El caos de certificar la seguridad frente al virus


España tiene 8.000 kilómetros de costa, con las playas como principal atractivo del sector turístico. La incertidumbre sobre cómo se articulará la desescalada preocupa a hoteleros, responsables de hostelería y Ayuntamientos, que con el deseo de dar aire a una temporada que muchos dan por perdida se preparan a tientas a la espera de que el Gobierno concrete cuándo se autorizará el baño y qué medidas sanitarias impondrá. Más allá de las dudas sobre los aforos y el distanciamiento social, la preocupación común es ofrecer confianza al visitante.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha ideado un sistema de cuadrículas para dividir sus 22 kilómetros de playas, una fórmula que va a empezar a estudiar el alcalde de Vigo. Muchas localidades del litoral cuadriplican su aforo en verano y sus alcaldes temen no poder hacer frente al reto sanitario de esa afluencia masiva. “El turismo es una de nuestras principales fuentes de ingresos”, explica Aurora Águedo, alcaldesa de Punta Umbría (Huelva), “pero es importante saber en qué condiciones se va a producir la movilidad, si hay test suficientes para evitar nuevos brotes de covid-19, si se van a hacer controles de temperatura, cómo se van a limitar los aforos o si va a haber turnos de mañana y tarde, y quién va a supervisarlos, porque no hay Policía Local suficiente”.

El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, trabaja en un protocolo para toda la actividad turística en el que participan las comunidades, patronal y agentes sociales para preparar la reapertura del sector con las máximas garantías. Este marco, coordinado por el Instituto para la Calidad Turística Española, estará terminado para la segunda quincena de mayo, según fuentes de la Secretaría de Estado, y afectará a toda la cadena de valor turístico, desde las playas, hoteles, hostelería, turoperadores, agencias de viajes o aerolíneas, pasando por museos, monumentos o el transporte. Los territorios que habían empezado a definir sus planes, como Canarias, los han compartido con la Administración para tratar de homogeneizar las medidas. El archipiélago considerará el acceso al baño a partir de la segunda semana de desconfinamiento con dos condiciones: máximo a una hora de casa y guardando la distancia.

Andalucía demanda del Gobierno mayor celeridad en la concreción de sus planes y ya plantea que se adelante la apertura para el baño al 25 de mayo en sus municipios costeros. Otros territorios, como Baleares o la Comunidad Valenciana, no son tan apremiantes. En el primero no se ha comenzado a trabajar en las normas que se podrían establecer para ocupar su amplia costa insular. La Generalitat valenciana ha diseñado un triple comité técnico integrado por expertos y representantes del sector y de los municipios y para elaborar un protocolo de actuación, en colaboración con el comité interdisciplinar de Inteligencia Artificial, que adaptará las medidas a cada tipo de playa. La Xunta de Galicia, por su parte, aún no ha decidido ninguna medida concreta, aunque asegura que “está trabajando en un plan de seguridad sanitaria” que se negociará con los municipios más turísticos, entre ellos los del Camino de Santiago. Para el País Vasco y Murcia pensar en abrir las playas aún es prematuro y esperan a las indicaciones de Sanidad.

El sector turístico vaticina un hundimiento sin precedentes. El lobby turístico Exceltur cifra la pérdida en hasta 124.150 millones de euros. En este contexto, muchos Ayuntamientos han empezado a acondicionar los accesos a sus playas, pero con precauciones. Algunos trabajan en planes locales enfocados, sobre todo, en el mercado nacional y en los veraneantes que tienen allí una segunda residencia, pero no pueden concretarlos hasta conocer las medidas del Gobierno.

Toda esta incertidumbre puede resultar en un desastre para las empresas, desde las más pequeñas a las gigantes. Félix Ojeda es el dueño del chiringuito Tucán, en la playa de Matalascañas (Huelva). Aún no sabe si podrá abrir. “Desconozco qué tipo de medidas de seguridad tendré qué implementar, yo estoy mirando por mi cuenta mamparas y también bombas de ozono para desinfectar, pero nadie nos ha comunicado protocolos y no quiero precipitarme”. En Conil (Cádiz), Juan Ramón Carmona, propietario de una vivienda de uso turístico, trabaja en reforzar la limpieza y en incorporar nuevos criterios, como la higienización con cañones de ozono. “Quiero estar preparado cuanto antes para retomar la actividad con seguridad”, afirma.

