La urgencia con que la mayoría parlamentaria del Congreso tramita la proposición de ley para limitar las competencias del Consejo del Poder Judicial cuando, como ahora, tiene el mandato prorrogado, ha elevado al máximo la tensión institucional entre estos dos poderes del Estado. El Congreso pidió ayer “respeto” al órgano de Gobierno de los jueces ante su petición de que se reconsidere la proposición de ley, promovida por el PSOE y Unidas Podemos, quienes consideran la propuesta una “injerencia” del poder judicial en el legislativo. PP y Vox estudian recurrir contra la norma en Europa.
El vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, aprovechó la cita de ayer en la Mesa de la Cámara baja para plantear, fuera incluso del orden del día, si se creía conveniente dar una respuesta institucional al acuerdo adoptado el 21 de enero por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que se reclama a las Cortes que reconsideren su decisión de tramitar por la vía urgente, sin escuchar al Consejo ni a las asociaciones judiciales, la reforma legal que limitará algunas de sus competencias, como el nombramiento de cargos judiciales, cuando estén en funciones. El Consejo acabó su mandato constitucional de un lustro hace más de dos años, pero sigue efectuando nombramientos de altos cargos judiciales porque la ley actual no impide hacer estas designaciones con el mandato vencido. Ante la falta de acuerdo para renovar el Consejo, el órgano mantiene una mayoría de corte conservador desde que se renovó en 2013, cuando gobernaba el PP con mayoría absoluta.
La mayoría de la Mesa del Congreso formada por los tres componentes del PSOE y los tres de Unidas Podemos aprobó frente a los dos representantes del PP y el de Vox replicar al Consejo del Poder Judicial. La Mesa entiende que es el órgano de Gobierno del Congreso competente para defender al Poder Legislativo y que, según el artículo 93.1 del Reglamento de la Cámara, la tramitación de esa modificación de la ley orgánica del Poder Judicial sí se puede hacer por el procedimiento de urgencia.
Los dos partidos que forman la mayoría actual de la Mesa (PSOE y Unidas Podemos) incluyeron en la respuesta al Consejo algunas aclaraciones no menores sobre el reparto de poderes en un Estado de derecho. En su punto final precisaron: “El Congreso ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constitución, que reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara e instar el mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes”.
La mención de la Mesa de las Cortes a pedir “respeto” sobre sus competencias y tareas al Poder Judicial es la clave de la respuesta y lo que provocó, inmediatamente, la polémica entre los partidos.
La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, lo recordó en su intervención durante la Junta de Portavoces y ante la prensa: “La potestad del Estado la tienen las Cortes Generales y en ningún caso están obligadas a pedir informes o comparecencias previas del Consejo del Poder Judicial”.
Gerardo Pisarello, miembro de la Mesa por Podemos, calificó de “barbaridad” lo que tomó como un intento del Poder Judicial de “limitar la autonomía” del Congreso y la división de poderes y argumentó que lo que persigue ahora la modificación legal es “acabar con una anomalía constitucional” al dejar que un partido —en alusión al PP— pueda bloquear durante años la renovación de ese organismo judicial.
Los vocales del Poder Judicial que impulsaron el pleno del 21 de enero consideran que, tras esta respuesta del Congreso, el órgano de Gobierno de los jueces ya no puede plantear ahora nuevas iniciativas para intentar que los dos socios de Gobierno cambien de opinión. Una posibilidad que manejan a medio plazo en el Consejo, según las fuentes consultadas, sería presentar ante el Tribunal Constitucional un conflicto entre órganos constitucionales, una figura que reserva al Constitucional la competencia para resolver controversias entre los poderes del Estado. Pero esta iniciativa no puede adoptarse mientras no se apruebe la reforma legal, por lo que algunos vocales son partidarios de estudiar la viabilidad de esta opción si la Ley sale adelante. Otros vocales consultados dudan de que la reforma exprés encaje en el conflicto entre órganos constitucionales, pensado para cuando un órgano considera que otro ha asumido una de las atribuciones que la Constitución le reserva a él.
Algunos miembros del pleno que preside Carlos Lesmes consultados por EL PAÍS confían en que la reforma exprés sea denunciada ante organismos europeos. Varios vocales llegaron a plantear en conversaciones mantenidas en las últimas semanas que fuera el Consejo el que llevara la reforma a Europa, pero finalmente se descartó por las dudas que generaba que la propia institución se implicara en el proceso. Los vocales más beligerantes del ala conservadora ya señalaron la posibilidad de que la reforma acabe siendo denunciada ante organismos europeos por parte de alguna asociación judicial o partido, que es la opción que ahora estudia el PP, según fuentes de la dirección del partido.
Recursos en estudio
Los populares van a valorar la posibilidad de recurrir la actuación del Congreso ante la comisión de Venecia, que depende de la Unión Europea, pero no lo harán hasta que la reforma sea aprobada definitivamente en el pleno de la Cámara baja, un escenario que se prevé para mediados de marzo.
La Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, conocida como Comisión de Venecia, es el órgano consultivo del Consejo de Europa responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales que promueven el respeto a los derechos fundamentales entre sus Estados miembros.
Miembros del Partido Popular estuvieron la semana pasada en una reunión en el Consejo de Europa y ya expusieron su posición contraria a la norma que se tramita en España. La Comisión ha anticipado que sigue este caso detenidamente.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, cuestionó ayer el procedimiento de “urgencia y sin garantías” llevado a cabo por el PSOE y Podemos ante una cuestión tan grave. Gamarra evitó pronunciarse sobre el fondo del asunto y que un Consejo General del Poder Judicial en funciones pueda seguir impulsando nombramientos. Gamarra llegó a declarar que la pretensión del PSOE y Podemos “amenaza con deteriorar la calidad democrática de España” porque supone “una peligrosa intromisión en la separación de poderes”.
El PP comparó críticamente la rapidez con la que se ha tramitado en pocas semanas toda esa reforma frente a la lentitud con que se abordan iniciativas de la oposición. “No me cabe duda sobre la separación de poderes, pero también de que hay que legislar con calidad y sin intromisiones de otro poder y hacerlo en el marco europeo”, dijo Gamarra.
Echenique avisa: “Cambiaría el mecanismo de elección”
El PSOE y Unidas Podemos registraron en octubre pasado una proposición de ley mucho más ambiciosa y polémica que la actual en discusión. Lo hicieron para presionar y forzar la negociación con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que tiene el mandato prorrogado desde hace dos años. En aquel proyecto, los dos partidos del Gobierno de coalición planteaban todo un cambio de método en la elección de los 12 vocales judiciales (de los 20 que integran el Consejo): en vez de requerir el respaldo de tres quintos de la Cámara, se proponía su elección por mayoría absoluta. PP, Ciudadanos y Vox rechazaron con contundencia aquel intento de reforma y también llevaron sus quejas hasta Europa y la Comisión de Venecia, que vigila el cumplimiento de los principios que rigen en los Estados de derecho.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció unas semanas después al líder de la oposición, Pablo Casado, retirar esa iniciativa a cambio de retomar la renovación del Consejo. Y efectivamente aquella proposición, ya registrada, se paralizó. Ahí sigue desactivada, aunque el PP no ofrece ningún signo de querer negociar la renovación.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, quiso ayer añadir más presión y avisó: “Mi opinión es que en algún momento tendremos que modificar ese mecanismo, evidentemente que sí”. Echenique justificó su posición en que el vigente sistema de elección estaba pensado para garantizar la pluralidad en el Consejo en tiempos de bipartidismo, pero el portavoz de Podemos entiende que esa época ya pasó.
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