El lobo (canis lupus) continúa sin conseguir avanzar en España y uno de sus principales problemas son las carreteras que cruzan su hábitat. La asociación Lobo Marley y el Observatorio de la Sostenibilidad han localizado los 50 tramos más mortíferos para la especie de los viarios nacionales: en la última década han registrado la muerte de 81 ejemplares atropellados en ellos. “Una cifra que subestima la realidad, ya que son los ejemplares que se han reportado, pero faltan muchos. Por ejemplo, no hay casi datos de Galicia”, sostiene Fernando Prieto, miembro del Observatorio de la Sostenibilidad. El mayor número de puntos negros se sitúa en Castilla y León, donde más lobos viven.
El último censo realizado en España entre los años 2012 y 2013 localizó 297 manadas del cánido en el cuadrante noroccidental español, distribuidas por Castilla y León (163), Galicia (77), Asturias (28), Cantabria (8), Madrid (5) y Castilla-La Mancha (2), más 19 compartidas entre regiones. De forma esporádica, aparece algún ejemplar en el pirineo catalán, el País Vasco y La Rioja. La especie está protegida por debajo de la frontera del río Duero y por encima se permite su caza con cupos para su control. En Portugal, la estimación es todavía más antigua, de hace casi 20 años, y sitúa la población en 63 manadas.
Los expertos han identificado tramos, no puntos concretos, para proteger las zonas más sensibles por donde se mueve la especie. Algunas de las vías que les resultan más complicadas de atravesar al lobo son las que limitan con su actual distribución, como la N-110, que comunica todo el sur de la comunidad de Castilla y León y el Valle del Jerte (norte de Extremadura). El tramo conflictivo de esta vía está en Segovia. Otras carreteras problemáticas castellanoleonesas son la A-52 y la N-525 en el tramo Benavente-Ourense, en la provincia de Zamora. En Madrid los atropellos se localizan en la A-1, la M-622 y la M-608, por la zona de la sierra del Guadarrama, donde el lobo volvió a criar en 2013 tras más de 60 años sin hacerlo.
Para paliar el problema, en el informe se pide a la Dirección General de Tráfico (DGT), como primera aproximación, la instalación de señales en dichos tramos que adviertan a los conductores de que se está circulando por una zona transitada por lobos. Al mismo tiempo, se solicita la construcción de “ecoductos” o pasos para la fauna “practicables para los vertebrados de mayor tamaño”, que evitaría la fragmentación de las poblaciones de estas especies, que incluyen, además de al lobo, a otras tan emblemáticas como el lince y el oso. El naturalista y director de Lobo Marley, Luis Miguel Domínguez, ha aclarado en la presentación del informe que “no se trata de ir en contra de nadie, sino a favor de todos, porque la estrategia del lobo ha sido funesta hasta ahora. Bruselas pidió a España que mantuviera las poblaciones a salvo, y hemos asistido, por ejemplo, a la extinción del lobo en Andalucía”.
El estudio incide en que también es necesario avanzar en la investigación de la situación real del cánido en todo el territorio, sus límites de distribución, los factores que obstaculizan su dispersión y las zonas potenciales en las que se podría instalar, advierten. Y para disminuir el conflicto que existe entre el lobo y la ganadería, proponen establecer sistemas de compensación de daños “de una forma coordinada y rápida y con base científica”, además de aumentar la concienciación de que es una especie con la que se puede convivir. Porque, puntualizan, “hay que proteger de una vez por todas al lobo en España, porque no se puede hablar de conservación de la biodiversidad mientras se sigan matando ejemplares”.
Las comunidades rechazan aumentar la protección de la especie
Asturias, Galicia, Cantabria y Castilla y León han enviado una carta conjunta a la ministra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para informar de que consideran innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). El Gobierno central lleva varios meses analizando la propuesta. El escrito plantea, según indica Europa Press, que conceder al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión claramente contraria a los intereses de las comunidades al norte del río Duero, que cuentan con importantes poblaciones de esta especie asentadas en su territorio y, por tanto, sufren las mayores consecuencias en el sector ganadero de los ataques puntuales de estos animales. El director de la asociación Lobo Marley espera que el Gobierno no les falle “a pesar de esta reacción de las comunidades autónomas”.
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