El conflicto bélico, político y humanitario que desgarra el este de Ucrania está lejos de resolverse cuando se cumple un año de la firma de los acuerdos de Minsk, el 12 de febrero de 2015. Entre las fuerzas leales a Kiev y los insurgentes apoyados por Moscú (las autodenominadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk) hay menos escaramuzas y menos muertos, pero siguen abundando las transgresiones del alto el fuego, el primer punto del pacto trabajosamente gestado en la capital de Bielorrusia.
Los acuerdos de Minsk se firmaron, bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), tras una noche en vela compartida por la canciller alemana Ángela Merque y los presidentes de Francia, François Hollande; Rusia, Vladímir Putin y Ucrania, Petró Poroshenko.
Por diferentes razones (políticas y económicas), la mayor parte de los protagonistas de aquella noche desearían presentar el proceso de Minsk como una historia de éxito, pero la realidad es que se trata de un problema cada vez más enquistado. El miércoles un soldado ucranio resultó muerto por una mina en Avdéevka y otros tres resultaron heridos, según dijo el jueves en Kiev el coronel Alexandr Motuzianik, representante de la administración presidencial ucrania en la zona. Otro resultó herido el mismo día en Kodema. El 10 de febrero, según fuentes policiales ucranias, cuatro personas murieron en un autobús a causa de una mina en un puesto de acceso a la República Popular de Donetsk (RPD).
Los 13 puntos de Minsk
Los políticos en Kiev, por una parte, y los líderes de la RPD, la República Popular de Lugansk (RPL) y el Kremlin, por la otra, abordan con diferentes matices y secuencias temporales el conjunto de medidas aprobadas en Minsk, en total 13 puntos, entre ellos el intercambio de presos, amnistía, enmiendas constitucionales, ley de autogobierno, y control de la frontera con Rusia.
Moscú acusa a Kiev de demorar la reforma de su legislación para dar mayor autonomía y autogestión a los insurgentes. El proceso parlamentarioen la Rada Suprema aún no ha concluido. Los representantes ucranios afirman que Moscú y los rebeldes deben cumplir primero puntos como el alto el fuego, la autorización de inspecciones de la OSCE en unidades militares ahora vetadas a los observadores y el intercambio de prisioneros (ahora atascado).
Las autoridades ucranias tienen además otros motivos para no darse prisa en los cambios legislativos acordados en Minsk, en opinión de veteranos analistas en Kiev. Por una parte, aseguran, la coalición gubernamental carece de la mayoría necesaria para aprobar una legislación descentralizadora que no gusta a las fuerzas liberales y conservadoras llegadas al poder tras la caída del régimen de Víctor Yanukóvich en 2014.
Estas fuerzas temen que las concesiones a los prorrusos puedan ser un precedente para otras zonas conflictivas de Ucrania. Este país vive hoy una profunda crisis económica y política que podría llevar a elecciones anticipadas. Y esta es una razón más para que el interés por la resolución del conflicto sea más bien tibio, ya que el electorado de Donetsk y Lugansk (tanto en las zonas controladas por Kiev como por los insurgentes) vota en contra de las fuerzas que llegaron al poder en 2014, lo que se pudo constatar en las legislativas de aquel año, cuando el Partido de las Regiones del presidente Yanukóvich tuvo suficientes votos para constituir un grupo de oposición (minoritario, pero real) en la Rada.
“Hay que presionar a ucranios y a insurgentes y rusos para que se pongan de acuerdo. De momento no hay voluntad política para solucionar el conflicto. Si la hubiera, el orden de cumplimiento de los distintos puntos sería irrelevante, y podríamos tener un sustancial avance para septiembre”, afirma una fuente europea cercana al proceso de Minsk, que subraya la falta de iniciativas económicas internacionales para la recuperación.
Occidente pierde la paciencia
Los Estados occidentales que apoyan a Ucrania se impacientan a la vista de la lentitud de las reformas y de que la corrupción sigue en el corazón de la política del país. Altos medios políticos ucranios expresaban temor a que EE UU y la UE pudieran dar la espalda a Ucrania y ponerse de acuerdo con Rusia para la supresión de las sanciones por su política en el este de Ucrania y mantengan solo las impuestas por la anexión de Crimea, mucho más llevaderas para el Kremlin.
El mensaje de impaciencia ha sido trasmitido por los embajadores de nueve países occidentales tras la dimisión del ministro responsable del desarrollo económico, Aivaras Abromávicius, que se declaró harto de la corrupción, y también por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagard, que amenaza con cortar el flujo financiero a Ucrania si sus dirigentes no luchan con la corrupción y no aceleran las reformas exigidas por esa institución a cambio de sus préstamos.
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