Restricciones de aforo, drones de seguridad o controles de temperatura. Los Ayuntamientos costeros de los casi 8.000 kilómetros del litoral español llevan semanas rompiéndose la cabeza para devolver la vida a las playas tras la crisis del coronavirus. Entre las medidas, el Consistorio de Vejer de la Frontera (Cádiz) ha decidido reservar 150 metros de los 4,6 kilómetros de su costa para las personas mayores de 65 años o con movilidad reducida, y minimizar al máximo sus riesgos por la covid-19 este verano.
“Son muchas las medidas que hemos tenido que tomar y viendo que las personas mayores de 65 años son declaradas de alto riesgo, hemos puesto una zona específica para quienes quieran sentirse seguros. Son las personas más vulnerables y tenemos que garantizarles también la seguridad a ellos”, explica Manuel Flor, alcalde (PP) de Vejer de la Frontera, delante de la playa de El Palmar, a propósito de cómo surgió la iniciativa. Porque la amplitud que ofrecen playas como las de este municipio resulta a veces insuficiente para mantener la distancia de seguridad en situaciones como las vividas hace dos fines de semana, dos días después de que Andalucía reabriera oficialmente su costa al ocio y al baño. La costa de Cádiz fue de las más afectadas por cierres de las playas debido a la afluencia de bañistas.
Los 4,6 kilómetros de la playa de El Palmar se han dividido en 12 sectores para controlar el aforo. A cada uno de los sectores se accede por una pasarela, donde los informantes que ha contratado la Junta u otros efectivos de Vejer de la Frontera son los encargados de vigilar la afluencia de personas. El sector 3 es el que corresponde a las personas mayores de 65 años o personas con movilidad reducida.
A la zona reservada podrán acceder también los familiares de las personas de alto riesgo, pero solo como acompañantes. “Si intentamos acceder a una zona donde existe limitación de la edad, tendremos que demostrar documentalmente la edad que tenemos”, añade Anabel Sánchez, concejala de Tráfico y Seguridad Ciudadana. Al municipio, de casi 13.000 habitantes, le corresponden 16 vigilantes de la Junta.
La zona reservada para las personas de alto riesgo se acotó en el sector que ya contaba previamente con la caseta de servicios públicos. Para establecer el aforo de cada una de las parcelas de acuerdo con las medidas de distanciamiento, el Ayuntamiento tuvo que hacer números. “Hemos calculado que con marea alta caben unas 22.000 personas y con la baja, unas 38.000. Y en la zona habilitada para mayores de 65 años caben unas 600 personas”, cuenta Jaime Flor, concejal de Playas, junto a sus dos compañeros de Corporación. El Consistorio es uno de los que se ha hecho con un dron para ayudar también a los controles de aforo y de la distancia de seguridad.
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