La madrugada del pasado domingo, Alia Mosallam, una historiadora egipcia, acababa de aterrizar en El Cairo con su marido y sus tres hijos procedentes de Berlín, donde trabaja becada en una prestigiosa fundación, cuando fue detenida en el aeropuerto de la capital. Las autoridades la retuvieron allí 17 horas, algunas de ellas incomunicada y durante las que fue interrogada varias veces, según explicó su cónyuge al medio independiente Mada Masr.
La noticia de la detención de Mosallam, que investiga las canciones revolucionarias de la historia egipcia, fue recibida con una ola de denuncias y solidaridad en las redes sociales, seguida de un alivio relativo cuando, la tarde del día siguiente, la Fiscalía de Seguridad del Estado decidió ponerla en libertad tras el pago de una fianza y a la espera de nuevas investigaciones, según anunció un abogado.
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Su arresto se enmarca en una escalada de la represión de las autoridades egipcias contra académicos del país, en particular aquellos que estudian y trabajan en el extranjero, como parte de la degradación sistemática de la libertad académica, según denuncian analistas y grupos de derechos humanos. El caso de Mosallam, ejemplo de brillantez intelectual, se ha interpretado, además, como parte de la voluntad de las autoridades de promover la ignorancia en un país que ha sufrido una enorme fuga de cerebros en los últimos años. Y la última muestra de que, para los que se van, las puertas están cerradas.
“Es una forma del Estado de controlar la narrativa y la producción de conocimiento de lo que ocurre en Egipto”, considera Mohamed Mandour, investigador en el Instituto Tahrir para la Política de Oriente Próximo (TIMEP), con sede en Washington.
A partir del 2014, y con el actual presidente de Egipto, Abdelfatá Al Sisi, asentado en el poder, los avances en materia de autonomía y libertad académica logrados desde la revolución del 2011 se cortaron de raíz. El país entró entonces en una espiral de control, represión, vigilancia y censura que acarreó una regresión en este ámbito sin precedentes, según han documentado y denunciado analistas y organizaciones de derechos humanos.
La semana antes del arresto de Mosallam, unas vagas declaraciones de la ministra egipcia de Emigración, Nabila Makram, sobre los jóvenes que estudian en el extranjero, ya habían generado polémica. Makram dijo que estos egipcios en el exterior, y los de segunda y tercera generación, corren mayor riesgo de exponerse a la influencia de ideas negativas sobre Egipto y perder su vínculo con el país, después de una noticia sobre unas supuestas declaraciones en las que inicialmente los había calificado en realidad como los inmigrantes “más peligrosos”.
Fuera como fuese, Mosallam no era la primera joven en el extranjero en ser arrestada al volver a Egipto. El pasado 1 de febrero, Ahmed Samir Santawy, investigador sobre derechos reproductivos de las mujeres que está estudiando un máster en la Universidad Centroeuropea de Viena (Austria), fue detenido mientras se encontraba en Egipto para visitar a su familia. El 22 de junio, y tras un juicio rápido, Santawy fue condenado a cuatro años de prisión por “difundir noticias falsas”, según un grupo de apoyo. Y desde aquel momento ha mantenido una huelga de hambre que ha deteriorado rápidamente su estado de salud.
Antes que ellos, Patrick George Zaki, un investigador sobre derechos de género que está estudiando un máster en la Universidad de Bolonia (Italia), también fue detenido en el aeropuerto de El Cairo en febrero del 2020 y todavía permanece en prisión preventiva.
El hecho de que ninguno de ellos estuviera investigando un tema político sensible y que, en el caso de Mosallam, su trabajo sea ampliamente elogiado en el extranjero ha provocado especial aflicción, ya que algunos creen que precisamente estos elementos refuerzan el efecto disuasorio que las autoridades buscan generar con sus detenciones.
En este sentido, las autoridades egipcias recurren a numerosas tácticas para vigilar y controlar a los egipcios en el extranjero, asegura Mandour, que actualmente está elaborando un estudio sobre este tipo de prácticas. Estas incluyen detener o intimidar a sus familias en Egipto, reclutar espías, recurrir a la Interpol, utilizar su relación con otros países o mediante ciberataques y sus embajadas, detalla. “La represión transnacional se ha convertido en uno de los componentes más importantes de la política exterior de Egipto”, asegura.
El arresto de Mosallam, además, se produce en un momento de recrudecimiento general de la represión. “En una sola semana hemos presenciado el acoso judicial, la acusación, las detenciones y el mantenimiento de las designaciones en la llamada lista de terroristas de varios defensores de derechos humanos, académicos y políticos”, señala Hussein Baoumi, investigador para el norte de África en Amnistía Internacional (AI).
La detención de la historiadora, al igual que las de Zaki y Santawy, también se ha interpretado como un reflejo de las consecuencias que conlleva la permisividad internacional frente a la sistemática vulneración de derechos humanos en Egipto, incluso cuando los afectados se convierten en el blanco de las autoridades por sus actividades en el exterior, en el último caso Alemania.
“La comunidad internacional debe adoptar una postura pública y rechazar el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto, denunciando públicamente la represión y adoptando un enfoque coordinado que incluya el establecimiento de un mecanismo de supervisión y la presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, considera Baoumi.
Otros casos anteriores que también acapararon especial atención, y que se han recordado los últimos días, son el del periodista e investigador Ismail Alexandrani, especializado en grupos islamistas y en la península del Sinaí. Alexandrani fue arrestado a finales del 2015 en un aeropuerto egipcio a su llegada de Berlín, donde había acudido a una conferencia, y a mediados del 2018 fue condenado a 10 años de prisión por un tribunal militar. Sobre estas últimas fechas, Walid Salem, un doctorando de la Universidad de Washington que había regresado a Egipto para realizar su trabajo de campo sobre la independencia judicial, fue detenido y permaneció varios meses en prisión preventiva antes de ser puesto en libertad provisional a la espera de más investigaciones y con la prohibición de viajar.