El ático y las bolsas de basura que cercan a Ana Millán, la alcaldesa del PP íntima de Ayuso

2015. Ciudadanos ha ganado la alcaldía de Arroyomolinos, un municipio de 30.000 habitantes al suroeste de Madrid. Fin a la era de los ejecutivos del PP. Y el primer día, bombazo: el nuevo equipo de gobierno descubre que en las dependencias municipales se está intentando destruir la documentación que contienen tres bolsas de basura. En ellas hay documentos de una edil, Ana Millán, que es hoy la alcaldesa del municipio. Casi siete años después, el juez le acaba de llamar a declarar como investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa: aquellos papeles salvados de la trituradora, y denunciados por Cs, reflejarían, supuestamente, que un empresario que obtuvo contratos públicos valorados en más de 600.000 euros por organizar eventos y cursos entre 2006 y 2011 estaba pagando la hipoteca y la comunidad de vecinos de un ático de Millán. La hoy regidora defiende que los más de 40.000 euros que recibió, según un informe de la Guardia Civil, eran simplemente el pago por el alquiler de la vivienda.

“Fui yo quien solicitó en febrero declarar lo antes posible, y afortunadamente se me ha concedido, porque estoy deseando hablar para que esto acabe cuanto antes”, afirma por teléfono Millán, que declina entrar en más detalles sobre el caso, en el que se investiga, entre otros asuntos, y según documentación a la que accedió EL PAÍS, el origen, por ahora “desconocido”, de 76 operaciones bancarias que permitieron ingresar más de 52.000 euros en efectivo en su cuenta entre 2008 y 2017.

La alcaldesa y vicesecretaria de Acción Sectorial del partido regional forma parte del círculo político y generacional de Díaz Ayuso. La dos se criaron políticamente al calor del aguirrismo. Compartieron la misma pasión y el mismo trampolín interno: la comunicación. Y fueron tejiendo complicidades al mismo ritmo que llenaban su biografía y su currículo.

Por eso Millán está en todas las fotos que reflejan el paulatino ascenso de Díaz Ayuso en el PP. Cuando la hoy presidenta organiza un curso de comunicación política con la Universidad Rey Juan Carlos, en 2014, allí está, como alumna, la hoy alcaldesa. Cuando Díaz Ayuso es nombrada líder del comité de afiliaciones del partido en Madrid, allá por 2017, a su lado se sienta Millán. Cuando Cristina Cifuentes le asciende a viceconsejera de Presidencia y Justicia, en 2018, Millán acude a la celebración. Y cuando Pablo Casado la elige como sorprendente candidata a la presidencia autonómica, en 2019, y Díaz Ayuso tiene que darse a conocer, allí está la política de Arroyomolinos para movilizarse en contra de los atascos de la A-5 junto a otros líderes locales del PP.

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“Mi amiga”, describe Millán a la presidenta. Una afirmación que explicaría dos cosas. Primera: que en el peor momento de la guerra que enfrentó a la líder regional con Pablo Casado, Millán tuviera claro su bando (“Mi total apoyo, cariño y confianza a la presidenta”). Y segunda: que en medio de la tormenta jurídica que empieza a rodear a la alcaldesa, Díaz Ayuso esté teniendo claro el suyo. Rompiendo el axioma que impulsa a los políticos a alejarse cuanto más mejor de los compañeros en problemas, la presidenta compartió un acto con Millán el pasado domingo, en Cadalso de los Vídrios, en el que ambas se dirigieron a los simpatizantes del PP reunidos en un restaurante.

“No fue casual, sino un gesto de apoyo”, transmite una fuente popular con conocimiento de la agenda de la presidenta.

“Presunción de inocencia: la alcaldesa está siendo investigada, respetemos todos el trabajo del juzgado, pero también la presunción de inocencia de Ana Millán”, amplía un portavoz del PP de Madrid, un partido que se ha acostumbrado a vivir en el ojo del huracán. Un día es el caso Púnica. Otro, la Gürtel. Al tercero, Lezo. Y ahora, como antes en otros municipios, el problema de Arroyomolinos.

A finales de enero, la Guardia Civil registra el despacho de la alcaldesa y la sede de una empresa. Dos meses después, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero cita a declarar el 22 de abril, y como investigados, a la alcaldesa y al empresario Francisco Roselló, protagonistas de uno de los documentos salvados de la trituradora en 2015.

“Entre los documentos hallados nos encontramos con la siguiente documentación”, se lee en la denuncia, firmada por el entonces alcalde, Carlos Ruipérez (Cs). “Correo de Dña. Ana Millán a Paco Roselló (…), en el cual se desprende que Dña. Ana Millan reclama el pago de unas cantidades, que son ingresadas con posterioridad por la empresa NEVERLAND, una de las que presenta Dña. Ana Millán en los concursos administrativos para la celebración de eventos y fiestas”, sigue. “En el extracto de la cuenta de Dña. Ana Millán se puede comprobar, cómo la empresa NERVERLAND (Su administradora es la esposa del administrador de grupo educativo) ingresa mensualmente a Dña. Ana Millán la cantidad de 60 y 898 (euros)″, añade. Y remata: “Para una mejor concreción y saber la cuantía que le ingresaban a la Concejala Dña. Ana Millán la empresa NEVERLAND en su nombre o a nombre de terceros (grupo educativo que ha ganado concursos en este ayuntamiento por importes muy elevados), entendemos y no es disponible para esta parte, que habría que requerir al banco donde tiene la cuenta Dña. Ana Millán para que aportara los extractos bancarios desde 2006″.

En el documento al que hace referencia la denuncia, un email de 2012 enviado a Roselló con el asunto “ático”, se desgranan pagos pendientes por los gastos de comunidad (60 euros) y la cuota de la hipoteca (853,79, para un total mensual de 913,79 euros). En su investigación, la Guardia Civil concluyó que las compañías del empresario habían obtenido contratos por más de 600.000 euros en Arroyomolinos, y que no había firmado ningún acuerdo más cuando Millán dejó la concejalía de Juventud para encabezar la de Empleo (2011).

“En total, sumando y restando cantidades a día de hoy queda un importe pendiente de ingresar de 1.783.36 €. Un beso y nos vemos”, se despide en el correo la edil, cuyo equipo argumenta que ese era su piso de soltera, y que lo tenía alquilado con normalidad y legalmente. Un exempleado de Roselló declaró a la Guardia Civil que vivió en el ático entre 2010 y 2012, y que en ese tiempo pagó a su exjefe 500 euros en metálico cada mes. Los investigadores subrayan que eso supondría que el empresario le estaba pagando a la hoy alcaldesa el doble de lo que él cobraba por el mismo alquiler.

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