En la Casa Blanca, Joe Biden prometía este viernes utilizar su poder como presidente de Estados Unidos para proteger el derecho de las mujeres al aborto. Solo unas calles más allá Claire, una estudiante de 20 años, se sumaba a otras miles de personas en la Marcha por la Vida hacia el Capitolio y el Tribunal Supremo para reclamar más restricciones contra la libertad de interrupción del embarazo. “Nuestra lucha no ha terminado. Es más importante que nunca”, aseguraba convencida tras sus gafas redondas. Su grupo de amigas asentía.
Este domingo se han cumplido 50 años de la sentencia Roe contra Wade, que en 1973 legalizó el derecho al aborto en todo el territorio estadounidense. Y el primero de esos aniversarios en que aquella decisión del Tribunal Supremo ya no protege esa libertad. Los jueces de la corte más alta de Estados Unidos dictaminaron en junio pasado que aquella opinión había sido errónea. La decisión de permitir o prohibir el aborto, y en qué circunstancias, pasaba a depender de cada uno de los estados. Algo que ha aumentado las ya de por sí profundas divisiones en el país, desatado una avalancha de legislaciones de uno y otro signo y fomentado que partidarios y oponentes se atrincheren en sus posturas.
“El Supremo acertó con Roe hace 50 años. Fue una decisión equilibrada con un amplio apoyo nacional que la mayoría de los estadounidenses han seguido respaldando durante los últimos 50 años. Y fue un principio constitucional mantenido por jueces nombrados por presidentes tanto demócratas como republicanos”, apuntaba Biden en su proclamación sobre el aniversario. “Voy a seguir apelando al Congreso para que apruebe medidas que conviertan la protección [del derecho al aborto] en ley de una vez por todas. Hasta entonces, seguiré utilizando mi poder presidencial para proteger a las mujeres y a las familias de las consecuencias de la decisión Dobbs”.
Biden hacía referencia al dictamen del Supremo de junio, que decidió sobre una demanda presentada en Misisipi, Dobbs contra la Jackson Women’s Health Organization, una clínica de salud reproductiva que ofrecía interrupciones de la gestación.
Aquella decisión no causó sorpresa: un primer borrador ya se había publicado dos meses antes, en una filtración sin precedentes en el Supremo y cuya autoría aún se desconoce. Pero sí generó numerosas protestas. La mayor parte de los estadounidenses, según las encuestas, es partidario de mantener este derecho. Un sondeo del Pew Center revelaba el año pasado que un 62% de los adultos residentes en el país considera que el aborto debe ser legal, por un 36% que considera que debe ilegalizarse en todas o la mayor parte de las circunstancias.
La furia desencadenada entre gran parte del electorado femenino tuvo consecuencias políticas: como bloque, las mujeres se inclinaron a favor del Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato en noviembre. Este partido logró resultados mejores de lo esperado. Afianzó su control del Senado y solo perdió la Cámara de Representantes, actualmente en manos republicanas, por un puñado de escaños.
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Pero tras aquella sentencia, una docena de estados donde gobierna el Partido Republicano ha aprobado legislación que restringe de manera casi absoluta el derecho al aborto. Es el caso de Alabama, Arkansas, Idaho, Oklahoma o Virginia Occidental, entre otros. En algunas instancias, esas medidas están pendientes de revisiones judiciales.
En otros estados, simplemente no hay acceso al derecho al aborto de ninguna manera. En el caso de Wisconsin, debido a la incertidumbre legal que rodea a la situación de los médicos que lo practiquen. En Dakota del Norte, la única clínica que lo ejercía se trasladó a otro estado.
Pero el dictamen del Supremo también generó una contrarreacción. Estados como California, Vermont o Michigan votaron en las elecciones de medio mandato de noviembre en favor de blindar los derechos reproductivos de las mujeres en sus jurisdicciones. Kentucky, y unos meses antes Kansas, rechazaron propuestas de ley que hubieran inscrito en las Constituciones locales la prohibición del aborto. Este mes, el Tribunal Supremo de Carolina del Sur anulaba una ley estatal que vetaba el aborto en embarazos de más de seis semanas, argumentando que esa prohibición infringía el derecho a la intimidad.
