El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución entre las comunidades autónomas de 666,5 millones de euros para crear 65.382 plazas de educación infantil de titularidad pública para niños de cero a tres años. Y de otros 87,7 millones para reforzar la Formación Profesional en sectores estratégicos. El Gobierno también ha aprobado el nuevo decreto de evaluación, por el que, salvo en el Bachillerato, pasar de curso ya no estará vinculado directamente al número de suspensos, sino a lo que el equipo de profesores consideren mejor para la evolución académica del alumnado, como adelantó EL PAÍS en junio.
El Ministerio de Educación fijó al principio de la legislatura la expansión de la cobertura de la escolarización infantil como uno de sus principales objetivos. Y en mayo anunció la creación de 65.382 plazas públicas, que serán financiadas con el fondo europeo de recuperación. El plan del Ejecutivo es que las comunidades creen las plazas entre este año y 2023 con los fondos finalistas que va a transferirles: 200,7 millones este año, 331 millones el que viene y 134,7 millones el siguiente.
La Ministra de Educación, Pilar Alegría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida “aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos”. Alegría ha recordado que la escolarización en el primer ciclo de infantil se sitúa en el 38,3%, pero con grandes diferencias según la riqueza de las familias: mientras que en los hogares humildes se sitúa en el 26,3%, entre los de rentas más elevadas alcanza el 63,5%.
Las investigaciones sobre el efecto de la escolarización en el primer ciclo de infantil indican que resulta beneficiosa para la posterior trayectoria educativa del alumnado, especialmente del que procede de entornos desfavorecidos. A la hora de invertir los fondos, ha afirmado la ministra, las comunidades deberán “priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales”.
Pérdida de alumnado
La medida es rechazada por el sector de las escuelas privadas, que atraviesan un momento muy delicado. El conjunto de la enseñanza infantil perdió el curso pasado casi 80.000 alumnos como consecuencia de la pandemia y de la caída de la natalidad. Pero mientras las escuelas infantiles el sector perdieron un 14,2% de los alumnos, la matrícula de las privadas cayó un 19,8%.
Al otro lado, los actores de la comunidad educativa más cercanos al Gobierno, como la confederación de asociaciones de familias Ceapa, mayoritaria en la escuela pública, así como los sindicatos de profesores progresistas habían reclamado al Ministerio de Educación que la financiación de esta etapa se centrara en la red pública, y que no se reeditara el modelo de conciertos que ya funciona en la educación obligatoria (seis a 16 años) y que algunas autonomías han extendido al Bachillerato.
Los cuatro territorios que más fondos recibirán hasta el año 2023 para la financiación de las plazas de infantil serán Andalucía (123 millones), Cataluña (110,9), Comunidad Valenciana (69,6) y Madrid (53,5).
Sectores estratégicos
Los Ejecutivos autonómicos deberán destinar la inyección de 87,7 millones de euros para FP aprobada por el Gobierno (que también proceden del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia financiado por la UE) a acciones de formación y recualificación de la población activa en sectores estratégicos, como “la tecnología avanzada de la información” y los “nuevos materiales”, pero también la hostelería y el turismo. Así como a sectores vinculados “al cuidado de personas” y a zonas que están experimentando procesos de despoblación.
Menos repeticiones
El nuevo decreto de evaluación, que desarrolla lo previsto en la ley educativa aprobada en diciembre, la Lomloe, contempla que los alumnos pasarán de curso en primaria y la ESO (de seis a 16 años) cuando el equipo de profesores considere que es mejor para su futuro académico, independientemente del número de suspensos (ahora el máximo son tres). La repetición de curso deberá ser algo excepcional y los centros deberán activar los planes de refuerzo en cuanto se detecte que un estudiante tiene dificultades. En Bachillerato, se mantiene el límite de dos suspensos para poder pasar de primero a segundo, pero el alumnado podrá hacer la selectividad con una asignatura pendiente si cumple una serie de condiciones (como no haber faltado a clase) y así lo decide también el equipo docente. Este curso ya no habrá exámenes de recuperación en la ESO.
Rechazo de las comunidades del PP
Siete comunidades ya aplican dicho sistema, aprovechando la normativa educativa excepcional aprobada por la pandemia. En cambio, las cinco autonomías gobernadas por el PP han expresado en los últimos meses su rechazo a la medida en distinto grado. Madrid ha vuelto a ser este martes la más crítica. “El Gobierno de Pedro Sánchez pretende regalar los títulos de Educación Secundaria Obligatoria dejando a un lado y condenando a la irrelevancia absoluta el conocimiento y los resultados académicos de los alumnos en las diferentes materias”, ha afirmado el consejero de Educación del Ejecutivo regional, Enrique Ossorio.
La repetición está muy arraigada en España. El porcentaje de alumnos que repiten al menos un curso alcanza el 28,7%, casi el triple que la media de la OCDE. Y los pocos países del entorno europeo que compartían dicha tradición con España, como Francia y Portugal, la han reducido significativamente en los últimos años siguiendo las recomendaciones de la OCDE, que considera la repetición una herramienta poco eficaz y cara para evitar el fracaso y el abandono escolar temprano (que España encabeza en la UE).
“Intentamos promover un esfuerzo basado en la motivación no en el castigo” para que los alumnos alcancen el “mejor aprendizaje posible”, ha dicho la ministra, que se ha mostrado segura de que, a pesar de sus declaraciones, todas las autonomías aplicarán el decreto.
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