Cuando nombraron a Flor Peña y a Alberto Venera para entregarles el premio por las buenas prácticas policiales en materia de protección animal todo el mundo se puso en pie.
La gala se celebró en Madrid el pasado 6 de octubre y estaban presentes los 15 equipos galardonados formados por agentes de la policía local, nacional y guardias civiles de toda España que habían acudido con sus mejores galas a unos premios otorgados por la Red de Protección Animal (REPA) en colaboración con la Dirección General de Derechos de los Animales del Gobierno de España. Cuando llamaron a Flor y Alberto el aplauso, según varios asistentes, también fue especialmente caluroso. Abrumados, los dos policías nacionales de Alcalá de Henares recogieron el premio vestidos de paisano. Llegaron al acto sin poder enfundarse el traje oficial de la policía. Esa había sido la última “humillación”, según sus palabras, de su comisario, que no les dio permiso para llevarlo en la gala “porque consideraba que no los representaban”. Todos los demás, incluidos los comisarios de la unidad de medio ambiente de la Policía Nacional, también galardonada, lo llevaban puesto, “como mandan los cánones”. Tenían un premio bajo el brazo pero también a los superiores de su comisaría en contra.
Una semana después de aquella gala, Flor y Alberto pasaron más de dos horas y media en un prestigioso despacho de abogados de la capital. Cansados, acudieron para obtener una segunda opinión y salieron dispuestos a gastar su última bala: ya preparan junto a Jupol, el sindicato de la policía que les ayuda desde hace meses, una demanda por acoso laboral. “Será difícil de demostrar, pero hay indicios de sobra para intentarlo”, cuenta ella.
Los dos agentes llevan cinco meses apartados de sus puestos de trabajo. Han dejado de patrullar la calle y los han mandado a los juzgados de Alcalá de Henares, la ciudad donde trabajan, para llevar a detenidos de los calabozos hasta la sala del juez. Aseguran que allí solo van los castigados [”solo una persona ha ido de forma voluntaria”] y se sienten humillados por ese correctivo. El motivo del enfrentamiento es la gestión de las denuncias de maltrato animal. Los dos policías han incautado hasta 40 ejemplares en dos años en situaciones de peligro, pero, según sus superiores, en algunos casos no han seguido el cauce administrativo correcto.
Ellos sostienen que el motivo del enfrentamiento es que el maltrato animal no es una prioridad para sus jefes, que los instaban a atender otros delitos. La situación llegó a tal punto que se practicó una investigación interna para determinar si se han excedido en sus competencias. Dicha investigación concluyó, en un escrito al que ha accedido EL PAÍS, que ambos agentes actuaron correctamente y que hicieron una labor “loable y digna de admiración”.
Atención a otros asuntos
El comisario de Alcalá de Henares ha declinado responder a las preguntas de este periódico sobre un caso que con toda probabilidad acabará en los juzgados, según avanza Javier Otero, representante de Jupol: “Cuando analizamos la situación buscamos solucionarlo sin llegar a judicializar el tema, pero ya era imposible. Ha sido necesario acudir a medidas más drásticas”.
No pensó lo mismo SUP, otro sindicato policial al que pertenecían Flor y Alberto y que, después de analizar el caso, no apoyó sus reclamaciones porque consideraron que los dos agentes no estaban siguiendo los cauces apropiados para tramitar estas denuncias.
Fuentes de la policía defienden que los agentes nacionales se deben enfocar en temas más importantes. “La local es la que tiene las competencias en temas de maltrato animal y estos agentes estaban dejando de hacer otras funciones por dedicarse a esto”. Aseguran que estaban tratando estos temas “de forma irregular, no por el modo habitual de trasladar las denuncias a la comisaría y que estos lo elevaran a la Policía Local o a la delegación de gobierno y se les advirtió varias veces”. Por eso se decidió quitarlos de la calle. “Se ha seguido el protocolo habitual cuando dos agentes no cumplen con sus prioridades”.
Ellos niegan que dejaran de atender otros asuntos. Se amparan en que el maltrato animal está recogido en el Código Penal y consideran que cualquier agente de la ley debe actuar ante un delito, sea un hurto, una agresión sexual o un maltrato hacia los animales. Por eso mismo, explican ambos, 50 policías nacionales recibieron un curso en Alcalá de Henares hace un año, para saber cómo actuar ante denuncias de este tipo. Estuvo organizado por el sindicato SUP y en aquel momento sus superiores no pusieron problemas para ponerlo en marcha.
Flor reconoce que, ante la presión que estaban recibiendo, temía recibir alguna denuncia relacionada con animales. “Pero si lo ves con tus ojos o te llama un ciudadano, ¿qué haces?, ¿dejas de hacer tu trabajo? Yo sé que al final, si lo veo, tengo que hacer algo”.
Mati Cubillo, presidenta de la asociación Justicia Animal, que forma parte de REPA junto a la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol), la Sociedad Española de Criminología (Secrim) y la Asociación Española de Seguridad Pública por la Protección Animal (Aespa), les da la razón. Explica que su asociación denuncia situaciones de maltrato en todo el territorio nacional y que, ante esas denuncias, suelen acudir agentes nacionales y municipales por igual. Por eso mismo, la policía nacional Montserrat Torres, de Huelva, también recibió otro de los galardones el pasado 6 de octubre. “Sin embargo, allí, en su comisaría, su jefe abrió las puertas para que le hicieran un reportaje, porque era un motivo de orgullo. Con Flor y Alberto está pasando algo muy grave, nunca visto. Yo creo que ya debería actuar [el ministro de Interior, Fernando] Grande-Marlaska. Llevo 30 años dedicándome a esto y nunca he visto nada igual”.
Flor admite tener los nervios a flor de piel. No sabía lo que era la ansiedad hasta ahora y teme recibir llamadas a deshoras de sus jefes pese a llevar 10 años trabajando en esa comisaría y tener un bagaje “impoluto”. Por eso va con todo, dice, porque quiere evitar acabar con una mancha en su expediente. Lleva consigo dos enormes carpetas con todo el material que ha acumulado en los últimos meses. Las abre sin miramientos en una terraza de Alcalá de Henares y muestra, por ejemplo, las fotos de un dogo argentino que encontraron en el sótano de una casa. En las imágenes, se ve al perro en los huesos y el suelo lleno de heces y trastos acumulados. El animal no salía nunca de esas cuatro paredes y los vecinos denunciaban que intentaba salir por la ventana una y otra vez. Esa es una de las denuncias que han atendido durante este tiempo y que han puesto en tela de juicio su profesionalidad.
Recogida de animales
Una vez llegaban al lugar y veían una posible situación de maltrato, los agentes llamaban al centro de acogida de animales del Ayuntamiento de Alcalá, que trabaja 24 horas, para que se llevaran al animal. Después, los servicios veterinarios del consistorio emitían un informe y en todos ellos, sin excepción, les dieron la razón. “Eso muestra que no se equivocaron cuando requisaron los animales”, insiste Cubillo.
Hasta el pasado mayo, Alberto lideraba un grupo que trabajaba en el turno de noche con 10 agentes a su cargo (entre los que se encontraba Flor) y patrullaba la noche alcalaína atendiendo, asegura, cualquier tipo de delito.
Y también asegura que ya no puede más, al igual que Flor. Lo están pasando realmente mal. Ella ha decidido vaciar su taquilla y devolverla por miedo a que un día se encuentre dentro algo que le incrimine en algo más gordo. Los dos admiten que deberían haber recurrido a ayuda profesional, pero no lo han hecho por miedo a que suponga otra mancha en su expediente y les retiren la placa.
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