“Luego existen otros asuntos no tan visibles, como la transición a las energías renovables”, señala, haciendo referencia a la importancia de que la transición a las llamadas “energías verdes” se haga de forma justa e igualitaria en términos de género, y que las mujeres, tradicionalmente encargadas de las labores de búsqueda de combustible y agua en muchos países, no se queden atrás y puedan incorporarse a los nuevos puestos de trabajo que se generen.
Pero su gran preocupación (y del grupo) es el retroceso en la igualdad de género. A este tema dedicaron un Informe temático en 2018. En 2020, se volvieron a posicionar en un documento que utilizan para temas donde les interesa hacer una valoración especial desde la postura de los derechos humanos.
“Acudir a las causas raíz, no a los síntomas”
Las temáticas de trabajo suelen ser planteadas por las diferentes expertas, que también cuentan con el apoyo de un pequeño equipo de técnicos: “Tenemos estos dos escalones: como expertas, desde nuestra experiencia personal y profesional, y luego también las compañeras del equipo que traen a nuestra atención temas que nosotras no necesariamente vemos”. A la hora de plantear estas cuestiones, suelen trabajar directamente con muchas entidades y organizaciones locales que trabajan sobre el terreno, intentando, como afirma Estrada, “acudir a las causas raíz, no solo a los síntomas”.
Ese trabajo de visibilidad hace que se puedan llevar al Consejo de Derechos Humanos determinadas situaciones que, de otra manera podrían pasar desapercibidas. “En lugares de conflicto, donde hay extremismo ideológico o religioso… son ellas (las entidades locales) las que traen la información de lo que está pasando. Quizá ellos solos no tienen el músculo para lograr ciertos cambios, pero a través de nuestro micrófono pueden decir ‘en República Democrática del Congo está pasando esto’ o ‘en Sudán está pasando lo otro’”, aclara. Recientemente han presentado ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos un Amicus Curiae, un documento jurídico que apoya con argumentos y fundamentos legales, el trabajo de unas organizaciones en Nigeria que defendían que la prohibición de acceso a la educación a las menores que quedaban embarazadas era discriminatoria y violaba los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Derecho que no se ejerce es derecho que se pierde o se puede perder, incluyendo la libertad de expresión: el poder decir todas estas cosas y hacerlas visibles
La preocupación por la situación de las mujeres y niñas se da incluso, en realidades muy cercanas a la nuestra, en países como Hungría y Polonia. El auge de partidos de extrema derecha y de mentalidad conservadora en toda Europa, hace que la defensa de los derechos humanos de mujeres y niñas se plantee hoy en día como algo necesario en muchos contextos. “Derecho que no se ejerce es derecho que se pierde o se puede perder, incluyendo la libertad de expresión: el poder decir todas estas cosas y hacerlas visibles. Es una realidad que está en algunos países de la UE y también en movimientos transnacionales de lucha contra la igualdad de género”, insiste Estrada. En el mensaje emitido por el Grupo de Trabajo con motivo del pasado 8M, se planteaba esta idea como reflexión: si este es mi derecho, ¿por qué me voy a conformar con menos?
“A pesar del esfuerzo colectivo, político y social por parte de los gobiernos de asegurar ciertos mínimos, como el derecho al voto, la independencia económica, poder acceder al divorcio, la interrupción legal del embarazo y la autonomía reproductiva… Son temas que hoy se están cuestionando mucho en determinados contextos. Por eso diría en un primer momento que sí, la situación es preocupante en tanto que no hay que pensar que tenemos todas las batallas ganadas”, manifiesta Estrada. “Es contrario a los estándares y tratados internacionales de derechos humanos dar pasos atrás. Pero hay que preocuparnos cuando hay intenciones de que eso suceda. Hay que preocuparnos y ocuparnos en visibilizar lo que estos logros han supuesto, en conectar los feminismos de antaño con los que son más nuevos y que las niñas, niños y jóvenes estén conscientes de que muchas cosas de su vida de hoy en día que dan por hecho vienen de esas luchas”.
Para el 2022, el tema a trabajar en su informe temático anual será el activismo de niñas y mujeres jóvenes para lograr el cambio social, porque considera fundamental esa labor de participación y acción colectiva en diferentes partes del mundo, inspiradas en figuras como Greta Thumberg y los Fridays for Future o Malala Yousafzai y su lucha por la educación de las niñas. También le interesa ver cómo ha afectado la pandemia de la covid-19 a nivel de desigualdad socioeconómica y pobreza, y cómo tendría que ser una recuperación igualitaria para protegerlas. “En esta labor pedagógica y didáctica se necesitan modelos y liderazgos cercanos a la realidad de las personas a las que se habla. Si queremos lograr esos cambios desde la educación, tiene que haber referentes que los niños y niñas puedan ver de forma más cercana”, concluye.
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