Las universidades tienen por fin una norma para que su funcionamiento interno se rija por principios constitucionales. El Congreso ha dado este miércoles fin al código disciplinario que aprobó el dictador Francisco Franco en el pazo de Meirás en 1954. Con la nueva Ley de Convivencia Universitaria, los centros de enseñanza superior tendrán una herramienta actualizada para sancionar el plagio, las novatadas, las trampas en un examen o los escraches. La nueva norma es ordinaria ―no es orgánica―, por lo que no se ha votado en el pleno de la Cámara, sino en la Comisión de Ciencia después de que el 21 de octubre se descartasen las enmiendas a la totalidad del PP y Vox. La ley ha salido adelante con 20 votos a favor (PSOE, Podemos, PNV, ERC, y Teruel Existe), 15 en contra (PP, Ciudadanos y Vox) y una abstención (Bildu).
La norma franquista no era solo anticonstitucional, sino caduca en el siglo XXI. En 2012, la entonces defensora del pueblo, Soledad Becerril, subrayó que había “notorias carencias para ser aplicada a situaciones frecuentes”, en referencia al uso de las nuevas tecnologías para copiar en los exámenes o en un trabajo o a los derechos de autor, que se recogen ahora en la ley de convivencia. El texto inicial de la norma aprobada se vertebraba en torno a la mediación ―primando la resolución de conflictos sobre el castigo―, con dos herramientas distintas: un arbitraje informal para solucionar situaciones de manera amistosa y los conocidos como “procedimientos de mediación”, dos órganos con representación de todos los colectivos que se reunirían para sancionar determinadas conductas. Pero tras las negociaciones políticas con Esquerra, el texto dejó manos libres a cada campus público (los privados están exentos) para gestionar la convivencia como quisiera, amparado en la autonomía universitaria. Es decir, podía no recurrirse a la mediación.
Pero a última hora, este martes por la noche, el Gobierno acordó con el PNV que cada universidad ―sin perjuicio de sus competencias― “desarrolle” un sistema de mediación que se aplique antes y durante el procedimiento disciplinario. La enmienda vasca apacigua en parte a la conferencia de rectores (CRUE), pero se sigue “impidiendo el establecimiento de un marco común para todo el sistema universitario español”, como habían denunciado esta y las asociaciones estudiantiles (CREUP y CEUNE) ―muy enfrentadas en los tira y afloja de la nueva ley de universidades― en un comunicado conjunto. CREUP ha llamado a un “paro académico” este jueves sin mucho eco en las redes sociales.
Los partidos de derechas temen que, con esta libertad de actuación, los rectores catalanes no castiguen los escraches o los daños sobre el patrimonio en sus campus, donde se viven situaciones de tensión en fechas simbólicas para el independentismo. Por ejemplo, hace un mes un grupo de estudiantes destrozó la carpa instalada por el colectivo antiindependentista S’ha Acabat en la Autónoma de Barcelona. El diputado de Ciudadanos Juan Ignacio López-Bas, ha expresado: “Esquerra tiene la necesidad de un instrumento legal para legitimar lo que está pasando en las universidades catalanas, donde la violencia se ha impuesto para, por ejemplo, parar una conferencia o coaccionar”. María Jesús Moro, la portavoz del PP, ha elogiado el anteproyecto consensuado con la comunidad universitaria frente al definitivo y el PSOE, seguidamente, le ha recordado que su partido presentó una enmienda a la totalidad.
Una norma anticonstitucional aún aplicada
El Congreso ha dicho adiós a un reglamento propio de un Estado policial que en parte no se podía aplicar, porque por ejemplo consentía en “circunstancias anormales” aislar o cerrar los centros o enjuiciar por actos “deshonrosos” en el Tribunal de Honor, lo que choca con el articulado de la Ley Fundamental. Esta dice que “quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Constitución” ―como ir contra la libertad de expresión y de cátedra o el derecho de reunión―, pero en ocasiones la constitucionalidad resulta muy interpretable en el código de 1954, y algunos alumnos universitarios han sido suspendidos en virtud de esta normativa franquista, mientras que a los trabajadores se les aplica el Estatuto del Funcionario Público. Por ejemplo, se ha recurrido al código de 1954 para sancionar desórdenes públicos, falta de probidad o difamación.
En 1962, Manuel Castells, entonces universitario en Barcelona, cruzó los Pirineos y se instaló en París huyendo de la represión franquista tras una huelga ilegal. Por ese motivo, tras ser nombrado ministro en enero de 2020, el primer impulso del reputado sociólogo, que se considera un “ácrata”, fue derogar el reglamento de 1954 sin un texto alternativo. “Es un escándalo que en un contexto democrático [el código] haya pervivido hasta ahora”, ha declarado Castells tras aprobarse la ley. La tramitación para abolir el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior llegó a ponerse en marcha en junio de 2020, pero se paró a petición de los propios rectores, que se sintieron desarbolados sin un documento nuevo con rango de ley. Mejor la disciplina de Franco, argumentaron, que ninguna herramienta jurídica para sancionar. “En lo esencial se consagra la mediación como la fórmula preferible en la resolución de conflictos”, he proseguido Castells, “y, por consiguiente, todas las universidades estarán obligadas a constituir una comisión con presentación de todos los estamentos universitarios”.
En 45 años pocos han sido los intentos de anular el reglamento del dictador, pese a que en dos sentencias el Tribunal Supremo presentó dudas respecto a la constitucionalidad de su articulado (1988 y 1989) y que en repetidas ocasiones los defensores del pueblo hayan alzado la voz en su contra (1990, 2008 y 2012).
En 2010, con Ángel Gabilondo como ministro, llegó a redactarse un anteproyecto de ley de convivencia similar al inicial de la norma aprobada este miércoles, pero se adelantaron las elecciones y terminó en un cajón. Su sucesor, José Ignacio Wert, descartó elaborar una ley porque había temas más importantes que resolver antes y a Íñigo Méndez de Vigo tampoco le desveló el código preconstitucional.
Cuadro de sanciones
Las faltas se dividen entre muy graves, graves y leves.
Faltas muy graves: se sancionan con la expulsión de entre dos meses a tres años o la pérdida de matrícula durante un curso o semestre académico. Se encuadran aquí las novatadas con perjuicio físico o psíquico, cualquier tipo de abuso, el plagio, la suplantación o la destrucción del patrimonio artístico de forma irreparable si está catalogado.
Faltas graves: se castigarán con la expulsión hasta un mes o la pérdida del derecho de presentarse a los exámenes. Se puede sustituir la sanción por trabajos para la comunidad. Engloba: acceder a los servicios informáticos, sustraer exámenes, fraude académico, destruir gravemente patrimonio o montar un escrache.
Faltas leves: se sancionan con una amonestación privada. Se considera leve acceder a zonas no autorizadas o destruir patrimonio “de forma no grave”.
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