El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Statups, con el objetivo de “atraer talento e inversión” y dar apoyo a “empresas de rápido crecimiento y base tecnológica”. La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha asegurado hoy que la nueva normativa surge en un momento en el que cada vez hay más nómadas digitales, emprendedores e inversores que pueden trabajar desde cualquier lugar del mundo y ha señalado que “esta ley pondrá a España a la vanguardia de Europa en la creación de este tipo de compañías, clave para la recuperación económica”.
Fuentes de Economía explican que el texto ha sido “sustancialmente mejorado”, tras someterse a audiencia pública y escuchar al ecosistema emprendedor. “El sector nos pidió un esfuerzo adicional, que eleváramos nuestra ambición, y que corrigiéramos algunos aspectos que quedaban ambiguos en su anterior redacción, y lo hemos cumplido”, dicen.
Por ello, además de reducirse el tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, la nueva ley facilita el uso de las stock options como forma de retribución. Y es que se eleva su exención fiscal de 12.000 a 50.000 euros anuales (antes se había ampliado a 45.000) y se retrasa su tributación al momento en que se hagan líquidas, ya sea por la venta de las acciones o por la salida a bolsa de la empresa. Igualmente, se flexibilizan las condiciones de generación de autocartera en sociedades de responsabilidad limitada.
La ley también eleva la base máxima de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación de 60.000 a 100.000 euros anuales y a este incentivo fiscal no solo se podrán acoger los inversores sino también los propios emprendedores. Además, el tipo de deducción pasa del 30% al 50%, y se amplía el periodo en el que se considera una startup de reciente creación, que sube de tres a cinco años, con carácter general, o a siete para empresas de ciertos sectores (biotecnología, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España).
Con la nueva normativa, las startups podrán solicitar el aplazamiento de la deuda tributaria del impuestos de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y se elimina la obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no residentes en los dos años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva.
En cuanto a la tributación del carried interest (comisión a éxito de las gestoras de capital riesgo) la exención será de hasta 50%, aunque se mantiene su tributación como rendimientos del trabajo y no como rentas del capital mobiliario en el IRPF, como había reclamado el sector.
Visado de hasta cinco años
Las mismas fuentes señalan que para atraer talento, se mejora el régimen fiscal del impuesto sobre la renta de no residentes aplicable a directivos y empleados de las startups, inversores y “nómadas digitales” (personas en teletrabajo desplazadas temporalmente a territorio español) y sus familiares, que podrán acceder a un visado especial de hasta cinco años. Asimismo, se favorece el retorno del talento al rebajar de 10 a cinco años la no residencia previa en España para acceder a este régimen especial.
También, y como incentivo social, se elimina la doble cotización a la Seguridad Social para los emprendedores que mantengan de forma simultánea un empleo por cuenta ajena durante los tres primeros años.
El proyecto de ley recoge otras medidas en favor de las startups, como el fomento de la compra pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución.
Las fuentes citadas no quisieron revelar datos sobre el impacto presupuestario de todas estas medidas fiscales, pero sí dijeron que están convencidos de que es una ley que “va a impulsar la creación de empleo y el crecimiento económico”. El Gobierno espera que entre en vigor en torno a verano de 2022 tras su trámite parlamentario. “En las conversaciones informales que hemos tenido con los diferentes grupos políticos hemos visto que es una ley muy bien acogida”, dicen desde Economía.
Sí al emprendimiento en serie
El Proyecto de ley, tal y como será aprobado este viernes, si contempla ya la figura del emprendedor en serie, de modo que se podrán beneficiar de la condición de startups hasta tres proyectos seguidos del mismo emprendedor. Las fuentes citadas reconocen que antes no se incluía “porque queríamos evitar el fraude, es decir, que una persona disolviera una empresa cuando se acercaba a los cinco años de vida de la startup y volviera a crear otra con los mismos activos para alargar los beneficios que le aportan la ley otros cinco años más. Nuestra intención nunca fue limitar el emprendimiento en serie”.
También prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores en la constitución de sociedades limitadas, así como en la publicación en el BORME; la creación de la empresa por medios telemáticos y en un plazo de seis horas, y la no obligatoriedad de obtener el NIE para los inversores no residentes, exigiéndoles solo el NIF. En esta línea, las fuentes del Ministerio de Economía recuerdan que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia hora su tramitación parlamentaria, será posible crear una empresa con un solo euro de capital social.
La ley de las startup, que prevé la creación de sandboxes o licencias de pruebas en sectores regulados, establece igualmente una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), para la declaración del carácter innovador de la empresa y el acceso a los beneficios previstos en la ley. Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como puntos de información sobre las medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español e inglés.
El proyecto de ley define el concepto de startup y se dirige a las empresas de nueva creación o de menos de cinco años (7 en los casos antes apuntados), independientes de otras empresas, que no coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan un volumen de negocios anual de hasta cinco millones de euros.
Las fuentes de Economía remarcan que la nueva ley quiere responder a las necesidades presentes y futuras de las empresas emergentes, por eso no incluye medidas para las llamadas scaleups, startups en fases de fuerte crecimiento. “Es en los tres primeros años cuando muere el 60% de las startups y con las medidas de incluimos en esta ley buscamos que puedan sobrevivir; esas otras compañías pueden beneficiarse de la Ley de Crea y Crece”, continúan las mismas fuentes.
Desde el ministerio no dudan en que si con las barreras que había actualmente para estas compañías se ha alcanzado en España la cifra de 10.000 startups y se ha logrado este año un récord en inversión en el ecosistema emprendedor español, “la nueva ley ayudará enormemente a la creación de muchas más empresas en el país”.
Junto a esta ley, que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, el Gobierno ha desplegado medidas de financiación para favorecer el crecimiento de las startups, como el FondICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión alcanza los 4.000 millones de euros, y la Línea de ENISA dirigida a empresas emergentes dirigidas por mujeres, que cuenta con un presupuesto de 51 millones de euros, para reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento innovador.
Source link