Mineros bloquean el acceso a la fundición Ventanas durante la huelga de los trabajadores de la empresa minera estatal Codelco, el 23 de junio de 2022.JAVIER TORRES (AFP)
El presidente Gabriel Boric, que se acerca a los cuatro meses de mandato, tomó días atrás la que probablemente sea la mayor decisión política de su Gobierno: ordenó cerrar la fundición de Codelco, Ventanas –en la zona de Quintero, en la zona central de Chile–, luego de nuevos episodios de intoxicaciones a la población. Con baja popularidad y sin grandes proyectos que mostrar, La Moneda y los nuevos líderes de la cuprífera estatal tomaron una decisión compleja, postergada por diferentes administraciones. Es un giro en la política medioambiental de Chile, un país que vive de sus recursos naturales, sobre todo del cobre, en concordancia con el discurso Boric de proteger el medioambiente y la salud de las personas. La decisión pondrá a prueba la destreza política de la Administración de izquierdas, que deberá aprobar el proyecto de cierre en el Congreso y con la amenaza de los poderosos sindicatos de Codelco, que esta semana paralizaron su trabajo por 24 horas.
Gustavo Lagos, académico de la Universidad Católica de Chile y uno de los máximos especialistas en minería, dice que el anuncio “es un giro claro en la política ambiental y un llamado de atención a quienes creen que no se debe pegarle otro apretón al tornillo, lo que es muy bueno”. “Todos saben que están bajo aviso y que estas cosas se van a producir”, analiza, en referencia a las normas medioambientales más exigentes para la industria. Lagos opina, sin embargo, que el cierre de Ventanas no implica un giro al modelo extractivista del país sudamericano. “Chile no sabe hacer nada más que sacar bosque y cobre. Y seguirá haciendo lo mismo hasta que demos con la bala de plata de algo que realmente funcione”, asegura el investigador, uno de los primeros en diagnosticar que la fundición de Codelco debía cerrar –hace ya años– y que se debía construir una moderna y de mayor capacidad en otro lugar.
La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, explicó que se trata de una señal evidente: “El mensaje político es clarísimo, y es que Chile emprende un camino de desarrollo que no puede seguir siendo a costa de una naturaleza que necesitamos para nuestro bienestar”.
La fundición de Ventanas abrió en 1964 bajo la órbita de la Empresa Nacional de Minería (Enami). Hace 60 años no había otras industrias en Quintero, a unos 160 kilómetros desde Santiago de Chile, a orillas del océano Pacífico, en la región de Valparaíso. Pero actualmente hay 16 grandes empresas en el polo industrial, en un municipio donde residen unos 32.000 habitantes. Los problemas medioambientales comenzaron ya a comienzos de los noventa y en 2005, en el Gobierno de Ricardo Lagos, el Estado dispuso transferir Ventanas a Codelco, la cuprífera estatal, que siempre ha perdido dinero en esta operación. Con los años fueron aumentando las exigencias para la emisión de dióxido de azufre, material particulado y arsénico.
Las crisis por intoxicaciones comenzaron a hacerse habituales. En 2011, por ejemplo, se intoxicaron nueve adultos y 33 menores en una escuela. Los afectados sufrieron dificultades para respirar, tos, náuseas, desmayos, irritación del aparato respiratorio, vómitos y dolor abdominal. Una nueva crisis se produjo en 2018.
Entre las 16 empresas que componen el polo industrial hay algunas asociadas a la energía –combustibles o gas, por ejemplo–, fundiciones y refinerías, puertos, que emiten distintos gases y compuestos al aire. Alrededor de 33% de los días del año predominan condiciones meteorológicas adversas, sobre todo en invierno, porque la inversión térmica no permite que los gases se dispersen y, por lo tanto, quedan contenidos a baja altura. Esto favorece la concentración de gases en el ambiente, potencialmente causante de nuevas intoxicaciones. Los afectados son principalmente niños y adultos mayores.
Fue lo que sucedió a comienzos de junio pasado cuando, pese a todas las restricciones normativas y a las inversiones realizadas por Codelco, se produjeron consecutivas crisis ambientales en la zona. Un centenar de personas resultaron afectadas, incluyendo a miembros de comunidades escolares. El nuevo presidente del directorio de la cuprífera, Máximo Pacheco –socialista, que fue ministro de Energía en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet– comenzó a apurar la decisión aplazada por distintas administraciones.
El viernes 17 de junio se informó que el directorio había resuelto el cierre gradual y Boric, desde La Moneda, esa misma noche justificó la decisión: “Quiero que sepan que cada una de las acciones que estamos llevando a cabo las realizamos mirando el bienestar de toda la ciudadanía, y especialmente de las mujeres, hombres, niños y niñas que viven de modo más directo las consecuencias de un modelo económico y social que ha sido excluyente, que ha sido desigual, y que se expresa de diversas formas, una de las cuales es la persistencia de las zonas de sacrificio. Y lo hemos dicho muy claro: no queremos más zonas de sacrificio”, aseguró el presidente, en referencia a aquellos lugares habitados que sufren contaminación a causa de las industrias que sustentan su propia economía local.
A los 350 trabajadores de Codelco que trabajan en Ventanas, que esa misma jornada mostraron su fuerte descontento, Boric les prometió un plan de reubicación, reconversión o egreso. Los sindicatos, sin embargo, hicieron un intento de muestra de fuerza el miércoles pasado con una huelga general en diferentes plantas de Codelco en el país, que levantaron al día siguiente. Finalmente, estuvieron dispuestos a trabajar en conjunto con la administración de Codelco y el Gobierno en el trámite del proyecto de ley que, de aprobarse, permitirá el cierre de Ventanas en un período de un año.
El éxito, en cualquier caso, no está asegurado. Las fuerzas que apoyan a Boric –la alianza entre el Partido Comunista y el Frente Amplio más el mundo socialista– no han sido incondicionales al presidente en el Congreso, donde algunos parlamentarios oficialistas ya han manifestado sus críticas a la forma en que se tomó la decisión, a rajatabla y sin un plan negociado anteriormente con los trabajadores. Por otra parte, el impacto en la economía resulta incierto, porque luego de lo de Ventanas –una fundición pequeña–, la ministra Rojas anunció que las otras empresas del cordón industrial de Quintero “van a salir” (porque no solo Ventanas es la contaminante, aunque sí la principal en dióxido de azufre).
Tampoco resulta evidente lo que ocurrirá con otras zonas mineras que producen contaminación con impacto a la población. Todo, con un escenario de inflación que llega al 11,5% anual, la amenaza de la recesión para 2023 y una propuesta de Constitución con un fuerte sello verde, en un país con una estructura exportadora estancada.
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