Natividad Bravo se apoya en la puerta de madera de su casa, en El Gordo (Cáceres). Cuida de la iglesia, “preciosa, del XV”, que se alza enfrente, a dos pasos. En su rostro, surcado de arrugas, aparece la preocupación cuando piensa en la posibilidad de que el complejo de lujo Marina Isla de Valdecañas desaparezca para cumplir la sentencia judicial que declaró nulo el proyecto. Tres de sus cinco hijos trabajan en la urbanización —“en mantenimiento, jardinería…”— y los isleños, cómo se conoce popularmente a los propietarios de las villas, llenan la iglesia en temporada alta y “el cestillo”. Su disgusto lo comparten la mayor parte de los vecinos de El Gordo (385 habitantes) y de El Berrocalejo, todavía más diminuto, con 90 empadronados, en cuyos términos municipales se asienta la urbanización.
El complejo, al que se conoció en su época de esplendor como la Marbella extremeña, se encuentra a dos kilómetros de El Gordo, en una isla de 135 hectáreas rodeada por el pantano de Valdecañas. Cuenta con campo de golf de 18 hoyos, 180 villas —la mitad de las previstas— con 270 metros cuadrados de media en parcelas de 800 con impresionantes vistas al pantano, de color ocre y una construcción discreta integrada en el entorno; un hotel de cuatro estrellas; piscinas; playa artificial; 76 atraques y pistas polideportivas. Los problemas legales han dejado el esqueleto de hormigón del otro hotel previsto en el proyecto asomando a la playa artificial, que, en estas fechas, parece abandonada.
La amenaza de la piqueta se cierne sobre el complejo desde que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) sentenció en 2011 la nulidad del proyecto —aprobado en 2007 por la Junta de Extremadura con el socialista Rodríguez Ibarra— y ordenó la restitución de los terrenos a su estado original, es decir, a antes de la construcción, tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción. El terreno debía ser considerado como suelo no urbanizable de especial protección, por encontrarse dentro de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Valdecañas y de la Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea). El Tribunal Supremo ratificó el fallo. Y la semana pasada el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional un párrafo que incluyó la Junta de Extremadura en la ley del suelo para intentar sortear la sentencia. Ahora, la pelota se encuentra en el tejado del TSJEX, que debe decidir cómo se ejecuta su sentencia.
Para los ecologistas solo existe una opción: cumplir la sentencia y desmantelar el complejo, porque ellos no van a ceder. “Sería como decir: ustedes construyan lo que quieran que nosotros se lo legalizamos”, argumenta José María Mazón, portavoz de Asociación en Defensa de la Naturaleza de Extremadura (Adenex) y Ecologistas en Acción. “No se trata de dejar el terreno como estaba, sino de mantener el nivel de suelo actual quitando las casas y recuperando todo lo que se pueda para reciclar”.
La Junta de Extremadura y los propietarios piensan en una solución intermedia: mantener lo construido y establecer medidas compensatorias. “Eso no sería cumplir la sentencia”, remacha Monzón.
Natividad Bravo, en la puerta de su casa en El Gordo. R. G.
“Que lo dejen porque ya está hecho. Si lo tiran, ¿quién va a venir aquí si se van los isleños?”, sintetiza César Bravo, propietario del bar Oasis, en El Gordo, el sentir vecinal. Su establecimiento está al lado de la iglesia, en la carretera que atraviesa el pueblo camino de la urbanización. “Antes allí no había nada, era un erial en el que plantaron eucaliptos, nosotros íbamos allí a bañarnos y a hacer botellón en las orillas”, describe. Ahora, “en fin de semana se nota que viene gente, también famosos como la hija de José María Aznar, Xabi Alonso, Caminero…”. Muchos de ellos invirtieron más de 500.000 euros de media en la compra de estos chalés, ahora devaluados.
