El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos transferirá $271 millones de diversas agencias para aumentar el número de camas en los centros de detención para migrantes y apoyar su política de forzar a los solicitantes de asilo a esperar su trámite en México.
Entre las agencias que perderán recursos se cuentan la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Las noticias se produjeron en momentos en que la temporada de huracanes se intensifica y justo cuando la tormenta tropical Dorian se dirige hacia Puerto Rico. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la medida es “sorprendentemente imprudente”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) está conformado por 240,000 personas e incluye a la FEMA, la Guardia Costera y la nueva Agencia de Seguridad de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA), además de las agencias de inmigración.
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No es raro que fondos sin asignar sean transferidos entre agencias que operan bajo el mismo departamento hacia el cierre del año fiscal. El año pasado, alrededor de la misma época, aproximadamente $200 millones fueron transferidos, incluidos $10 millones de la FEMA que provocaron muchas críticas de los demócratas.
Funcionarios del DHS dijeron el martes en un comunicado que transferirán $155 millones para crear espacios temporales para audiencias a lo largo de la frontera entre México y EEUU para ayudar a acelerar los casos de asilo.
El gobierno ha enviado más de 30,000 personas de regreso a México para que esperen la resolución de sus casos de inmigración con el fin de desalentar a los migrantes de realizar el peligroso viaje hacia la frontera de EEUU y para reducir la llegada de familias de Centroamérica que ha abrumado el sistema.
Los solicitantes de asilo generalmente eran liberados en EEUU y tenían permitido trabajar, pero muchos funcionarios del gobierno de Trump creen que se aprovechan de las leyes y dejan de presentarse a las cortes.
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Los abogados de los migrantes que esperan en México han reportado problemas para contactar a sus clientes y llevarlos a Estados Unidos para sus audiencias. Y algunos de los lugares a donde son enviados en México son violentos e inseguros.
Los fondos vendrán de dinero no comprometido del fondo de base de ayuda por desastres de la FEMA, comentaron legisladores.
Algunos legisladores demócratas de la Cámara de Representantes se opusieron rotundamente y acusaron al departamento de salirse de sus partidas específicas.
“Robar de fondos designados siempre es inaceptable, pero hurgar en los bolsillos de los fondos para ayuda contra desastres para financiar el inhumano plan para encarcelar familias es alarmante, y hacerlo en la víspera de la temporada de huracanes es sorprendentemente imprudente”.
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La presidenta de la subcomisión de Asignaciones Presupuestarias de Seguridad Nacional de la cámara baja, Lucille Roybal-Allard, dijo que el cambio apoyaría programas “inhumanos” y se llevaría fondos necesarios para otras agencias.
“Estoy sumamente preocupada de que durante el transcurso de esta administración ha habido una desconexión cada vez más grande entre la voluntad del Congreso… y la implementación de las operaciones de la policía migratoria del departamento”, señaló en un comunicado.
Los funcionarios del DHS también transferirán $116 millones para financiar espacio para camas en los centros de detención para el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
El Congreso asignó 45,000 camas para los migrantes detenidos, pero para el 24 de agosto el ICE tenía bajo custodia a unas 54,344 personas. El Congreso no autorizó específicamente financiamiento adicional para el ICE para las camas cuando aprobó una solicitud de fondos suplementarios de emergencia de aproximadamente $1,300 millones para que el DHS manejara el considerable aumento de migrantes.
“Dado el incremento de adultos solos que cruzan la frontera, el ICE ha tenido que aumentar el número de camas en los centros de detención por encima de lo que el Congreso financió”, de acuerdo con un comunicado del DHS. Sin más fondos, el ICE no puede seguir el paso de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza.
“Este reajuste de recursos permite que el DHS aborde la crisis de emergencia fronteriza en curso… mientras que minimiza el riesgo del desempeño general de la misión del departamento”, según el comunicado.
Más de 860,000 personas han llegado a la frontera sur del país este año fiscal, la mayor cantidad en una década. De esa cifra, 432,838 venían en grupos familiares, comparadas con 107,212 que lo fueron en todo el año fiscal pasado.
El aumento ha causado un hacinamiento en las instalaciones fronterizas y reportes de condiciones fétidas y sucias, y de niños que permanecen detenidos durante semanas en centros temporales que no son aptos para albergar a la gente por más de unos cuantos días.
En las últimas horas del martes, el presidente Donald Trump declaró una emergencia en Puerto Rico y ordenó la entrega de asistencia federal a la isla por la amenaza de la tormenta Dorian.