En tiempo de descuento, días antes de que la Cámara de Representantes pase a manos de los republicanos, una comisión controlada por los demócratas ha divulgado las declaraciones de impuestos correspondientes a seis ejercicios del expresidente Donald Trump. La publicación de los registros, editados, pone fin a una larga batalla legal interpuesta por el republicano para impedir que vieran la luz, pero no a la polémica que rodea al Servicio de Impuestos Interno (IRS, en sus siglas en inglés; la Hacienda estadounidense), incapaz de escrutar de manera precisa el volumen de negocios del magnate mientras ocupaba la presidencia. La revelación añade otro baldón al expediente de Trump después de anunciar su intención de concurrir a las elecciones en 2024.
Según los datos difundidos este viernes, Trump pagó 1,1 millones de dólares (algo más de un millón de euros) en impuestos federales sobre la renta en sus tres primeros años como presidente, y ninguno en 2020, cuando sus ingresos empezaron a disminuir. Una vez llegado a la Casa Blanca, el magnate cedió a sus hijos mayores las riendas del emporio familiar, la Organización Trump, que, según los registros, tuvo unos ingresos brutos ajustados de 15,8 millones de dólares en sus primeros tres años como presidente. En los dos años previos a su llegada a la Casa Blanca, el republicano registró grandes pérdidas empresariales, según muestran los registros de los ejercicios fiscales comprendidos entre 2015 y 2020.
Hasta la decisión del Tribunal Supremo, que el mes pasado franqueó la entrega de las declaraciones de Trump de 2015 a 2020, la labor del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, presidido por el demócrata Richard Neal, había sido desde 2019 un continuo tropiezo. El republicano recorrió judicialmente todas las instancias posibles para impedir que vieran la luz, con argumentos tan peregrinos como que la dimensión de los negocios de su emporio inmobiliario le impedía evaluarlos y rendir cuentas. Parecido argumento se esgrimió para explicar la miopía del IRS, que no pudo auditarle totalmente durante su mandato, pese a que el comité aprobó una ley que obligaría a Hacienda a completar las auditorías presenciales en los 90 días siguientes a la toma de posesión.
“Un presidente no es un contribuyente ordinario. Tiene poder e influencia a diferencia de cualquier otro ciudadano estadounidense. Ese gran poder implica una responsabilidad aún mayor”, declaró en un comunicado Richard Neal.
Tras salir airoso de dos impeachment a los que fue sometido por la Cámara de Representantes, Donald Trump, de 76 años, se enfrenta a una complicada ofensiva legal que puede empañar su futuro político o, al revés, dar alas a sus partidarios más extremistas. El comité del Congreso que investigó el asalto al Capitolio ha pedido procesar a Trump por cuatro delitos, entre ellos obstrucción a la justicia e insurrección. El FBI requisó documentos confidenciales que el republicano se había llevado de la Casa Blanca, y dos investigaciones en curso en Nueva York, una de carácter civil y otra penal, analizan sus negocios por presunto fraude fiscal.
El comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes solicitó las declaraciones en 2019, argumentando que el Congreso las necesitaba para evaluar la auditoría del IRS de las declaraciones fiscales de los presidentes, un propósito que los republicanos consideraron que tenía motivación política. Trump, que asumió el cargo en enero de 2017, fue el primer candidato presidencial desde la década de los setenta en no hacer públicos sus impuestos. Demandó al comité para tratar de mantenerlos en privado, pero el alto tribunal, de mayoría conservadora, falló en su contra.
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En 2016, cuando todavía era candidato a la presidencia, el magnate señaló la escala y la complejidad de sus finanzas como razón para desafiar la tradición, seguida por todos los aspirantes a ocupar la Casa Blanca, de publicar religiosamente sus declaraciones de impuestos. “No son como una declaración de impuestos normal”, dijo entonces en una entrevista televisiva. Durante los siguientes siete años, el republicano se ha resistido igualmente a hacerlas públicas, primero, según pretextó, por una auditoría “invasiva” del IRS motivada precisamente por su negativa a publicarlas; luego, desde 2019, como respuesta a la iniciativa del comité de la Cámara.
Los registros demuestran que los ingresos y las obligaciones fiscales de Trump fluctuaron drásticamente desde 2015 hasta 2020, durante su campaña presidencial y su posterior mandato. Muestran que Trump y su esposa, Melania Trump, se beneficiaron de grandes deducciones, arguyeron pérdidas y pagaron pocos o ningún impuesto sobre la renta en parte de ese periodo. En 2016, el año que ganó las elecciones, y 2017, el primero en la Casa Blanca, el republicano pagó 750 dólares en impuestos federales, según una investigación de 20 años de información fiscal publicada por The New York Times en septiembre de 2020, dos meses antes de las elecciones. La exclusiva demostró que no había pagado impuestos sobre la renta en 10 de los 15 años anteriores, en gran parte porque de 2011 a 2018 declaró perder más dinero del que ingresaba.
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