El Tribunal Superior extremeño debe decidir cómo se ejecuta la sentencia
El viernes pasado, en medio de un fuerte aguacero, la isla ofrecía un aspecto fantasmal con las casas cerradas a cal y canto y un verde y vacío campo de golf. Solo era posible cruzarse con algún empleado del complejo como Eduardo Maestre, de 30 años, que se encarga del mantenimiento de piscinas y casas en la isla. Tuvo que dejar el pequeño pueblo cacereño donde nació, Casa de Don Gómez (300 habitantes), ante la falta de perspectivas laborales. “Necesitamos trabajo, sería terrible que lo tiraran; ¿me voy a tener que ir a trabajar a Madrid sin quererlo?”, lanza la pregunta.
La España vacía
El conflicto de la isla se entrelaza con los problemas que arrastra la España despoblada. María Bravo —vecina de El Berrocalejo “de todos mis 72 años de vida”— explica que en el pueblo viven unas 40 personas, casi todos mayores. Y solo un niño: su nieto de cuatro años que va al colegio al vecino El Gordo. “Cuando llegan las familias de la isla revive porque tienen muchos niños y traen alegría, coges cariño a la gente. ¿Por qué tienes que tirarles la casa?”, se pregunta. “Quizá no puedan hacer todo lo que querían, pero que lo dejen como está”, plantea.
“Que lo dejen porque ya está hecho”, dice un habitante de la zona
El alcalde de El Berrocalejo, Ángel Pedro Martínez (PSOE), sabe que a su pueblo no le ha tocado mucho en el reparto de los beneficios de la urbanización, “porque lo que se iba a edificar en nuestro término municipal (un 30%) no se llegó a construir”. Aún así, defiende el complejo a capa y espada. Las arcas de El Gordo reciben, en cambio, unos 300.000 euros anuales por el IBI de las casas y el campo de golf, indica su alcaldesa Silvia Sarro (PP), también fiel protectora del complejo. “Deben trabajar aquí unas 60 o 70 personas de los alrededores, beneficia a toda la comarca”, zanja. Los chavales de ambos pueblos utilizan las pistas polideportivas y también celebran fiestas.
Pepe Pisa, madrileño y propietario de una de las viviendas, compró al principio “de buena fe, era un proyecto avalado por la Junta de Extremadura”. “Ahora nos hemos instalado en la incertidumbre legal, que dura demasiado tiempo”, explica. “Es un lugar fabuloso, con el deporte a la puerta. Si me llegan a decir que nos iban a tratar como si hubiéramos cometido un atentado medioambiental, no lo habría creído”, añade. No está de acuerdo con que se trate de un enclave lleno de personas conocidas. “La mayor parte es gente a la que no se reconoce por la calle”, apunta. “Si no se ha hecho bien, que se arregle, lo que no tiene sentido es no aportar otra solución que la demolición y perder las infraestructuras y el empleo creado”, defiende.
El poder de las figuras de protección
El complejo nació envuelto en las bendiciones del más alto nivel: la Junta de Extremadura, con el socialista Rodríguez Ibarra a la cabeza, apostó por él, tanto que olvidaron las consecuencias de edificar en una zona que ellos mismos habían protegido. Para sortear el escollo, el Gobierno regional usó la figura de Proyecto de Interés Regional (PIR) Marina Isla de Valdecañas y aprobó la declaración de impacto ambiental. El proyecto pasó así a ser compatible con los valores naturales del entorno. En 2007, Ibarra firmó la aprobación definitiva. “Nosotros dijimos desde el principio que no se podía desarrollar ese entorno sin haber demostrado que sus valores naturales habían cambiado y ya no necesitaban protección. Si eso es así, puedes modificar la calificación del terreno”, explica José María Mazón, de Ecologistas en Acción. “Pero, eligieron convertirlo en PIR que elimina muchos de los pasos”, añade. Los ecologistas denunciaron y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) les dio la razón en 2011. El Tribunal solicitó en 2015 un informe al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para valorar el impacto ambiental de tirar el complejo. Los científicos consideran que, pese a los inconvenientes, “desde un punto de vista estrictamente ambiental” el impacto de la demolición de las edificaciones y estructuras de la isla sería positivo para la biodiversidad porque se ofrecería una oportunidad de restauración de los procesos ecológicos alterados y de recolonización para la vida silvestre.
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