La Administración de Donald Trump tiene previsto redirigir fondos de ayuda al desarrollo para Centroamérica hacia el apoyo a Juan Guaidó y el movimiento opositor al chavismo en Venezuela. Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado a EL PAÍS que el Gobierno está trabajando en una “reprogramación” de parte de estos recursos y que la decisión “es coherente con la directriz del presidente de que Estados Unidos no destine nuevos fondos para programas en El Salvador, Honduras y Guatemala”.
Estados Unidos reconoció a Guaidó como presidente interino de Venezuela el pasado 23 de enero, un desafío al régimen de Nicolás Maduro que fue seguido pronto por Canadá, varios países latinoamericanos y las principales potencias europeas. Más de 50 Estados en total. Pero a punto de cumplirse seis meses, el líder chavista sigue aferrado al poder, parapetado en buena parte tras el Ejército y con el apoyo exterior de Rusia, China y Cuba. Mientras, la oposición trata de mantener una estructura de Gobierno, aunque sin poder efectivo sobre la vida diaria, y una red diplomática en el exterior que trata de promover su causa.
La Administración de Trump busca invertir en “buena gobernanza, derechos humanos, asistencia técnica para el Gobierno de Guaidó, medios independientes y sociedad civil”, con el objetivo de “restaurar la democracia en Venezuela”. Las mismas fuentes recalcan que “ninguno de los fondos programados de El Salvador, Honduras y Guatemala son de ayuda humanitaria, todos corresponden a ayuda al desarrollo”. El martes, Los Angeles Times publicó la primera información sobre este asunto citando un memorando de la Agencia de Ayuda al Desarrollo de Estados Unidos y cifrando en 41 millones el montante retirado de Guatemala y Honduras.
Washington no confirmó ninguna cuantía e indicó que el proceso está aún en marcha. “Estamos trabajando con el Congreso, explorando la reprogramación de parte de los fondos hacia la promoción de la democracia en Venezuela, lo que incluye el apoyo al Gobierno interino de Guaidó y la Asamblea Nacional [controlada también por la oposición a Maduro]”, dijo el Departamento de Estado. Estados Unidos es, con diferencia, la potencia más involucrada en el respaldo a la oposición antichavista, ha redoblado el régimen de sanciones al régimen y acogido a altos cargos que han desertado del mismo, como por ejemplo el exjefe de los servicios de inteligencia, Cristopher Figuera.
Juan Guaidó asegura no tener información sobre el desvío de fondos. “Nosotros no tenemos información con respecto a eso. De haber algún préstamo, lo evaluaremos”, aseguró a EL PAÍS. El jefe del Legislativo. “La situación es crítica en Venezuela y la lucha es ardua, todos somos voluntarios casi”, siguió. Desde hace dos semanas, una delegación de Asamblea Nacional mantiene conversaciones en la isla de Barbados con representantes del Gobierno para explorar la posibilidad de abrir una vía de diálogo. Estos encuentros, auspiciados por Noruega, se reactivaron después de que la oficina de Derechos Humanos de la ONU, liderada por Michelle Bachelet, emitiera un demoledor informe sobre la restricción de libertades bajo el régimen de Maduro. El documento denuncia unos abusos policiales y apunta una cifra atroz de muertes atribuidas a casos de “resistencia a la autoridad”: 5.287 solo en 2018.
El intento marca, de por sí, diferencias con el estilo más agresivo que había caracterizado el protagonismo de Washington en la crisis venezolana. Sin embargo, Guaidó asegura que no renuncia a ningún frente de lucha. Es decir, además de buscar una salida negociada del sucesor de Hugo Chávez, reclama también la aplicación de más sanciones y está dispuesto a aceptar cualquier ayuda que redoble la presión y facilite lo que es desde hace meses el mantra de la oposición: “Cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres”.
El recorte de las ayudas a Centroamérica tiene lugar en plena ola de llegada de familias migrantes desde esa región, a las que ha endurecido además las condiciones de asilo de forma que prácticamente les hace la opción imposible: la mayoría de solicitantes que haya pasado por otro país antes de EE UU quedarán excluidos, lo que afecta a los miles de extranjeros que cruzan México para llegar a la frontera estadounidense.
El pasado marzo Trump anunció que reduciría la ayuda exterior a Centroamérica precisamente como represalia por lo que consideraba falta de esfuerzo por controlar la salida de migrantes en dirección a Estados Unidos. El Departamento de Estado no tardó en enviar una carta al Congreso en la que informaba de poner en marcha la decisión del mandatario y “finalizar los programas de ayuda exterior para el Triángulo Norte correspondientes a los ejercicios fiscales de 2017 y 2018”, es decir, que se trataba de ayudas ya aprobadas.
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