“Samuel, escucha, seguimos en la lucha”. Este grito, en recuerdo del joven asesinado en una brutal paliza al grito de “maricón” en A Coruña, ha retumbado este sábado por la tarde en toda la Puerta del Sol. “Nos están matando”, ha sido el lema bajo el que unas 800 personas —según policías presentes en la protesta— han acudido a la concentración convocada por el Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) y Kifkif, entre otras organizaciones, para protestar ante la escalada de violencia hacia esta comunidad. Los manifestantes no solo han denunciado el miedo que sienten ante el aumento de la LGTBIfobia, sino que también han exigido al Gobierno una respuesta contundente para hacer frente a estas agresiones.
La manifestación fue convocada después de que un joven de 20 años denunciara el pasado lunes una agresión homófoba en el centro de Madrid, aunque dos días después cambió su testimonio. En una nueva declaración ante la policía admitió haber mentido en su versión inicial: dijo que había sido atacado el pasado domingo por ocho encapuchados en su portal en Malasaña y que el grupo le grabó la palabra “maricón” en la nalga con un cuchillo. El miércoles confesó que fue consentido. A pesar de este cambio, COGAM decidió seguir adelante con la cita de este fin de semana, al igual que hizo el miércoles con su protesta en el mismo lugar el Movimiento Marika Madrid. Esperanza Montero, de la junta directiva de COGAM, ha explicado el por qué: “Independientemente de que la denuncia sea falsa o no, la violencia homófoba existe y sigue escalando”.
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Alicia Ramos, activista trans, ha leído el comunicado de la convocatoria: “Sentimos abandonados nuestros derechos por las instituciones, que no están tomando medidas para protegernos y están descuidando u olvidando las políticas LGTBI. Reclamamos que se apruebe de una vez la ley LGTBI estatal y la ley trans [están fusionadas en una sola norma que está en fase de tramitación]”, ha denunciado. Entre los manifestantes se encontraba Sandra Pérez, una joven bisexual de 20 años. “La gente ya tenía discursos de odio, pero ahora tendrán más excusas para justificarlos. Sentimos miedo, pero estamos aquí precisamente para luchar contra él”. Coincide Maribel Torregrosa, activista trans de 64 años: “Dejemos de culpabilizar a aquella persona que por una mala reacción, una falta de no saber cómo reaccionar ante una situación que se le fue de las manos, hizo esto. Es importante mantener las convocatorias e incrementarlas”.
El caso del joven de Malasaña y la subsecuente confesión ha desatado una oleada de reacciones dentro del colectivo y la Administración. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que “esa denuncia falsa no puede impedir describir la realidad que sufren por desgracia personas de distintas orientaciones sexuales por el hecho de ser como son”. La ministra de Igualdad, Irene Montero, publicó un mensaje en una línea parecida a través de su cuenta de Twitter: “Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021. Que el árbol no nos impida ver el bosque.” Ante el alza en este tipo de violencia, Sánchez presidió el viernes una reunión de la comisión contra los delitos de odio en la que el Ministerio de Interior se comprometió a crear en la Policía y en la Guardia Civil grupos que se dediquen a perseguir estos crímenes y a desarrollar herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas.
El mensaje es claro: una denuncia falsa no invalida las muchas agresiones que sí sufre el colectivo. Durante los primeros seis meses de 2021, las fuerzas de seguridad han recibido 610 denuncias por infracciones de delitos de odio, cifra máxima desde que, en 2014, se empezaron a recopilar estadísticas sobre estos delitos, entre los que están los motivados por la identidad de género o sexual. Este total supone un repunte de un 9,3% respecto al mismo periodo en 2019, según las estadísticas del Ministerio de Interior.