La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de los tres protagonistas del documental ‘Duda Razonable’: Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes fueron sentenciados en 2018 a 50 años de cárcel por secuestro.
El Pleno de la Corte otorgó este jueves un amparo liso y llano por unanimidad a favor de los tres tabasqueños que aparecieron en la cinta dirigida por Roberto Hernández para la plataforma Netflix.
Los acusados y hasta ahora presos fueron detenidos en junio de 2015 luego de un incidente de tránsito en el municipio de Macuspana, Tabasco, en el que la otra persona involucrada, un ganadero, cuyo nombre está en reserva, sostuvo que habían intentado secuestrarlo.
En febrero de este año la SCJN determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del caso, luego de que el documental generara un enorme interés nacional e internacional desde que se estrenó el 23 de noviembre del año pasado.
Durante la sesión de este jueves, el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, consideró que “la totalidad de la condena se sustenta en las declaraciones de la presunta víctima y su hijo las cuales no se encuentran corroboradas”.
“Es imposible utilizar el señalamiento de esta víctima en contra de los imputados ni mucho menos derrotar la presunción de inocencia”, planteó Zaldívar, y agregó que “la defensa planteó una hipótesis de inocencia sólida y coherente”.
El ministro agregó que, “los interrogatorios de los agentes de policía no hacen sino generar dudas. Cometieron diversos errores. No preservaron correctamente el lugar de los hechos. No recabaron testimonio. No solicitaron videograbaciones, La declaración en que se apoya la condena no fue corroborada”.
El ministro Luis María Aguilar sostuvo que “la fiscalía de Tabasco tenía la responsabilidad constitucional y legal de obtener los videos, testimonios y materiales, empero les bastó con la denuncia con las presuntas víctimas, sin corroboración alguna”.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que es necesario “dar vista a las autoridades para investigar a los responsables”.
“Es grave el grado de impunidad que prevalece en nuestro sistema penal como grave es sentenciar a una persona inocente”, declaró Esquivel, y agregó que la Corte no debe “guardar un silencio cómplice ante lo ocurrido”.
Durante la sesión, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena consideró que “el costo que genera la negligencia y el desinterés de las autoridades de procuración de justicia encargadas de investigar los delitos siempre va en perjuicio de sus propias pretensiones, nunca contra los inculpados”.
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