El Comité 68 Pro Libertades Democrática aseguró que la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez no extingue la causa que se le sigue por el delito de genocidio, ya que los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
La tarde del sábado, miembros del comité se apostaron a las puertas de Palacio Nacional, donde leyeron un comunicado que posteriormente fue difundido por sus redes sociales y en el que demandaron que continúen los procesos judiciales en torno al expresidente y quienes cometieron la persecución de opositores en el pasado.
“La muerte de Echeverria no extingue la causa por un crimen de Estado. Exigimos la continuación de los procesos judiciales, la lista de perpetradores es conocida por todxs y continúan gozando de impunidad y la protección del poder político oficial. Exigimos una reforma al sistema judicial para que ningún crimen de Estado en contra del pueblo quede impune y jamás se vuelva a cometer”, aseguraron.
Además, demandaron la extinción de dominio de los “cuantiosos bienes” del exmandatario, para que los recursos obtenidos sean aplicados en la “reparación del daño y en favor de sus víctimas”.
“No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y quede claro, con la muerte de Echeverría no se extinguen los procesos y causas por genocidio”, aseguraron.
Señalaron que las organizaciones de derechos humanos surgidos de la llamada ‘guerra sucia’ entre las décadas de los 50 y los 80 del siglo pasado, así como las nuevas generaciones, las familias de las víctimas y los sobrevivientes de la represión del Estado, asumen la vigencia y continuidad de su lucha, al tiempo que insisten en el acceso pleno a la justicia, la reparación del daño y la garantía de la no repetición.
“Hoy murió el genocida -expresidente de México- Luis Echeverría Álvarez, uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la ‘Guerra Sucia’, entre otros cuerpos castrenses, policiacos y paramilitares responsables de los vuelos de la muerte, del exterminio de pueblos enteros en Guerrero, de la ejecución y desaparición forzada de miles de personas”, afirmaron en su comunicado.
“Durante más de cinco décadas hemos luchado por el esclarecimiento de lo ocurrido y la exigencia de justicia, castigo a los responsables, reparación del daño y garantías de no repetición. Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Luis Echeverría y otros corresponsables, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la comisión del delito de genocidio”, señalaron.
Los miembros del Comité 68 recordaron que Echeverría paso más de dos años en prisión domiciliaria y murió como imputado por el delito de genocidio, “es decir que nunca fue exonerado”.
En ese sentido, dijeron que se le dejó en libertad bajo las reservas de ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la Fiscalía General de la República (FGR).
El expresidente fue llevado a juicio, tras la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), en el gobierno de Vicente Fox. Fue acusado de participar en la organización de la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, Ciudad de México, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz.
También fue señalado por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas durante la “guerra sucia”, por lo que recibió dos órdenes de aprehensión por presunto genocidio, lo que lo llevó a la prisión domiciliaria.
Durante su gobierno, sucedió la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, conocida como ‘halconazo’, en la que un grupo paramilitar entrenado por el gobierno atacó una marcha de estudiantes en la Ciudad de México, lo que dejó un saldo no oficial de más de 200 personas muertas.
En marzo de 2009, el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito revocó la medida cautelar y ordenó que fuese liberado con “las reservas de ley”, por lo que el caso permaneció congelado.
Sin embargo, en 2019 se le envió un citatorio tras un amparo promovido por el Comité 68, que ha denunciado en reiteradas ocasiones que la FGR ha sido omisa en su deber de investigar los hechos.
En septiembre de 2021, la revista Proceso reveló que el exmandatario distribuyó su fortuna mediante la creación de una docena de empresas inmobiliarias que generaron a su familia millones de pesos en ganancias desde 1976.
También dio a conocer que Echeverría vivía arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, según declaraciones de María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años. Acusó que fue despedida con agresiones de sus hijos en diciembre de 2018, motivo por el que los demandó penal y laboralmente.
Un terreno en Playa del Carmen, una casa y un hotel en Cuernavaca, otro inmueble en Guanajuato, uno más en Zihuatanejo, son algunas de las propiedades de la familia Echeverría.
Heraclio Bonilla Gutiérrez, ex abogado de Luis Echeverría, aseguró en septiembre de 2021 en Aristegui en Vivo que se trata de una “inmensa fortuna” la que acumuló el expresidente.
También señaló que los hijos del exmandatario perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez.
Ve la entrevista completa:
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