Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, en una imagen de archivo.Adolfo Valtierra (CUARTOSCURO)
La misma justicia que aceleró contra Rosario Robles al inicio del sexenio se ha acompasado en el último tiempo. La secretaria de Desarrollo Agrario y Desarrollo Social en el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) ha conseguido a través de un amparo la suspensión de la orden de aprehensión en su contra por la trama bautizada como la Estafa Maestra en la que se le acusa de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la medida cautelar en 2020 pero, como contó Animal Político, nunca la ejecutó, y por lo tanto, no hubo oportunidad de comenzar el juicio. Este último fallo judicial favorable a Robles, que lleva ya tres años en prisión, ha suspendido la orden —aunque sigue de momento vigente— hasta que se analice el fondo del asunto.
Robles enfrenta por el mismo caso, el desvío de las arcas públicas de más de 5.000 millones de pesos —unos 250 millones de dólares—, dos acusaciones diferentes, algo prohibido por la legislación en México. Por un lado está el caso en que se le imputa el delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión. Hasta el momento esa es la causa que más ha avanzado, y la que le llevó a la cárcel en agosto de 2019. Sin embargo, en el último tiempo se ha ralentizado y estancado en los tribunales. Los últimos meses no ha sido más que un sinfín de idas y vueltas sobre la medida de prisión preventiva que la ha mantenido encerrada por más tiempo del que dicta la ley, que dice que solo debe extenderse por dos años.
Por otro lado, la Fiscalía montó otra causa paralela por los mismos hechos, pero bajo la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero. En este caso la FGR consiguió una orden de aprehensión a finales de 2020 contra la exfuncionaria cuando ella ya estaba encerrada en el penal Santa Martha Acatitla. Pero nunca la ejecutó de manera formal. Ante este último revés que ha dado la justicia a la Fiscalía, el caso deberá ahora ser revisado en profundidad para determinar si corresponde seguir adelante o no.
La ralentización de este señalamiento contra Robles inunda de dudas la causa. En primer lugar, la inacción de la Fiscalía pone en entredicho aquella imputación que hizo en que le acusaba a Robles de haber operado una red criminal que saqueó los recursos públicos a través de convenios firmados con instituciones educativas. Si el Ministerio Público solo ha avanzado en el caso por omisión, persiste la sospecha de que se trata de la única acusación que podría mantener ante un juez. El hecho de que la causa por delincuencia organizada se tambalee implica además un revés para una dependencia que ha mediatizado varias investigaciones contra funcionarios del anterior sexenio, pero que no ha logrado probar sus acusaciones dentro de los tribunales.
Robles denunció en varias ocasiones a la actual Administración de querer vengarse de ella a través de este enredo judicial. La exsecretaria incluso dijo que su situación era consecuencia de una persecución por parte del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero. “El fiscal los convenció de que la única manera de llegar a peces más gordos era presionándome con la cárcel”, dijo la mujer a través de una carta que hizo pública su hija, “se armó toda una maquinaria para atraparme en estos muros, me convertí en rehén”. El presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió: “No hay ninguna venganza, eso es inmoral”. De momento, Robles seguirá en la cárcel por omisión, pero la acusación por delitos graves que recae sobre ella ha entrado ahora en terreno pantanoso.
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