En menos de una semana, el narco mexicano incendió cinco Estados del país. Coches y autobuses en llamas para bloquear carreteras, tiendas cubiertas de plomo en nombre del cartel Jalisco, negocios atacados con cócteles molotov con empleados dentro, clientes de una pizzería acribillados a balazos a sus puertas, ciudades completas atemorizadas porque el terror de la violencia tocaba de nuevo su tierra. Mientras el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trataba de calmar a la ciudadanía alegando que lo sucedido no era más que una respuesta de un narco “debilitado” por sus políticas, crecieron las sospechas de que algo así podía volver a suceder en cualquier sitio. Cuatro días después de la declaración de las autoridades, el narco en Colima repitió los ataques. Y algunos expertos dudaron de la explicación oficial.
El analista de seguridad y director de Lantia, una de las consultoras más importantes en temas de violencia, Eduardo Guerrero, coincide en que los ataques coordinados del crimen organizado son una respuesta del combate del Gobierno a la delincuencia. También, la consecuencia macabra de un mapa criminal pulverizado por cientos de organizaciones más pequeñas con la capacidad de sembrar el caos en cualquier rincón. Pero matiza: “El narco no está debilitado. Está más fuerte que nunca”.
Pregunta. ¿Hay alguna explicación de por qué el crimen organizado se ha levantado de esa forma contra la población?
Respuesta. Las reacciones que hemos tenido en la coyuntura actual tienen dos resortes. El primero es que ha habido una ola de detenciones de alto perfil, tanto de cárteles con poder nacional [cartel Jalisco Nueva Generación y Sinaloa], como de células locales que están generando problemas graves al interior de estas organizaciones, por temas de nuevos liderazgos. Y, por otro lado, hay un fenómeno de escisiones, sobre todo al interior del cartel Jalisco, en Michoacán y el centro del país. Parece que las células que comanda no están obedeciendo las órdenes de la cúpula. Y para Jalisco es muy importante mantener la disciplina y castigar la desobediencia.
Sobre el primer punto, ellos saben muy bien que este tipo de ataques generan mucho miedo en la población y presionan para crear inconformidad hacia sus gobernantes, que van desde el alcalde, al gobernador, hasta el propio presidente. Lo hacen con dolo de generarle daño a la popularidad de las autoridades públicas. Lo que hemos visto estos días ha desvelado el tipo de estrategia del Gobierno que anuncia los “abrazos, no balazos”. Por lo que vemos, esto no significa que no hayan tocado a los grupos criminales, sino que no quiere confrontaciones directas que deriven en matanzas, con ejecuciones extrajudiciales masivas. Pero el Gobierno sí está muy activo en el tema de las detenciones, también ha influido la presión del Gobierno de Estados Unidos, enfático en debilitar a Jalisco y Sinaloa, a quienes culpa del tráfico de fentanilo que ha matado a miles en su país.
P. ¿Qué tiene de novedoso lo que observamos hoy con lo que ha sucedido años antes, con gobiernos anteriores?
R. El narco mexicano, sobre todo el del norte del país y centro, es un narco que siempre reacciona de manera muy violenta cuando se siente amenazado. Lo hemos visto anteriormente. La novedad es que fueron acciones simultáneas en varias ciudades importantes, eso te revela una buena capacidad de coordinación al interior de las organizaciones y el afán de exhibir su fuerza para presionar al Gobierno contra los arrestos delictivos.
La gran diferencia con lo que sucedía con Felipe Calderón [de 2006 a 2012], es que cuando se hacían entonces detenciones de alto perfil, las tasas de homicidios se disparaban y en esa región había muchísimos muertos durante semanas. Ahora estamos viendo una tendencia a la baja, es completamente diferente. No puedes culpar al Gobierno de detenciones que generan violencia local, porque en 24 Estados las cifras van hacia abajo, incluidos Jalisco, Baja California y Chihuahua.
Pese a que las detenciones han dado buenos resultados, hay otro fenómeno preocupante que se ha vuelto una opción para bajar la violencia, pero que tiene efectos perversos. Y es procurar que haya monopolios criminales en algunos municipios o Estados. Por ejemplo, en Durango hay una hegemonía de poder del cartel de Sinaloa y los delitos son bajos, casi no hay homicidios ni robos, pero sí el cobro de cuotas, extorsión. Lo mismo sucede en Sinaloa, donde vimos además que con gran descaro el cartel intervino en la elección del último gobernador.
Se hace un trabajo coordinado de las autoridades para pactar con determinados grupos y evitar sus luchas, así de manera gradual se expande el poder de un solo grupo. En Lantia teníamos una lista de candidatos a alcalde en las últimas elecciones con presuntos vínculos criminales, eran entre 30 y 40 candidatos. La mitad ganaron la elección y ahora son alcaldes. Los capos ganan las elecciones y eso ha provocado la construcción de monopolios del crimen locales que pacifican la zona, pero pervierten la democracia y la operación de las agencias de seguridad. Las intromisiones del narco han quedado impunes, no tenemos noticias de que haya persecución o investigación. Ni siquiera en un caso tan cínico como el de Sinaloa.
