Los precios subieron un 4% en septiembre, según descubrió este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE), y experimentaron su mayor repunte desde el mismo mes de 2008, cuando la quiebra de Lehman Brothers desató la mayor crisis financiera del siglo. Abandonada la senda roja que rotularon los últimos nueve meses de 2020, la curva alcista se extiende por séptima mensualidad consecutiva a lomos de la recuperación del consumo, la escasez de algunos suministros y la subida del precio de la luz y los combustibles.
El encarecimiento del coste de la vida no agujerea solo la cesta de la compra, también afecta a partidas vinculadas a las fluctuaciones del IPC, como la de las pensiones, y mete presión para subir el sueldo de los funcionarios. Una situación que genera fricciones entre ministerios y abre un nuevo frente en el debate entre los socios del Ejecutivo sobre el diseño de los Presupuestos de 2022, después de que esta semana se evidenciaran diferencias sobre medidas fiscales y la ley de vivienda. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ya advirtió de que las cuentas se “cocerían a fuego lento”.
Más información
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, defiende este jueves en el Congreso el anteproyecto de ley en el que se contempla su reforma de las pensiones, que tiene como uno de los puntos centrales el matrimonio con el índice de precios al consumo. Sin embargo, los parámetros establecidos para delimitar esa adecuación generan discrepancias entre los ministerios de Seguridad Social y Hacienda —ambos en manos del PSOE— y con Unidas Podemos sobre qué parámetro tomar para llevar a cabo el ajuste.
Desde el departamento de Escrivá detallan que dentro del anteproyecto de ley la subida de las pensiones se referencia sobre la base de la inflación media recogida “en los 12 meses anteriores hasta noviembre”. Esto significa que, si se aplicara este cálculo, se asumiría el IPC promedio de diciembre de 2020 hasta noviembre de 2021, y no la cifra prevista para el año siguiente. Hacienda, en cambio, recuerda que la nueva ley de pensiones está en trámite y aún no ha entrado en vigor. Unidas Podemos, por su parte, se alinea con el Ministerio de Seguridad Social: defiende que las pensiones se actualicen según la reforma y también reclama que las pensiones mínimas y no contributivas suban más que el resto. Este jueves, Escrivá dio por sentado que este último supuesto entrará en los Presupuestos, cuya tramitación está siendo más lenta de lo que esperaba el PSOE.
La diferencia entre escoger el método contemplado en la reforma para revalorizar las pensiones y el que está en vigor no es baladí. El deflactor del PIB estimado por el Ejecutivo para 2022 —un indicador de la inflación construido sobre el precio de todos los bienes producidos por un país— es del 1,5%, frente al cálculo del 2,1% de IPC medio para 2022 que la vicepresidenta Calviño deslizó la semana pasada en la actualización del cuadro macroeconómico. Este porcentaje se corresponde a los últimos pronósticos del Banco de España, y es probable que se quede corto ante el fuerte repunte de los precios en los últimos meses.
Paga compensatoria
Tomando como base las previsiones de Funcas, la tasa media anual de la inflación para 2021 será del 2,7%. Esto obligará al Gobierno a compensar a los pensionistas con una paguilla extra para cubrir el alza de precios que supondrá un gasto adicional de 2.600 millones, según el cómputo realizado en base al impacto de las desviaciones que elabora la Fundación de las Cajas de Ahorros. La de este año será la última compensación que deba realizar el Gobierno, ya que a partir del 1 de enero de 2022 el ajuste entrará de manera automática.
A la discordia sobre la revalorización de las pensiones se añade otra derivada: la del salario de los funcionarios. Desde 2018 ambos incrementos han ido de la mano, pero aún no hay acuerdo sobre la cuantía de la subida. En el caso de los empleados públicos, además, concurre una diferencia principal con respecto a los pensionistas: no tienen una paguilla que compense el aumento del coste de la vida.
Fuentes de Unidas Podemos defienden que los funcionarios mantengan el poder adquisitivo, pero aseguran que aún no hay una cifra cerrada. El Programa de Estabilidad 2021-2024, al que remite Hacienda, tampoco lo aclara. En ello se recoge un crecimiento del sueldo de los funcionarios y de las pensiones en línea con la evolución de precios, sin más detalle. “A partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios”, señala el documento.
Fuentes del sindicato CSIF recuerdan que recientemente, en un encuentro con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, volvieron a poner de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo que ha experimentado el colectivo de trabajadores públicos —2.710.405 en el último registro— en los últimos años, y que elevan hasta el 10%. Por ello, plantearon una senda de crecimiento para los dos años que restan de legislatura con la que se permitiera solventar esta carencia. Fuentes de CSIF señalan que la subida para 2021 debería ser del 3,6%, y que de no llevarse a cabo “el Gobierno transmitiría una mala señal”.
Source link