Estados Unidos ha confirmado su apuesta por el nuevo acuerdo de seguridad con México, conocido como Entendimiento Bicentenario, para intensificar luchar contra el narcotráfico. El informe anual del Departamento de Estado sobre la estrategia internacional de lucha contra las drogas publicado el martes resalta como meta crucial de la política nacional y de la cooperación bilateral la aplicación de ese plan. “El marco estableció un enfoque integral a largo plazo para las acciones binacionales para lograr la seguridad de nuestras sociedades”, señala el reporte en referencia a ese programa, anunciado en Ciudad de México en octubre del año pasado. La dependencia a cargo de Antony Blinken recuerda también a la Administración de Andrés Manuel López Obrador la “responsabilidad compartida” de cortar de raíz la amenaza del tráfico ilegal de drogas.
Las organizaciones criminales mexicanas que controlan el narcotráfico, encabezadas hoy por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mantienen según el documento “una presencia global significativa, incluso en Europa, Asia y África, y la mayor parte de la heroína, las metanfetaminas, el fentanilo y sustancias análogas consumidas en Estados Unidos tienen su origen en México”. Varios territorios del país sufren una nueva crisis de seguridad por una nueva guerra entre cárteles, mientras que al otro lado de la frontera el consumo de opioides se ha incrementado dejando más de 100.000 muertos entre 2020 y 2021. En este contexto, Washington manifiesta su profunda inquietud por las actividades de las mafias transnacionales. Y por ejemplo, señala el informe, “el rápido traslado de la producción de fentanilo de la República Popular China a México refleja otra tendencia extremadamente preocupante”.
Este año, por primera vez desde que la llamada Iniciativa Mérida —el anterior acuerdo de seguridad suscrito con la Administración de George W. Bush— quedara olvidado en un cajón, el análisis del Departamento de Estado hace hincapié en los propósitos comunes del presidente Joe Biden y de su homólogo mexicano. El Entendimiento Bicentenario, hace hincapié el texto, “promueve un enfoque de salud pública y seguridad basado en evidencias y destinado a reducir la demanda de drogas y las sobredosis, salvar vidas, garantizar la equidad racial y fomentar los esfuerzos comunitarios de prevención del delito”. El plan, en última instancia, busca “reducir la capacidad de las organizaciones criminales para traficar con drogas, armas y otros bienes ilícitos”.
El objetivo central del programa es en cualquier caso disminuir los insoportables niveles de violencia en los dos países, aunque este acuerdo pretende ahondar primero en las causas estructurales del narcotráfico, es decir, el abandono y la pobreza de las comunidades donde proliferan los grupos criminales. El reporte señala también, como otros años, algunos de los problemas que siempre han dificultado el combate contra el narco en México. Dos ejemplos. El primero, las carencias de la arquitectura judicial. “Las investigaciones efectivas y la implementación de un sistema de justicia penal acusatorio siguen siendo desiguales y el 93% de los delitos no se denuncian ni se investigan”, recuerda el Departamento de Estado al citar datos oficiales. Y el segundo, la corrupción de altos funcionarios coludidos con el crimen, que no ha desaparecido a pesar de los esfuerzos, reconocidos por Washington, de López Obrador contra la corrupción.
La conclusión del estudio es que, una vez más, el flujo de drogas que ingresan a Estados Unidos desde México y los asesinatos perpetrados por los cárteles “siguen siendo alarmante e inaceptablemente altos”. Con estas premisas, recuerda que “Estados Unidos y México se comprometieron a ampliar la cooperación bilateral en seguridad en torno a prioridades compartidas y prometieron esfuerzos específicos para promover la seguridad ciudadana y desmantelar las organizaciones criminales del narcotráfico, aumentar la eficacia de las instituciones del sector de seguridad y justicia, detener el tráfico ilegal de armas y demostrar resultados tangibles”.
Esto último, la venta de armas, es una de las prioridades del Gobierno mexicano que interpela a toda una serie de relaciones diplomáticas, no solo con Estados Unidos sino también en Europa. Las autoridades dejaron claro a principios de año su deseo de profundizar esa batalla, que empezó con la denuncia a 11 fabricantes de armas presentada en el país vecino y que se dirime en una corte de Massachussets y continúa ahora con la búsqueda de acuerdos y complicidades con la Unión Europea.
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