“Numerosos estados han aprobado vetos casi absolutos contra el aborto que contemplan excepciones muy limitadas, o han prohibido ese procedimiento desde muy pronto en la gestación. Los tribunales han anulado algunas de esas prohibiciones, lo que ha traído consigo un panorama legal caótico que es perjudicial para las clínicas que intentan ofrecer cuidados a las pacientes y a las pacientes que intentan recibirlos”, apuntan en un informe publicado la semana pasada Elizabeth Nash e Isabel Guarnieri, del Instituto Guttmacher, defensor de los derechos reproductivos.
Ante la incertidumbre, algunos estados, como Nueva York, se han apresurado a dar facilidades para que las mujeres residentes en otros estados donde el derecho está amenazado o vetado puedan abortar en sus territorios.
Pero las organizaciones defensoras de este derecho matizan que para muchas mujeres esa no es una solución viable. Los traslados y la estancia les suponen un coste que no se pueden permitir.
“Se está negando a millones de personas el derecho a la autonomía de su cuerpo y el acceso a cuidados de salud fundamentales. Cuando la gente no tiene acceso al aborto en su estado, se ve forzada a tomar la difícil decisión de recorrer largas distancias para obtenerlo, a practicarse ella misma un aborto o llevar a término un embarazo no deseado”, apuntan Nash y Guarnieri.
Los defensores de los derechos reproductivos en EE UU han tratado de buscar soluciones. Organizaciones como Planned Parenthood han comenzado a poner en marcha, entre otros recursos, clínicas móviles que puedan ofrecer servicios de salud reproductiva en las fronteras con los estados donde es problemático obtenerlos.
Del lado federal, el Gobierno también ha tratado de dar pasos. Desde este mes, la Administración para las Medicinas y los Alimentos (FDA) autoriza que las píldoras para el aborto ―mifepristone y misoprostol, utilizadas en la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en EE UU― puedan estar disponibles en farmacias. La vicepresidenta de EE UU, Kamala Harris, tiene previsto ofrecer este domingo un discurso en Florida para reiterar que la defensa de los derechos reproductivos es una prioridad de su Gobierno, mientras en varios estados se han convocado actos y marchas de apoyo a este derecho.
Pero, pese a su voluntad reiterada de proteger ese derecho y convertirlo en ley, la Casa Blanca encuentra que su poder para ello es limitado. Una legislación en favor del aborto no tiene ninguna posibilidad de salir adelante en la Cámara de Representantes de mayoría republicana. Y viceversa: un veto nacional o medidas más duras sobre los derechos reproductivos no prosperarían en un Senado controlado por los demócratas.
Aunque ello no disuade a los antiabortistas de intentarlo. Líderes del movimiento como Marjorie Dannelfelser, la presidenta de la organización Susan B Anthony Pro-Life America, aspiran a la implantación de un “estándar mínimo federal” que imponga un límite en torno a las 13 semanas de gestación, tras el cual ya no se podría practicar ningún aborto en ningún estado. Y los estados podrían imponer límites aún más estrictos si lo desean.
Pero, pese a que exige más medidas y sostiene que su meta es lograr la abolición completa del derecho, el propio movimiento antiabortista, exultante aún tras la victoria de junio, no ha logrado ponerse de acuerdo aún sobre cuáles deben ser sus próximos pasos a dar o su estrategia: si buscar medidas federales, centrarse en las legislaciones estatales o conformarse con lo ya obtenido. La marcha del viernes debía servir, según declaraba su organizadora Jeanne Mancini al comienzo de la manifestación, para determinar “dónde debemos centrar nuestros esfuerzos como movimiento al comenzar esta nueva era en nuestra misión para proteger la vida”.
En cualquier caso, el derecho al aborto promete convertirse en uno de los asuntos candentes de las elecciones presidenciales el año próximo. Los antiabortistas ya comienzan a pensar en ello. Cualquier aspirante a la Casa Blanca que perciban como blando en sus posiciones, sostenía Dannelfelser a la agencia AP, “quedará descalificado a nuestros ojos, y si eso ocurre tendrá muy pocas posibilidades de ganar la candidatura”.
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