Las autoridades egipcias han arrestado durante la última semana a tres destacados miembros de una prestigiosa organización local de derechos humanos, Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR, por sus siglas en inglés), en una escalada que el grupo ha considerado “sin precedentes” y que se produce después de que a principios de mes acogieran una reunión con diplomáticos, incluido el Embajador de España en Egipto. La última detención ocurrió el jueves por la tarde, en el sur de El Cairo, cuando las fuerzas de seguridad arrestaron en su domicilio al director ejecutivo de la EIPR, Gasser Abdel Razek, que fue trasladado a la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado pasada la medianoche, según ha informado la organización.
“Se trata realmente de una persecución de la sociedad civil egipcia y de la EIPR sin precedentes, y la escalada es muy preocupante, en especial tras el arresto de Gasser”, señala Hussein Baoumi, investigador para el norte de África en Amnistía Internacional. “Se está enviando un mensaje muy aterrador de que simplemente no se va a tolerar ningún tipo de trabajo en derechos humanos en el país. Es muy inquietante”, agrega.
Antes que Abdel Razek, el director administrativo de la EIPR, Mohamed Bashir, fue arrestado el domingo en su domicilio, según un primer comunicado del grupo. En su caso, Bashir fue detenido durante más de 12 horas antes de comparecer ante la Fiscalía, y fue interrogado acerca de la visita que realizó un grupo de 13 embajadores y diplomáticos occidentales a las dependencias de la organización el 3 de noviembre para abordar la situación de los derechos humanos en Egipto. Entre ellos se encontraba el Embajador español en Egipto, Ramón Gil-Casares. Durante la tarde del miércoles, fue el turno del director de la unidad de Justicia Criminal de la EIPR, Karim Ennarah, que fue arrestado mientras se encontraba de vacaciones, según una publicación de la organización. Ennarah compareció ante la Fiscalía en la tarde del jueves, un día después de su detención.
Los tres responsables detenidos hasta la fecha han sido ya añadidos en un controvertido caso judicial abierto en el que han sido incluidos antes otros prominentes abogados, defensores de derechos humanos y periodistas egipcios, como Mahienour El Masry y Esraa Abdelfattah, según un segundo comunicado de la EIPR. Entre las acusaciones que se han presentado contra ellos figuran unirse a un grupo terrorista y difundir información falsa que socava la seguridad pública, unos cargos a menudo empleados para perseguir a la oposición en el país. En su nota, la organización considera que las detenciones representan “una respuesta clara y coordinada al activismo de la EIPR y a su trabajo en una serie de temas, el principal de ellos el monitoreo de las condiciones en los lugares de detención y las prisiones, especialmente durante la pandemia de la covid-19, y el seguimiento del aumento sin precedentes en la emisión y ejecución de sentencias de muerte”.
La organización también ha señalado que los últimos acontecimientos son una “respuesta directa” de las autoridades a sus actividades de promoción de los derechos humanos a nivel internacional, y en particular al encuentro que habían mantenido con varios diplomáticos a principios de mes, incluidos los embajadores de Alemania, Francia e Italia, además del español.
“Es importante saber que los arrestos han llegado a resultas de la reciente visita de varios diplomáticos, porque además del mensaje que se está enviando a la sociedad civil, [las autoridades] también están mandando un recado a todos esos países y a la comunidad internacional de que no van a tolerar la promoción de derechos humanos en Egipto”, considera Baoumi.
Respuesta pública
“[La comunidad internacional] tiene que dar una respuesta pública y contundente acerca de estos arrestos y de la persecución de la EIPR, tanto por lo que las autoridades egipcias han hecho como también porque, de lo contrario, nos arriesgamos a que dañen irreparablemente la comunidad de derechos humanos [en Egipto]”, apunta Baoumi. “Y el coste en términos de impacto sobre los defensores de derechos humanos y sobre todos los egipcios sería demasiado grande”.
Por ahora solo Francia se ha pronunciado acerca de los arrestos. París expresó el martes su “profunda preocupación” por la detención de Bashir –el único detenido hasta entonces–, y definió a la EIPR como “una organización comprometida con la promoción de los derechos humanos en Egipto”. Poco después de la reacción francesa, el Ministerio de Exteriores egipcio emitió un comunicado en el que rechazó la anterior declaración, la cual calificó de “interferencia en los asuntos internos de Egipto y un intento de influir en la investigación”.
El resto de países que participaron en la reunión que habría irritado a las autoridades egipcias continúan por ahora sin posicionarse públicamente al respecto. El silencio de la Embajada de España en Egipto va en la línea de la “diplomacia discreta” a la hora de abordar cuestiones de derechos humanos con el país que abanderó la ministra de Asunto Exteriores española, Arancha González Laya, durante su visita a mediados del pasado octubre. La EIPR ha hecho un llamamiento a mostrar solidaridad con la organización.
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