El cambio del régimen político y la revocación de mandato

Rogelio Muñiz Toledo

 

La democracia directa implica una política de suma cero, en tanto que la indirecta posibilita una política de suma positiva: Giovanni Sartori *

Cuando se proponen cambios a las reglas de la competencia política y del ejercicio del poder y se percibe que sus promotores serían los beneficiarios inmediatos de las reformas, el proceso de cambio político se complica.

El cambio político, sobre todo cuando se trata de modificar las reglas para el acceso o la permanencia en el poder, requiere un amplio consenso. Para dotar de legitimidad a las reformas es necesario que los acuerdos en los que se sustenten se construyan con base en un debate sobre su pertinencia y sus efectos en el funcionamiento del sistema político y no a partir de una discusión sobre su utilidad para una persona, un partido o un grupo político.

Solo así será posible que las nuevas reglas para la competencia política y el ejercicio del poder cuenten con el apoyo del bloque mayoritario y de las oposiciones y que su legitimidad sea reconocida por todos los actores políticos.

La discusión en el Congreso de la Unión sobre la reforma constitucional para incorporar la revocación del mandato del Presidente de la República al sistema político mexicano, tiene un vicio de origen. La reforma no se planteó como parte de la agenda del cambio del régimen político, sino como un tema de la agenda política -de la agenda personal, según algunas interpretaciones- del Presidente de la República.

El debate sobre la revocación del mandato debiera versar sobre su funcionalidad en el sistema presidencial, su utilidad como instrumento de rendición de cuentas y como mecanismo para que los ciudadanos califiquen el desempeño del gobernante en turno y su adecuada reglamentación para que esta figura jurídica de la democracia directa sea un instrumento al servicio de los ciudadanos y no de quienes detentan el poder.

Los términos en los que se aprobó en la Cámara de Diputados han llevado a que amplios sectores de la sociedad perciban que se trata de una reforma ad hoc, y que su impulsor, el presidente López Obrador, sería no solo su destinatario inmediato y su beneficiario directo, sino que detrás de la consulta sobre la revocación del mandato habría un cálculo político que, según los más perspicaces de sus opositores, tendría como verdadera finalidad dotar al Presidente de la República y a Morena de una plataforma con fines electorales.

La insistencia del Presidente de la República y de Morena de que la consulta sobre la revocación del mandato se realice en forma concurrente con la elección intermedia, ha provocado que el debate se centre en su posible utilización con fines electorales, y en la ventaja política que obtendrían de ella el partido en el gobierno y el Presidente de la República, y no en su utilidad como instrumento de los ciudadanos para evaluar al gobierno.

Es muy probable que si Morena no acepta las modificaciones que proponen las oposiciones en el Senado, la reforma no avance. Tal vez esta sea la oportunidad para que el bloque opositor en el Senado pase de la resistencia frente a la mayoría, a la acción para impulsar el cambio del régimen político.

A pesar de que el cambio del régimen político no parece estar en la agenda legislativa del Presidente de la República y de sus grupos parlamentarios, este podría ser el momento para que las oposiciones lo impulsen. Convendría que el bloque opositor planteara al gobierno la conveniencia de trabajar en la construcción de una agenda política para el cambio del régimen.

Agenda de cambio que debiera tener como objetivos principales: fortalecer la democracia representativa -lo que incluiría la discusión sobre los instrumentos de la democracia directa-, revisar las bases constitucionales del sistema presidencial -como el gobierno de coalición cuya ley reglamentaria sigue pendiente- y del federalismo y establecer mecanismos eficaces de equilibrio, contrapeso y control entre los poderes y los organismos constitucionales autónomos.

Cambio del régimen político que permita construir instituciones que, como lo señala Sartori, posibiliten una política de suma positiva.

* Politólogo italiano. Especialista en política comparada y democracia

Rogelio Muñiz Toledo

Licenciado en derecho por la UNAM, donde recibió la Medalla Gabino Barreda al mérito universitario. Abogado y consultor en derecho constitucional y electoral. Socio de la empresa de consultoría Consultores en Gobierno y Asuntos Públicos, S.C. Ha sido asesor en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México; integrante de la comisión ejecutiva y secretario ejecutivo del Grupo redactor del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México; asesor externo ad honorem del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en materia de Reforma Política de la Ciudad de México; asesor en el Senado de la República, asesor del presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF e integrante del Servicio Profesional Electoral en el IFE.

*La opinión aquí vertida es responsabilidad de quien firma y no necesariamente representa la postura editorial de Aristegui Noticias.




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