El gremio de hosteleros y alojamientos turísticos demanda claridad y celeridad para poder adaptar sus establecimientos y tampoco ha esperado al Gobierno. La patronal de la hostelería avanzó el jueves un sello de calidad que recoge un protocolo —aún se está ultimando— con medidas como el control de temperatura a la entrada del establecimiento o un reajuste del aforo con una distancia mínima de separación entre mesas.

Planes de limpieza

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos ha proyectado unas pérdidas de 2.900 millones para este año, teniendo en cuenta el coste de la estancia. Algunas de sus asociaciones están ultimando con multinacionales del sector de la limpieza sus propios protocolos para dotarse de un sello de garantía higiénica que incluye además de limpieza con ozono o hipoclorito, la desinfección de llaves o cambios en la disposición de los muebles.

Pero todos estos planes suponen una inversión que para muchos establecimientos con escasa liquidez será imposible de afrontar. La presidenta de la Pequeña y Mediana Empresa de Restauración de Mallorca, María Eugènia Cusí, advierte de que en una comunidad como Baleares con un “monocultivo turístico” ya hay muchos bares y restaurantes, sobre todo en zonas de playa, que directamente no abrirán. “Están dimensionados para el flujo de visitantes que llega cada verano y este año no les compensa”, afirma. El presidente de la Federación Española de Playas, Norberto del Castillo, comparte esa inquietud, a la que suma el hecho de que a los chiringuitos no se les haya suspendido el canon que deben pagar pese a que no pueden desarrollar su actividad. Los empresarios de playa reducirán las hamacas disponibles para respetar las distancias de seguridad, pero se preguntan quién y cómo va a controlar la saturación en otras zonas de la arena.

Y, entre todo este terremoto, todavía quedan abiertas algunas heridas de la borrasca Gloria. Para Valencia y Cataluña la prioridad, antes que abrir las playas al turismo, es recuperarlas del azote que supuso la borrasca en enero. El decreto del estado de alarma ha paralizado las obras de reconstrucción del litoral catalán. En Barcelona se fijaron todos los esfuerzos en intentar llegar a tiempo a la temporada de baño, pero no se ha podido. “Está todo paralizado, menos la reparación del dique del Port Forum”, remarca una portavoz del Ayuntamiento.

Los hoteleros reclaman un protocolo nacional o europeo

El sector hotelero también demanda una hoja de ruta para poder abrir con todas las garantías. Hasta ahora, el Gobierno solo ha dado el calendario de las fases de desescalada y para la reapertura de alojamientos y restaurantes. Pero todavía no ha detallado las medidas de seguridad a seguir. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos reclama una serie de normas transversales para todo el sector y un protocolo europeo o nacional que acredite la seguridad.

Luis Callejos, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol, una de las zonas de mayor ocupación hotelera en España, se muestra escéptico. “Aunque podamos abrir, no vamos a poder salvar la temporada”, advierte. “Tenemos que generar tranquilidad a nuestros clientes, ahora mismo nosotros no tenemos guantes ni mascarillas para nuestros empleados porque los hemos donado, la desinfección diaria tampoco va a ser suficiente. El cliente tiene que sentirse a gusto, no oprimido”.

Las autoridades se encuentran además con una variable que está por encima del resto en la toma de decisiones. “Ninguna ventaja limitada de un sector turístico local puede compensar el coste económico de gestionar un rebrote”, advierte José Ignacio Castillo, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. El veraneante, esta temporada, será mucho más selectivo.

Los problemas en las playas no van a estar en la pugna por ocupar la primera línea de mar o la barra del chiringuito, sino en cómo controlar su llegada y en garantizar la mayor seguridad.

Con información de Javier Arroyo, Lucía Bohórquez, Ferrán Bono, Jesús A. Cañas, Alfonso Congostrina, Pedro Gorospe, Pedro Murillo, Nacho Sánchez, Virginia Vadillo y Sonia Vizoso.

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