La relajación de las medidas anticovid, con la desaparición de los toques de queda; las vacaciones escolares y universitarias y el buen tiempo nocturno —en el norte una casualidad; y en el sur, el único momento en que es posible estar en la calle— han multiplicado la celebración de botellones (o las botellonas, según los distintos enclaves). Las reuniones masivas de personas bebiendo en la calle, que ya eran un problema para muchos municipios antes de la pandemia, y que pese a estar formalmente prohibidas tendían a tolerarse, desbordan ahora a ayuntamientos grandes y pequeños, especialmente en localidades de veraneo.
Los cuerpos de policía municipal no dan abasto para atajar este fenómeno. Y en los últimos meses, la resistencia de los jóvenes a disolverse en bastantes casos no se limita a palabras de protesta. Los agentes locales y los refuerzos que pueden convocar de policías estatales y autonómicas son, en numerosas ocasiones, recibidos con lanzamientos de piedras y botellas por jóvenes bajo los efectos del alcohol o de otras drogas. EL PAÍS recorre algunos de los escenarios de un botellón que se ha vuelto incontrolable.
País Vasco
El lehendakari Íñigo Urkullu anunció en julio que las autoridades iban a ser especialmente vigilantes con los botellones y las concentraciones de jóvenes en las “no-fiestas” patronales. El Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi cifró las multas por consumir alcohol en la calle en 600 euros. Sin embargo, cada fin de semana se producen cientos de botellones en parques, playas, aparcamientos públicos y plazas del País Vasco.
“El tema de los botellones es incontrolable, y mandar a los agentes a disolverlos es un error”, critica el secretario general del sindicato mayoritario de la Ertzaintza (Erne), Roberto Seijo. Y más cuando los fines de semana hay menos agentes, añade. “Pero es que, además, los dispositivos para disolverlos se hacen con pocos agentes y eso envalentona a estos jóvenes que ejercen violencia contra la policía”.
Los recibimientos a la Ertzaintza o a las policías locales a botellazos ya son una tradición. El Casco Viejo de Vitoria, el Campus de Álava, los bajos de la playa de la Concha, en San Sebastián, el cementerio de Durango y más de 20 posibles ubicaciones en Bilbaosirven de escenario improvisado de concentraciones, que muchas veces degeneran en batallas campales si hay presencia policial. En Bizkaia y en Gipuzkoa los botellones suelen superar con creces el centenar de personas.
El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran; el de San Sebastián, Eneko Goia; y el de Bilbao, Juan María Aburto, han pedido este mes de agosto por activa y por pasiva comprensión a los jóvenes y el cumplimiento de las normas anticovid. En San Sebastián fueron detenidas más de 14 personas la pasada semana después de una refriega entre agentes y jóvenes, que lanzaron una lluvia de botellas para repeler la intervención policial. Cuatro agentes resultaron heridos.
“Es como poner puertas al campo, les da igual”, critica un policía municipal que suele patrullar el Casco Viejo de Vitoria, consciente de que una patrulla o dos no tienen nada que hacer frente a los chavales. “Cuando llegamos salen corriendo, si no te tiran todo lo que llevan en la mano. Es un peligro para nosotros y para algunos chavales también, que van como cubas y empiezan a correr como pollos sin cabeza”.
Solo en la noche del jueves al viernes la Ertzaintza identificó a más de 150 personas en una fiesta ilegal con más de 500 participantes en Astigarraga (Gipuzkoa); 11 personas fueron detenidas y ocho policías resultaron heridos en los incidentes que se produjeron cuando la policía municipal intentó disolver un botellón nocturno en Pamplona; y en Bilbao, cuatro jóvenes fueron detenidos por agredir a los ertzainas que les iban a identificar.
Cataluña
Los toques de queda en los municipios catalanes con más incidencia de la covid duraron hasta el pasado jueves; la Generalitat mantiene limitadas las reuniones sociales a 10 personas y la hostelería y el comercio deben echar la persiana a las 0.30. A partir de esta hora, las medidas sanitarias parecen desaparecer para dejar paso a las multitudes bebiendo en calles, plazas y playas el alcohol que han comprado, muchas veces en las tiendas que apuran el horario. Mascarillas, poquísimas. Las distancias se acortan a medida que pasan las horas. Un desafío al coronavirus.
En Barcelona, donde la Ordenanza de Civismo prohíbe desde 2006 beber alcohol en la calle, la cantidad de gente que los últimos días se concentra en el parque de la Espanya Industrial es impresionante. Miles. Esta semana se celebraban las fiestas del barrio de Sants y el botellón atraía a gente de toda la ciudad. El espacio es tan grande que la gente lleva altavoces portátiles. El público, variado: desde menores de edad hasta grupos veteranos y con distintos grados de intensidad festiva y etílica. “Gente aquí en fiestas siempre ha habido, y con la vacuna la perspectiva cambia, somos jóvenes, pero sabemos lo que hacemos”, apuntaban Marc y Roger, de 22 y 24 años. Mientras hablaban, comenzaba una pelea que no llegó a mayores. Había gente bañándose en el lago central del parque. Otros, al preguntarles si no les dan reparo las aglomeraciones en pandemia, respondían encogiéndose de hombros. O gritando “¡fiestaaaaaaaaaa!”.
