WASHINGTON – Estados Unidos anunció este martes que donará $89 millones para ayudar al gobierno de Ucrania a quitar las minas dejadas por el ejército ruso, que representan un grave peligro para la población civil.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que con esta donación busca “abordar los desafíos humanitarios urgentes que plantean los restos de explosivos de guerra creados por la brutal guerra de agresión de Rusia”.
Los fondos estadounidenses permitirán que se desplieguen aproximadamente 100 equipos de desminado, además de promover un proyecto de entrenamiento y equipamiento de personal local para fortalecer las capacidades de Ucrania en este ámbito.
La invasión de Rusia a Ucrania, iniciada el 24 de febrero, “ha sembrado grandes extensiones del país con minas terrestres, artefactos explosivos sin detonar y artefactos explosivos improvisados”, afirmó la cartera de Exteriores estadounidense.
Según Washington, esas cargas explosivas “bloquean el acceso a tierras agrícolas fértiles, retrasan los esfuerzos de reconstrucción, impiden que las comunidades desplazadas regresen a sus hogares y continúan matando y mutilando a civiles ucranianos inocentes”.
Los cuerpos de rescate seguían buscando entre las ruinas de un centro comercial en Kremenchuk que cayó víctima de un bombardeo ruso y donde, según las fuerzas ucranianas, 20 personas siguen desaparecidas. Las autoridades declararon tres días de duelo nacional. Las bombas usadas en ese ataque fueron tan poderosas que es posible que los familiares no puedan recuperar los restos de sus seres queridos.
El Ejecutivo de Ucrania, recordó, estima que 160,000 kilómetros cuadrados de su tierra pueden estar “contaminados” debido a una práctica de los rusos que anteriormente solo estaba asociada con el grupo terrorista ISIS en Siria.
Desde 1993, Estados Unidos ha invertido más de $4,200 millones para la remoción segura de minas terrestres y armas explosivas de guerra, así como para asegurar y eliminar de forma segura el exceso de armas pequeñas y ligeras, y municiones en más de 100 países y territorios, dijo el Departamento de Estado.
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