La querella por genocidio y crímenes contra la humanidad que se presenta este lunes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) es el tercer intento de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rinda cuentas ante la justicia internacional. Algo que la distingue de las otras denuncias es que esta la ha elaborado un equipo de abogados indígenas. A la cabeza del grupo, Luiz Henrique Eloy Terena, nacido hace 33 años en una aldea del pueblo Terena llamada Ipegue, cerca de la frontera con Paraguay.
Allí vivió hasta los 11 años, edad a la que los chavales tenían que elegir entre dos caminos: continuar con el oficio ancestral de cortar caña de azúcar o marcharse para poder seguir estudiando. Se mudó a la ciudad de Campo Grande siguiendo a su familia, con su madre a la cabeza, una pionera que se separó del marido y trabajó de empleada doméstica para educar a la prole.
Eloy Terena y sus colaboradores sienten como una enorme responsabilidad acudir a La Haya (Países Bajos) en nombre de la Articulação dos Povos Indigenas do Brasil (APIB), es decir, en nombre de los casi 900.000 aborígenes brasileños. “Pero no es casualidad que dejáramos la aldea y fuéramos a estudiar”, aclara el abogado en una entrevista telefónica desde Campo Grande. “Es parte de una estrategia de largo plazo del movimiento indígena, consciente de que la lucha no debe ser solo con arcos y flechas, sino con el bolígrafo”. Y con leyes y togas, con la exigencia de que Brasil cumpla escrupulosamente los derechos consagrados en la Constitución aprobada el año en que nació el letrado, 1988.
El pensador Ailton Krenak, un indígena que participó en la elaboración de la Ley Fundamental, recalcó el año pasado que este abogado encarna “el ascenso de una generación que estudió con los blancos, pero ha sabido continuar las luchas de sus tíos, padres y abuelos”. Para ellos es muy crucial hablar por sí mismos, no que otros lo hagan en su nombre.
La acusación de genocidio contra Bolsonaro se apoya, según la querella, en que desde su toma de posesión como presidente hace casi tres años adoptó “una política antiindígena explícita, sistemática e intencionada” que transformó “los órganos y las políticas públicas antes dedicadas a la protección de los pueblos indígenas en herramientas de persecución” de esta minoría con la intención de “crear una nación sin indígenas”. Y a partir de ahí, los abogados detallan infinidad de decisiones, decretos, leyes… que, según la denuncia, han derivado en el aumento de la deforestación, los incendios, y las actividades ilegales en tierras indígenas.
La medida más perniciosa para los indígenas que viven en Amazonia y el resto de Brasil es en realidad una omisión. Bolsonaro está cumpliendo la promesa que hizo en campaña de no dar protección legal a un centímetro más de tierra indígena. “Para los pueblos indígenas el territorio es fundamental”, recalca Eloy Terena. Por eso la paralización total de ese proceso “los va empujando al exterminio”, porque esas vastas áreas y los que las habitan (mientras protegen su biodiversidad) quedan a merced de los invasores que explotan ilegalmente las riquezas que atesora la tierra.
El ecocidio es mencionado en la denuncia con el ánimo de que “estimule el debate internacional para que sea tipificado” este delito contra el medio ambiente recién definido por un comité de 12 juristas. El objetivo es que se sume a los cuatro crímenes contra la humanidad que juzga el TPI.
El jurista indígena sostiene que su querella es “una respuesta a la altura de la opresión que sufre nuestro pueblo”. Un año llevan las siete personas del equipo jurídico, que incluye dos mujeres y dos blancos, trabajando en un texto que tiene 148 páginas en su versión final.
Dice que su contacto con los líderes de los pueblos originarios es constante: “Los caciques quieren saber todo el tiempo en qué punto estamos porque saben que sus derechos están amparados por la Constitución”. Pero se consideran desprotegidos por los tribunales de su país, a los que consideran complacientes con el presidente Bolsonaro.
Toda la carrera de Eloy Terena ha estado dedicada a defender los derechos de los suyos. Tiene una hermana abogada, otra activista y la tercera es un ama de casa que ha regresado a la aldea.
Y entre sus victorias en los tribunales, la más significativa la logró al derrotar en el Tribunal Supremo al Gobierno Bolsonaro en un pleito de constitucionalidad. Fue el año pasado y como era en plena pandemia y Eloy Terena estaba estudiando en París, gracias precisamente a una beca del Gobierno, hizo su alegato por vídeoconferencia. Su formación incluyó otra estancia en Canadá para estudiar sobre conflictos territoriales indígenas. A lo largo de su carrera ha intervenido ante la comisión de derechos humanos de la ONU y el Congreso en Brasilia.
A cuenta del covid-19, la presentación de la querella en La Haya no tendrá nada de solemne. Nadie viajará desde Brasil hasta allí.
La fiscalía del TPI, que tras años de análisis acaba de abrir una investigación por crímenes de guerra contra Israel y Hamás pero no ha impulsado ningún caso contra Bachar el Asad o los generales de Birmania, ha recibido otras dos querellas contra Bolsonaro. Una presentada por la Comissão Arns, una red de intelectuales defensores de los derechos humanos, y otra firmada por los líderes indígenas Raoni Metuktire y Almir Suruí pero elaborada por un bufete de letrados franceses.
Más allá de si las querellas avanzan y a qué ritmo en la justicia internacional, son un intento de organizaciones civiles brasileñas de movilizar a sus compatriotas ante el sistemático ataque de Bolsonaro a los derechos humanos. Buscar resonancia fuera de las fronteras para sumar apoyo dentro de ellas.
Eloy Terena es optimista. Cree que la coyuntura internacional les favorece porque la atención sobre el medio ambiente, los indígenas, Brasil y Bolsonaro es grande.
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