A las tres de la madrugada, ocho furgonetas de antidisturbios de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra llegan al recinto. Los agentes se ajustan chalecos y cascos, y solo con su presencia, formando una hilera horizontal, vacían asombrosamente el espacio. Cada noche llueven botellas de cristal. Tras ellos, una decena de vehículos de limpieza y no menos de 20 barrenderos se encargan de no dejar rastro. Personas y máquinas aspiran y recogen latas, botellas, bolsas de hielo y pequeñas bombonas ya vacías de gas de la risa, óxido nitroso, una de las drogas de moda.
En la madrugada de ayer, durante el desalojo, algunos jóvenes lanzaron botellas contra los mossos. Los incidentes se saldaron con un detenido.
Este verano, coincidiendo con la quinta ola del coronavirus, el Govern obtuvo el aval del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para decretar el toque de queda (de 1 a 6 de la madrugada) en 161 municipios, que sumaban el 80% de la población. Los problemas han surgido en las localidades que no lo tenían, pero estaban rodeados de otros pueblos que sí y se producía un efecto llamada. Calonge, en la costa de Girona, es un ejemplo. A mediados de mes, en un solo fin de semana registró 35 botellones. La policía local no tiene medios para afrontar esta situación “insostenible”, según el alcalde, Juli Soler.
Albert Batlle, teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, explica que en los dispositivos para dispersar botellones se aplica “el principio COP: Congruencia, Oportunidad y Proporcionalidad”. Barcelona, entre mossos y la Guardia Urbana, ha destinado a estos dispositivos 1.000 agentes. Joan Igansi Elena, consejero de Interior de la Generalitat, reveló ayer que han aumentado el dispositivo en 100 unidades. “Intentamos reforzar el momento en el que conviene desalojar. Se trata de poner muchos agentes en un espacio pequeño. La gente, cuando ve mucha policía, tiende a marcharse”, dice Batlle. Multar está descartado: “No puedes sacar el talonario de multas cuando tienes muchísima gente en un único espacio. Lo más efectivo es dispersarlos”. Batlle apuesta además por que el ocio nocturno comience a abrir: “No puede estar todo cerrado indefinidamente”.
En Cataluña, alcaldes y autoridades aguardan el fin de las vacaciones y el inicio de curso. Al final, será lo que hará menguar los botellones. En un último intento, la semana pasada el Govern quiso prorrogar el toque de queda nocturno. La Justicia lo tumbó.
Andalucía
Botellones, control de aforos, aglomeración en las calles tras el cierre de las discotecas, fiestas en pisos privados, controles de toques de queda en los municipios donde se ha impuesto… Estos son los principales frentes que se le han abierto a los agentes de la policía local en Andalucía a lo largo del verano. “Además de la falta de medios y de personal, este año nos estamos encontrando con que los jóvenes cuando vas a disolver un botellón se encaran, lanzan objetos… Es una agresividad que no habíamos visto antes”, denuncia Juan Luis Amaro, vicesecretario andaluz del Sindicato de Policías Municipales de España.
Almonte es uno de esos pequeños municipios. Esta localidad onubense de 25.000 habitantes cuenta con 50 policías locales. Una dotación suficiente durante la mayor parte del año, pero que en verano se torna irrisoria. En su municipio se encuentra la playa de Matalascañas y la aldea de El Rocío. “En estos meses alcanzamos las 250.000 personas y contamos con los mismos agentes. Apenas dan abasto y tampoco contamos con apoyo suficiente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional”, explica Miguel Espino, concejal delegado de Matalascañas.
El caso almonteño es particular porque a los botellones y la contención de las concentraciones de personas cuando cierran los bares se suma la idiosincrasia de El Rocío, una aldea de casas amplias perfectas para la celebración de fiestas. “Este verano eso se ha desbocado, la gente ha aprovechado para meterse en el interior y no lo podemos controlar. Para eso es preferible que hubieran abierto los bares, donde sí podemos estar pendientes de los aforos”, sostiene Espina.
En Sevilla incluso se han elevado las sanciones de 100 a 300 euros, pero el efecto disuasorio ha sido nulo. “Esto es un problema social y se ha visto acentuado tras la pandemia, el confinamiento ha dado una falsa sensación de encierro”, reconoce Juan Carlos Cabrera, teniente de alcalde y delegado del área de Gobernación.
Los botellones masivos —el Ayuntamiento tiene identificados 50 puntos donde los jóvenes se reúnen para beber— y las fiestas en viviendas y apartamentos turísticos provocaron el colapso del teléfono de emergencias 092 de la capital andaluza. “Tuvimos que activar un cribado para emergencias y para quejas por botellonas”, explica Cabrera. “Lo que nos encontramos los fines de semana es un caos, cientos de personas en las calles sin guardar distancias de seguridad, compartiendo bebida, bares que no cumplen los aforos, y esto ya no es el fin de semana, se extiende hasta los miércoles y domingos”, señala Luis Val, presidente del sindicato de policías municipales en Sevilla.
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