P. Lo que hemos visto en Ciudad Juárez, es que grupos no tan grandes tienen la suficiente capacidad de fuego como para sitiar una ciudad, ¿ha aumentado el poder de las bandas locales?
R. La política del Gobierno de no confrontación directa propició el repliegue del Ejército en ciertas zonas rurales y suburbanas. En estas regiones se ha expandido la presencia de organizaciones que ya existían y además el surgimiento de nuevas células. Al inicio de la administración contábamos 250 células locales y ahora tenemos 350 registros. Y estas células tienen una capacidad de fuego impresionante, por ejemplo La Empresa, que aterroriza gente en el Estado de México y Guerrero, atentó contra una alcaldesa de Pilcaya con fusiles Barret de calibre 50. Un arma carísima y difícil de conseguir y parece que ellos las tienen por decenas. Como este grupo hay muchos más. Esta expansión de la presencia criminal es muy alarmante porque va aparejada a un tema de control territorial, al menos de carácter intermitente, sobre todo en horarios nocturnos. Se adueñan de tramos carreteros, y también intensifican un trabajo de cobro de cuota en corredores industriales y comerciales. En el caso de Juárez, Los Mexicles [los que provocaron la violencia reciente] es una pandilla con muchos años de historia, que es binacional, muchos son estadounidenses y mexicanos, apoyados por el cartel de Sinaloa que ahora trae una pelea con La Línea. Tienen una gran capacidad para generar disturbios y gobiernan varias prisiones.
P. ¿Qué papel juegan los dos grandes cárteles de la droga, el de Jalisco y el de Sinaloa en el mapa criminal actual?
R. Los cárteles deben irse concibiendo cada vez más como coaliciones de células criminales. Más que la idea que tenemos de que son organizaciones muy jerarquizadas, con mando central, cada vez más hay un fenómeno de descentralización y son grandes coaliciones. Yo apostaría a que, de los disturbios que vimos estos días, la gran mayoría de ellos fueron intstruídos o contaron con la avenencia de uno de los dos grandes cárteles, porque aglutinan a la gran mayoría de las células locales.
El mercado criminal mexicano tiene un carácter oligopólico, donde las grandes células absorben a las pequeñas y las pequeñas buscan la manera de independizarse. Y en ese forcejeo constante, los grandes cárteles cooptan una cantidad de células y otras tienen éxito en la independencia, como Los Viagras, Los Zetas Vieja Escuela o el cartel de Caborca.
Aún así, considero que ha habido una consolidación en la presencia de ambas organizaciones. El cartel de Sinaloa y Jalisco están en todos los Estados del país y en los negocios criminales más rentables, tanto narcotráfico como extorsión. Han entrado a nuevos mercados, como el robo en transporte de mercancías, camiones o ferrocarril y en el del gas. El robo de combustible ha vuelto a subir en Estados como Puebla o Hidalgo.
P. Y con los eventos recientes, ¿cuál cree que es el mensaje de fondo que los criminales están enviando al Gobierno y a la sociedad?
R. El mensaje no solo es al Gobierno federal sino a los estatales. Es que rápidamente pueden enrarecerles el ambiente social, pueden generar muchos disturbios que provoquen descontento y miedo en la población. Y que además lo pueden hacer de manera simultánea, lo cual desconcierta y desorienta a las autoridades. Esto, de manera generalizada, puede tener un impacto en las tasas de aprobación de alcaldes, gobernadores o del mismo presidente, si se generalizara un ambiente de conflictividad e inestabilidad en el país.
P. ¿Se ha hablado de narcoterrorismo, ¿qué riesgos implica ese debate?
R. Es un tema complejo porque comprende muchas connotaciones legales, tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, el Congreso de Estados Unidos ha amenazado en repetidas ocasiones al Gobierno mexicano de clasificar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas y eso traería implicaciones de largo alcance para el país que incluso podrían afectar las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.
Estoy completamente de acuerdo con que lo que hemos visto son tácticas terroristas, y que se ejercen además con sus brazos armados de sicarios con carácter militar. Por eso necesitamos a una Guardia mejor armada, militarizada, que enfrente a estos grupos que pueden cometer estos actos de barbarie en cualquier momento.
P. El Gobierno ha explicado que los últimos ataques son la respuesta desesperada de un “narco debilitado”, ¿está de acuerdo?
R. El narco mexicano no está debilitado, está más fuerte que nunca. De hecho, las dos organizaciones criminales más grandes, el cartel Jalisco y el de Sinaloa, están más que consolidadas. Más bien, las reacciones lo que reflejan es una irritación por parte de los mandos criminales pero, sobre todo, una advertencia al Gobierno de que si continúa una política de arrestos sistemática hacia mandos criminales de alto perfil, ellos tienen la capacidad de crear caos, en cualquier parte del país, especialmente en las zonas rurales y suburbanas de México.
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