Habitantes de Nuevo Laredo encaran a un militar cerca de la zona donde ocurrió la balacera del pasado 26 de febrero.STRINGER (REUTERS)
Un grupo de militares llegó el domingo en la noche a casa de la familia de una de las víctimas de la masacre de Nuevo Laredo, según ha informado el Comité de Derechos Humanos de la ciudad, en un comunicado divulgado este lunes. La organización no gubernamental, que ha seguido el caso desde el principio, señala que los soldados amenazaron con detener al padre de una de las víctimas, Enrique Pérez, y a otro familiar, por pertenecer presuntamente a una organización criminal.
Pérez es padre de Gustavo Pérez, uno de los cinco muchachos muertos a balazos de militares el domingo 26 de febrero, en la zona surponiente de Nuevo Laredo. Los muchachos habían pasado la noche del sábado en una discoteca del centro. Eran siete en total. A la salida, pasadas las 4.00, se dirigieron a la colonia Cavazos Lerma, donde iban a dejar a algunos de ellos. Una vez allí, camionetas militares les siguieron.
No están muy claras las circunstancias, pero la Secretaría de la Defensa informó la semana pasada de que el carro de los muchachos chocó con un vehículo estacionado en la calle. El “estruendo” del choque provocó, según la dependencia, los disparos de los soldados. Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, señalaba estos días que los militares dispararon más de 60 veces. Cinco de los siete murieron y uno más resultó herido y sigue en el hospital, con los pulmones perforados, según Ramos.
El séptimo pasajero resultó ileso. Se trata de Alejando Pérez, hermano de Gustavo. Pérez ha denunciado que en realidad fue una de las camionetas militares la que chocó con su camioneta. Ha dicho que después de chocarles por detrás, empezaron a dispararles; que después de esa primera ronda de balazos, dispararon al menos dos veces más contra el muchacho que sigue herido, en el hospital, mientras pedía auxilio. Y que luego, con él sometido, pecho en tierra, escuchó dos disparos más.
Mucho se ha debatido estos días sobre las actividades de los muchachos, su presunta adscripción a un grupo criminal que trabaja en Nuevo Laredo, pero lo cierto es que los muchachos no dispararon contra los militares. De hecho, el oficial al mando del convoy, el capitán de caballería Elio N, escribió en su informe rendido más tarde a la Fiscalía General de la República (FGR), que tras los balazos revisaron la camioneta y no encontraron “ningún ilícito”. Esto es, armas, municiones, cartuchos…
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo ha calificado la llegada de militares al domicilio de los Pérez como amedrentamiento. “Hacemos un llamado urgente al presidente de México y a los titulares de la FGR y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tomen medidas urgentes para la protección de la familia Pérez”, ha dicho el Comité en su comunicado. La organización ha señalado que por motivos de seguridad, Alejandro Pérez, el sobreviviente, ha debido cambiar de domicilio.
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