Washington mantiene la presión hacia el régimen del sandinista Daniel Ortega. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha impuesto sanciones al presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, viejo líder sindical y uno de los hombres leales del presidente. Las sanciones incluyen a otros tres funcionarios, entre ellos la ministra de Salud, Sonia Castro, quien es señalada por organizaciones de derechos humanos de haber ordenado a los hospitales públicos negar la atención médica a los heridos en las manifestaciones que estallaron en abril del año pasado y fueron reprimidas con exceso de fuerza por el Gobierno, con un saldo de al menos 325 muertos. Los otros sancionados son el exmilitar Óscar Mojica, muy cercano a Ortega, y Oscar Castillo, director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), quien el año pasado ordenó la salida del aire de canales de televisión críticos con el Gobierno.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE UU impone este tipo de sanciones a quienes considera que han violentado los derechos humanos, participado en casos de corrupción o por tener vínculos con el terrorismo, crimen organizado o el narcotráfico internacional. Estos funcionarios nicaragüenses se unen a la media docena que ya han sido castigados por el Gobierno de Trump, entre ellos Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, y Laureano Ortega, uno de los nueve hijos de la pareja, asesor presidencial para inversiones. Murillo ordenó en abril de 2018 a los secretarios políticos del Frente Sandinista la “toma inmediata” de los puntos más importantes de Managua para contrarrestar las protestas que habían iniciado dos días antes y que exigían el fin de 11 años de Gobierno sandinista. Los correos enviados por Murillo a sus funcionarios y filtrados a la prensa revelan que la orden de la vicepresidenta: “vamos con todo”, refiriéndose a la intención de reventar las protestas.
La decisión de EE UU forma parte de su estrategia para presionar a Managua para lograr un cambio político en el país centroamericano, sumido en la peor crisis desde la guerra civil de los años ochenta, que dejó decenas de miles de muertos. “Continuaremos presionando al régimen de Ortega y trabajaremos con socios internacionales para establecer la responsabilidad por sus abusos y violaciones a los derechos humanos”, dijo este miércoles Kimberly Breier, asistente para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Estas sanciones se unen a una ley aprobada por el Congreso estadounidense coloquialmente llamadada como “Nica Act”, que establece la prohibición de que Estados Unidos vote a favor de préstamos solicitados por Nicaragua ante las organizaciones internacionales de las que la potencia forma parte, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM), cuyo apoyo a Nicaragua en préstamos concesionales se estima en más de 250 millones de dólares anuales. El Gobierno de Canadá anunció este viernes una medida similar, que afecta a altos funcionarios del Ejecutivo sandinista.
Ortega —cada vez más aislado internacionalmente— ha rechazado estas medidas. El mandatario accedió a firmar una serie de acuerdos con la opositora Alianza Cívica, que incluían la liberación de los detenidos en el marco de las protestas —considerados presos políticos por la oposición— a cambio de que los opositores pidan el levantamiento de las sanciones, que golpean económicamente a un régimen que ha visto caer la ayuda petrolera de su aliada Venezuela, clave para que Ortega impusiera sus sistema autoritario en Nicaragua.
Source link